Ese es el calificativo más exacto para caracterizar el comportamiento de Alejandro Ordóñez Maldonado al frente de la Procuraduría General de la Nación. Porque indecente es quien no tiene decoro, quien, por la razón que sea, transgrede las barreras de la honestidad y se inclina a hacer lo que le da la gana, más allá de lo dispuesto en la ley y en las buenas maneras.

Ordóñez rebasó todas las murallas de la prudencia, persiguiendo y castigando a quienes no se le parecían y oponiéndose a las reformas que ampliaban los derechos de las minorías discriminadas. Aprovechó cualquier oportunidad para armar procesos y para destituir a sus adversarios ideológicos, manipulando las leyes hasta los límites del delito.

A Gustavo Petro lo puso en aprietos por lo de las basuras, y no tuvo reparo alguno en utilizar una norma de protección de los bosques para justificar la supuesta falta grave ocurrida en Bogotá. Esa forma acomodaticia de emplear las leyes lo convirtió en un Procurador sin escrúpulos, especialmente cuando perseguía a aquellos que despertaban su sospecha por motivos ideológicos o políticos.

No ha habido en la historia del país un jefe del Ministerio Público tan tendencioso y sectario. En muchos casos, las normas legales no fueron para él una autopista para regular las decisiones sino medios para castigar o victimizar a los adversarios.

Por esto, la Procuraduría se convirtió menos en la herramienta de defensa de los derechos de la ciudadanía ante el Estado y la sociedad, y más en un órgano represivo al servicio de un fanático que solía comportarse como un inquisidor medieval que rechazaba o censuraba todo lo que excedía el campo de su perspectiva premoderna.

La Procuraduría fue en sus manos un muro contra las reformas progresistas que pretendían la ampliación de los derechos y deberes para mejorar la calidad de vida de una parte de la ciudadanía. El Procurador ni siquiera respetaba las disposiciones de los órganos de justicia más elevados de la nación, cuando sus medidas confrontaban su fanatismo religioso.

El comportamiento ante el proceso de paz superó siempre los límites de la decencia y lo llevó a un enfrentamiento muy áspero con otras dependencias y funcionarios del Estado, a pesar de que la consecución o preservación de la paz es un mandato constitucional, y de que los diálogos para conseguirla fueron avalados por prestigiosas y expertas organizaciones internacionales y por lo más destacado de la comunidad internacional.

Escandalosamente el señor Ordóñez operó como un cruzado de la guerra dentro de las instituciones, tergiversando la información, sembrando la confusión en el pueblo colombiano, manipulando datos, y mintiendo y calumniando para sabotear los diálogos, siempre volándose la cerca de la juridicidad vigente y sin respetar los límites que le imponía su cargo.

Fue, de lejos, el principal enemigo de la paz dentro del Estado y no tuvo reparos en demostrarlo, con desfachatez y con un cinismo impropio en un funcionario de tan alta investidura. Quería quemar el proceso y el acuerdo final, actuando como una especie de Torquemada desesperado ante la cercanía de la pacificación, sin parar mientes en los perjuicios de la continuación de la guerra, y despreciando los mandatos constitucionales y los deseos de la mayoría de la población.

Es decir, Alejandro Ordóñez manipuló las normas legales, le mintió al país sobre asuntos muy delicados, y tergiversó todo lo que pudo para hacer valer su perspectiva religiosa y para castigar o reprimir a quienes no comulgaban con su sectarismo y con su visión estrecha de los asuntos humanos.

Por esto, en sus siete años de mandato, ejecutó una labor altamente politizada e ideologizada, a favor siempre de una actitud ultraderechista y de una concepción muy conservadora en materia moral, política e ideológica.

Ni siquiera en su discurso de despedida dejó de mentir y de mostrar su talante manipulador y pendenciero. Se atrevió a expresarle al país que no interpondría ningún recurso contra la decisión del Consejo de Estado que lo sacaba del cargo, para aparentar honradez y dignidad y para engañar incautos. El hecho es que no podía interponer ningún recurso porque el Consejo era la última instancia legal, y contra su decisión nada se podía hacer, legalmente hablando.

También expresó, de modo irrespetuoso y abusivo, que su salida del Ministerio Público era la consecuencia de un pacto entre el gobierno Santos y las Farc, con lo cual pretendió desviar la atención y castigar la actitud de los magistrados que se habían atrevido a defenestrarlo.

El hecho es que este Procurador no sale de su puesto por un pacto secreto o explícito entre los miembros de la mesa de diálogos de La Habana, sino por razones legales y por haber incurrido en actos de corrupción para poder reelegirse.

Nada en nuestra carta constitucional permitía reelegir al señor Ordóñez, pero él obtuvo ese objetivo cambiando votos en la Corte Suprema y en el Congreso por cargos a familiares de ciertos magistrados en la propia Procuraduría, como ya lo estableció la justicia.

La demanda interpuesta por el jurista Rodrigo Uprimny, el héroe que tumbó al Procurador, se movió en esos dos ejes: en el de la imposibilidad constitucional de la reelección y en el de las estrategias corruptas del funcionario para hacerse reelegir. Esta es la verdad que Ordóñez pretendió esconder, acudiendo a la mentira del pacto de La Habana como principal causa de su salida del Ministerio Público.

De tal manera que lo expulsan de la Procuraduría no por ninguna persecución política o pacto secreto, como él sostuvo mentirosamente, sino conforme a derecho (pues la reelección no está contemplada en la constitución) y por haber cometido actos ilegales. Pero él no respetó a los juristas que decidieron declarar nula la reelección por esos motivos, al mostrarlos como simples marionetas del Presidente Santos y de las Farc.

Qué bueno que haya caído este personaje tan irrespetuoso y atrabiliario. Su mal ejemplo debería servir para que jamás tengamos que soportar otro Procurador como este engendro de la ultraderecha.

Para lograr ese propósito es necesario hacer las reformas requeridas que eviten la corrupción emanada del yo te elijo si tú me elijes (o del yo te protejo si tú me ayudas), tan de moda en las altas esferas de la justicia y en la relación entre las cortes y el Congreso.

Es pertinente un gran cambio institucional y legal (que parece viajar en la reforma del equilibrio de poderes) que erradique un sistema que induce a la corrupción y que le abre la puerta a individuos carentes de la suficiente calidad y decencia, como ocurrió con esta pesadilla llamada Alejandro Ordóñez Maldonado.

Un Ministerio Público moderno y transparente, que ejecute con equilibrio las funciones definidas en la constitución y las leyes, requiere de un líder probo e incorruptible, que sepa cumplir su delicada tarea sin sacrificar las normas legales, o la justicia y o la verdad. Es decir, todo lo contrario a lo que mostró el señor Ordóñez.

Necesitamos un Procurador para el posconflicto, para la ampliación de la democracia y para la construcción de una cultura más respetuosa, tolerante y abierta a las transformaciones positivas, y que enfrente la corrupción sin desmayo. Hay que hacer hasta lo imposible para no repetir la penosa experiencia del exprocurador Alejandro Ordóñez.