Treinta años después de aquella triste y dolorosa masacre, familiares de las víctimas siguen esperando respuestas del ¿por qué fueron inmolados? ¿Por qué nunca se ha dicho la verdad? y ¿por qué muchos de los responsables siguen sin ser castigados?

La cruenta toma y retoma del Palacio de la Justicia, primero por el M-19 y luego por miembros del Ejército Nacional entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 sigue con muchas cicatrices abiertas, con mucho dolor y pena en familiares de personas sacrificadas y desaparecidas. Es en la historia de Colombia, uno de los episodios más cruentos que se haya registrado. Aquel golpe de opinión que el insurgente movimiento del M-19 había venido dando desde la muerte del sindicalista José Raquel Mercado, el robo de la espada de Bolívar, el robo de armas en el Cantón Norte en Bogotá  y la Toma de la Embajada de Republica Dominicana años antes, era como el colofón de un idealismo intentando cambiar el manejo político del país.

De salir victorioso aquella toma del Palacio de Justicia, hubiera sido sin duda el golpe de gracia que quiérase o no, muchos colombianos deseaban se concretara para cambiar el radicalismo y el dominio que eternamente ha estado en manos de algunas pocas familias políticas. Colombia se debatía en medio de hechos violentos y políticos. Por una parte por un grueso número de parlamentarios, ministros y gobiernistas que sentían la falta de gobernabilidad de Belisario Betancur y por otra en el inconformismo de las fuerzas armadas que veían tomar “alto vuelo”  a movimientos insurgentes como el M-19.

Todo ello sumado entonces al ruido de sables que cada día era más estridente en la Plaza de Bolívar, muy cerca al Solio Presidencial en el Palacio de Nariño. Afortunada o desafortunada aquella intentona del M-19 dejó secuelas difícil de olvidar y consecuencias tan grandes como el saber que el gobierno si bien no declinó ante la guerrilla, sí lo hizo en el sacrificio de magistrados y jueces inmolados en aquella fecha.

Voz populi  después de aquel episodio y que hoy sigue vigente es que aquella decisión de guerra tomada en el Palacio de Justicia obedeció no a una determinación gubernamental, sino a una presión insólita del Ejército colombiano.

El Presidente Belisario Betancur, fue “secuestrado” en su propio palacio gubernamental. Hasta allí acudieron los altos mandos militares. Colocaron al Presidente contra la espada y la pared y con voz firme le dijeron: “Señor Presidente, usted no tiene nada que decir ni hacer. Esto lo manejamos y resolvemos nosotros, las Fuerzas Armadas”.

Belisario, impotente, entonces dejó en manos de las Fuerzas Armadas la solución al problema.  Recuerdo que ese 6 de noviembre, horas después de la toma por parte del M-19, en el periódico El Heraldo, donde laborábamos entonces y reunidos un grupo de periodistas con el maestro German Vargas Cantillo en un momento de tertulia sobre el caso en Bogotá, el maestro nos respondía inquietudes sobre cómo actuaría el gobernó en aquel episodio.

“El Gobierno no va a ceder a las pretensiones del M-19. Sería un pésimo precedente. Sería tanto como mostrarle al mundo que no hay poder presidencial. Seguramente en las próximas horas habrá un choque de las dos fuerzas. Y quizás muchas vidas sean sacrificadas”. Y así sucedió.

Creíamos sin embargo que con magistrados y jueces y civiles en el Palacio de Justicia podría el gobierno concertar con los guerrilleros una solución que no dejara consecuencias que lamentar. Desde luego, desconocíamos que en la capital se cocinaba el posible golpe de estado si Belisario no atendía las órdenes de los militares.

El resultado de aquel enfrentamiento es ampliamente conocido, pero el lado oscuro de aquella retoma fue la desaparición de 12 personas que habían salido con vida del Palacio de Justicia. Como oscuro es también la muerte en el interior del edificio de muchas personas, trabajadores,  empleados y visitantes que nada tenían que ver con los insurgentes y que el Ejército hizo aparecer como militantes y guerrilleros del M-19.

Treinta años después muchas heridas siguen abiertas. Los testimonios de personas afectadas, que fueran torturadas y mantenidas en sigilo en La Casa del Florero y, especialmente por el atrevimiento de la Fiscalía de esclarecer todo lo ocurrido, se ha podido ver con más claridad la responsabilidad, culpabilidad diríamos, de aquellos jerarcas militares con grado de Generales, Tenientes y Coroneles que inclusive fueron después condecorados, exaltados y categorizados con grados superiores en las Fuerzas Armadas.

Doce, catorce o quizás más grandes militares responsables de aquella encrucijada que a sangre y fuego hicieron la retoma, merecen y deben ser, sin  duda, condenados a pagar por sus crímenes de lesa humanidad.

Es hora de que cuenten la verdad. Así por lo menos podrían aliviarse muchas penas de familias que ruegan tener una respuesta cierta de lo que pasó con sus familiares. Y es hora también de que el Presidente Belisario Betancur cuente la historia verdadera. No es simplemente pidiendo perdón al país si cometió algún error, como lo ha pregonado en las últimas horas. Lo verdaderamente trascendental es que diga la verdad de aquel episodio. El por qué se sometió.

Solo así podrá haber un hálito de justicia con los mismos con las familias de personas sacrificadas y de otros que fueron protagonistas sin querer serlo.  Y Colombia podrá tener una esperanza de un futuro más justo. Sea así o no, la historia se encargará de juzgar.