Existe mucha evidencia acerca de los grupos de justicia privada que operaron en el territorio nacional en los últimos tiempos. Estos fueron organizaciones paramilitares que, coaligadas o no con las fuerzas del Estado, desarrollaron una lucha frontal contra la guerrilla.

Su aparición se relacionó con el ataque de las guerrillas y con la ausencia del Estado en territorios muy vulnerables. El paramilitarismo fue, en parte, una respuesta de los agentes privados ante el asedio de los guerrilleros y se debió a la incapacidad del gobierno de ofrecer protección adecuada.

La debilidad de las instituciones estatales y el interés por enfrentar la amenaza guerrillera están en la base del surgimiento de los ejércitos paramilitares, que nacieron sumergidos en la economía del narcotráfico tanto para financiarse como para realizar negocios muy lucrativos.

El paramilitarismo recrudeció la guerra y la llevó a extremos inconcebibles, al propiciar asesinatos selectivos de personas de izquierda (o de simpatizantes de la guerrilla) y al dirigir masacres sistemáticas con la idea de disolver la base de apoyo de los insurgentes. El terror paramilitar puso de moda la motosierra y mostró el lado más enfermizo de los contendientes de la guerra.

Los Doce Apóstoles fue un grupo de autodefensa de corte paramilitar que operó en Antioquia hacia los años noventa. En la prensa nacional ha circulado mucha información vinculándolo a homicidios selectivos y al ejercicio de una “limpieza social” contra drogadictos y contra personas sospechosas de colaborar con la guerrilla.

Sobre los Doce Apóstoles se han publicado libros y artículos de prensa, y acerca de su modus operandi existe el testimonio del mayor de la policía Juan Carlos Meneses, quien denunció a la prensa internacional cómo funcionó el grupo en la zona de Yarumal. Cabe destacar que los miembros de la organización contaron con el apoyo de la policía para ejecutar sus acciones criminales, según la versión de ese testigo, que está preso por tales hechos.

Meneses denunció hace algunos años que a la cabeza de los Doce Apóstoles estuvo Santiago Uribe Vélez, hermano del conocido expresidente de la república. Parece ser que la Fiscalía tiene abundantes pruebas que incriminan seriamente a este personaje, entre las cuales están varios testigos.

Ante el encarcelamiento del hermano del expresidente, la estrategia del uribismo ha sido la de negar la culpabilidad del sindicado y la de recurrir a la ya rancia cantilena de la persecución política. Es decir, para Álvaro Uribe Vélez y sus epígonos su hermano no tuvo nada qué ver con los Doce Apóstoles, pues todo obedece a un montaje promovido por la Fiscalía y por la Presidencia, que están interesadas en hacerlos aceptar los resultados de los diálogos de paz de La Habana.

Esta no es más que la repetición de la táctica tradicional del uribismo, consistente en sostener que no hay pruebas de los delitos, que no hay delitos y que, por lo tanto, tampoco hay delincuentes sino simple y llanamente una persecución política que busca silenciar a la oposición en esta coyuntura difícil que vive el país, como ya ocurrió en los casos de Andrés Felipe Arias, de la yidispolítica o de las chuzadas.

Pero en la situación de Santiago Uribe Vélez, le va a quedar muy difícil al expresidente desvirtuar las pruebas y los testimonios que incriminan a su hermano, quien ya no puede salir del país pues está detenido en una guarnición militar. Álvaro Uribe y sus amigos saben que la tienen cuesta arriba y por eso han concentrado su estrategia en desacreditar a la Fiscalía, a la Presidencia y, en general, a la justicia colombiana.

El uribismo no está interesado en llevar a cabo una confrontación con argumentos legales, porque quizás sea consciente de que por ahí no gana. Por eso, otra vez, posa de víctima, al exhibirse como objeto de una feroz persecución política de parte de la Presidencia y de la Fiscalía.

Los líderes del Centro Democrático incitan a la sublevación contra el gobierno, invocando el fantasma de los siete millones que obtuvieron en las anteriores presidenciales. Paloma Valencia expresó que por menos de lo que le hicieron al hermano de Uribe se incendió el país en los años cuarenta del siglo XX; es decir, esta congresista amenaza con la guerra civil si no sueltan a Santiago Uribe.

Pero más allá de las amenazas y de la demagogia, lo único factible de todo este enredo es que Santiago Uribe se defienda con sus abogados de las graves acusaciones que pesan en su contra. Ni las amenazas de guerra civil, ni la posibilidad de un golpe de estado podrán echar para atrás una decisión judicial que se venía cociendo desde hace muchos años.

A los alfiles de Uribe que están huyendo en el exterior, y a los que están tras las rejas en el país (así como a los que ya fueron condenados y excarcelados, como sucedió con Mario Uribe, primo del expresidente), se les une ahora el mismísimo hermano de Álvaro Uribe Vélez, bajo graves sindicaciones que muy difícilmente podrá sortear, a menos que ocurra una guerra civil, como lo insinuó la inefable Paloma Valencia.

Esta es, para variar, otra prueba de fuego mediática para la justicia y las instituciones, ahora enfrentadas de nuevo al corazón del todo vale, a esa fracción de las élites colombianas de talante guerrerista que quiere cubrir sus crímenes haciendo oposición política.

Más allá de las amenazas y de los gritos destemplados, lo que requiere el país es un debido proceso que esclarezca si el señor Santiago Uribe militó en los Doce Apóstoles y si es responsable o no de los crímenes que se le imputan. Para lograr ese propósito no se necesita ni guerra civil ni golpe de Estado…solo justicia.