La Unión Patriótica fue un partido político que surgió en 1985 bajo los auspicios de la insurgencia armada; pero al poco tiempo tomó distancia de esta, aunque sus enemigos siguieron considerándolo dentro de la estrategia de “utilizar todas las formas de lucha”, empleada especialmente por las Farc.

A la luz de los eventos sociopolíticos posteriores, militar en la Unión Patriótica se convirtió en una tragedia para sus integrantes, que eran señalados por los adversarios como agentes de la guerrilla, a pesar de que se habían distanciado, por lo menos en las declaraciones públicas, del movimiento guerrillero.

Desde los años ochenta, los dirigentes y militantes de esta organización fueron convertidos en objetivo militar en el marco de un recrudecimiento del conflicto que involucró a agentes del Estado, a la ultraderecha política, a los paramilitares, a la delincuencia común y hasta a los aliados extranjeros.

Dos aspirantes a la presidencia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, cayeron asesinados en 1987 y 1990, respectivamente. Pero el feroz ataque también fue dirigido contra todos los miembros de ese partido con representación en el congreso, en las asambleas, en los concejos y en cualquier otro órgano de representación popular.

La idea era sacar del juego político legal a una organización de izquierda que había nacido bajo la influencia guerrillera, pero que tomó distancia con respecto a sus orígenes; sin embargo, los enemigos la convirtieron en una especie de talón de Aquiles de las Farc, al pensarla como haciendo parte de la estrategia de utilizar las formas de lucha legales e ilegales.

El sanguinario ataque contra ese partido anegó de sangre al país, pues provocó la muerte de 8 congresistas, 11 alcaldes, 13 diputados, 70 concejales y más de 5000 militantes, acribillados por sicarios que provenían de una alianza entre miembros del Estado, los grupos privados y los paramilitares, como la justicia lo ha ido esclareciendo poco a poco.

El genocidio contra la Unión Patriótica coincidió con una de las épocas más duras del conflicto armado, en que el paramilitarismo (promovido por los narcotraficantes, los poderosos del campo y de las ciudades y los órganos represivos del Estado) fue la punta de lanza de la guerra sucia, que tenía en el otro polo a las Farc.

Es lógico que la izquierda experimente inquietud ante lo que pueda ocurrir si se firman los acuerdos de paz, al recordar la trágica experiencia de la Unión Patriótica. Todavía quedan sectores interesados en desestabilizar, con una carga de odio que parece inextinguible, los cuales representan un riesgo para los desmovilizados.

Pero las condiciones de ahora son distintas a las de la época en que ocurrió la masacre de la UP. En aquella coyuntura, ni las Farc ni el gobierno decidían transitar con firmeza la ruta de la pacificación mediante el diálogo y los acuerdos. Más bien ocurría lo contrario.

Los insurgentes le apostaban al recrudecimiento de la guerra para conseguir el poder por la vía militar, y el Estado y los sectores privados se defendían y contraatacaban aliándose con los paramilitares y con los extranjeros para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas militares. La Unión Patriótica quedó en medio de esa radicalización del conflicto, el cual se degradó con los asesinatos selectivos y con la matanza de las gentes del campo.

En los últimos años, la insurgencia decidió recorrer la difícil vía de la paz negociada, y lo mismo han hecho el gobierno y una parte notable de las élites. Esto crea unas condiciones muy distintas a las existentes en el pasado, cuando los gobernantes estaban empeñados en la derrota militar de los guerrilleros. En los actuales momentos, ni la guerrilla ni el Estado le apuestan a la guerra sino a la pacificación mediante el acuerdo.

Por lo demás, aunque las bacrim son un peligro para la insurgencia no es posible asegurar que existan los paramilitares como en la época de los Castaño y de los grandes capos del narcotráfico. Ya no están en escena las organizaciones paracas que pretendían refundar el país aliadas con las élites ultraderechistas, aunque aún haya delincuencia común organizada y con poder en varias zonas del territorio nacional.

Esto le quita presión al proceso de paz en curso, sobre todo porque el gobierno y el Estado se desmarcaron del paramilitarismo no solo por sustracción de materia sino porque es innecesario en la actual coyuntura. Aunque todavía puedan presentarse alianzas entre miembros de las fuerzas militares, los delincuentes comunes y la ultraderecha para atentar contra los participantes en el proceso de paz, eso no hace parte de una política cohonestada desde las altas esferas del poder, como sí ocurrió en la época del todo vale.

A pesar de este cambio fundamental en las condiciones sociopolíticas es conveniente que tanto el gobierno como la insurgencia estructuren las medidas adecuadas para conjurar probables atentados en la etapa de los preacuerdos o un rebrote violento contra los desmovilizados, ya en el  posconflicto.

De cualquier manera (y en contravía de los temores) no es posible que ocurra otro genocidio parecido al de la Unión Patriótica, a menos que suceda una catástrofe con los diálogos de paz y se produzca un profundo cambio en la correlación de fuerzas dentro del gobierno.

Quienes podrían orquestarlo están por fuera del poder central, y aunque aún queda mucho resentimiento y odio contra la guerrilla dentro de los militares, todo parece indicar que la política de los partidos de la Unidad Nacional terminará por amansar los deseos de venganza aún latentes dentro de los aparatos represivos del Estado.

La situación continúa siendo difícil, y todavía domina el escepticismo en amplios sectores de la población acerca de si el proceso de paz llegará a su término; en el supuesto de que se logre el objetivo (a pesar de todos los vientos en contra) es muy seguro que no tendremos un genocidio parecido al que se presentó contra la Unión Patriótica.

Esto no quiere decir que se deba bajar los brazos en los temas de seguridad con respecto a las personas que regresan del monte a la vida legal. El Estado y los partidos comprometidos con la paz deben garantizarles a esos militantes las mejores condiciones para preservar la vida y para luchar por sus ideas sin disparar un fusil. Las experiencias positivas y negativas de otros procesos de paz serán fundamentales en esta materia.

No habrá genocidio, pero es ineludible evitar a cualquier precio que caiga una sola persona más como consecuencia de esta guerra que nos desangró a todos.