La toma organizada por un sector de los estudiantes de la universidad fue levantada luego de la firma de un acuerdo entre la rectora encargada, doctora Rafaela Vos Obeso, y una delegación de los tomistas. Más allá de los problemas que desencadenó este paro es bueno destacar que sus consecuencias no fueron catastróficas para la institución.

Es positivo que los estudiantes se preocupen por la buena marcha de la universidad y por su presupuesto. Si el interés de los alumnos es que se cuente con un presupuesto adecuado, eso no puede ser mal visto por la dirección universitaria; al contrario: tal actitud podría representar un importante apoyo para luchar por más dinero para satisfacer las necesidades de educación del pueblo.

El primer punto firmado por las partes apunta a garantizar transparencia, y para eso es necesario que la administración le informe con claridad a los estamentos acerca de los dineros que ingresan de la Nación o el Departamento, y sobre la forma como se gastarán los recursos. Esto le otorgará más legitimidad a una administración que no está empeñada en malgastar el dinero público ni en usarlo para trapisondas clientelistas o politiqueras.

Es positivo que los alumnos participen con ideas para mejorar el presupuesto y que realicen la veeduría sobre cómo se construye este, más que todo si concretan propuestas bien fundamentadas y concebidas con responsabilidad y rigor. La elaboración de un presupuesto como el nuestro no es tarea fácil, y crear las mesas de discusión sobre el mismo podría servir como un instrumento pedagógico y divulgativo que beneficiaría a la administración y al estudiantado, al incrementar los niveles de transparencia.

Estos son, quizás, los puntos que más inquietan a algunos sectores de la institución que no ven con buenos ojos la participación estudiantil en el proceso de definición del presupuesto. Yo pienso que si dominan la cordura, las buenas intenciones y la inteligencia entre los estudiantes, su participación en ese proceso podría ser extraordinaria y algo digno de mostrar a nivel nacional, pues eleva su legitimación y el de la dirección universitaria, y oficializa el diálogo en vez de la violencia en la resolución de los conflictos.

Pero para que este proceso llegue a buen puerto se requiere que el estudiantado sepa elevarse por encima de sus propias contradicciones y dificultades internas, armando equipos que estén más allá de las organizaciones gremiales y políticas, y elaborando propuestas que expresen los intereses generales de beneficio común mas no los particulares de quienes solo les preocupa depredar los dineros públicos.

Para la rectora encargada y su equipo este proceso también será un tremendo reto, pues le ayudará a consolidar un perfil que sea diferente tanto del modelo clientelista y politiquero del exrector Castillo como del estilo autoritario y cerrado de Ana Sofía Mesa. Es decir, le ayudará a construir un modelo que le abra espacio a la participación estamental pero sin deslizarse hacia el tenebroso mundo de la corrupción por la ruta fácil y destructiva del populismo.

Si la veeduría y participación estudiantil transcurren adecuadamente y no se salen de madre debido a la acción de los saboteadores, ayudarán a fortalecer una administración empeñada en el buen manejo de los recursos públicos y en la transparencia administrativa, e interesada en defender la academia y en fortalecer la universidad para las mayorías regionales. Un proceso de este tipo podría encajar perfectamente en la coyuntura de posconflicto que empezará el año próximo, si se concreta la tan anhelada paz entre el gobierno nacional y las guerrillas.

La mayor parte de los puntos del acuerdo tienen como norte mejorar las condiciones internas de la institución, y yo creo que una administración universitaria comprometida con la academia y con la institucionalidad no solo los pondrá en práctica sino que buscará superarlos, para el beneficio de todos.

La institución requiere más eficiencia y dedicación en la tarea de mejoramiento o mantenimiento de los recursos físicos, de las condiciones locativas para trabajar y estudiar, de la ampliación de los recursos bibliográficos, del mejor empleo de las instalaciones deportivas, etcétera. En todos esos aspectos es necesario mejorar, y me parece pertinente que en el acuerdo se hayan incluido puntos destinados a enfrentar esas dificultades.

Si la administración es acompañada por las organizaciones estudiantiles y por la mayoría de los estudiantes en el trabajo de mejorar el funcionamiento institucional en todos los planos, esto no se puede ver como un riesgo, ni como algo negativo, sino como lo más deseable en un ambiente universitario hasta ahora recargado de mucha intemperancia verbal, de exagerada violencia y de politiquería destructiva y vulgar.

El levantamiento de la toma tiene mucho significado tanto para quienes la apoyaron como para quienes se le opusieron. Al final, se logró un acuerdo sin dañar el semestre y sin perjudicar irreversiblemente la institucionalidad. Las heridas abiertas quizá no sean tan profundas como para vaticinar que seguirá la guerra a muerte que auguran algunos.

A pesar de lo duro de la contienda, las partes pudieron sentarse y lograr parcialmente lo que pretendían. Entre otras cosas, un diálogo es siempre para eso: no lo gano todo pero tampoco lo pierdo todo. El acuerdo final refleja esa dialéctica de la negociación y ese juego de poderes.

El acuerdo de dieciocho puntos que se firmó podrá tener todos los problemas del mundo, desde la óptica de cada quien, pero era la solución menos traumática tanto para la institución como para los tomistas. Por eso cabe decir que la decisión de la rectora encargada (y del Consejo Superior) de mantener la política del diálogo contra viento y marea para resolver el conflicto, se reveló como la más adecuada.

El acuerdo entre la administración universitaria y el movimiento estudiantil es otro triunfo importante del diálogo sobre la violencia.