El delicado panorama que registra la salud en el departamento del Atlántico es un debate inaplazable que demanda la atención y acción de la administración departamental. Nos encontramos frente a un sistema fallido que representa grandes riesgos para la vida y la integridad física de los atlanticenses, quienes sufren a diario la precariedad en el servicio de salud, mientras reina la inacción de los responsables.

Las trágicas historias se han convertido en el pan de cada día de miles de familias atlanticenses, que además de vivir y sufrir la pena que toca la puerta con la enfermedad, agonizan con la precaria atención que reciben en los hospitales y puestos de salud del departamento. Recientemente, conocimos el doloroso caso de Taliana Sofía Rodríguez Sarmiento, una pequeña de 10 años de edad, quien habría fallecido por negligencia médica en la ESE Hospital del municipio de Luruaco. El pésimo cuidado, la escasez de insumos, y la falta de una ambulancia, cobró la vida de una menor, que de haber recibido una atención digna y de calidad, tendría otra historia.

Con la creación de la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico (UNA), en 2021, en la que se agrupó un conjunto de cinco hospitales, precisamente para garantizar un servicio oportuno, se terminó de llevar al precipicio el sistema de salud. Desde que arrancó la UNA, su operación fue cuestionada por altas pérdidas, dificultades en su operación, demoras de pagos a los profesionales, deficiencias en la correcta prestación de los servicios de salud a los usuarios, ineficiencia administrativa y corrupción. Muy lejos se encuentra de cumplirse aquella promesa de la entonces secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, quien aseguraba que con la creación de la Empresa Social se garantizaría la prestación de los servicios de salud de manera oportuna y con calidad para todos los usuarios.

Antes de cumplir los dos años de creación, la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar contra la ESE Universitaria del Atlántico por "situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad física de los pacientes" y "acciones que vulneran el derecho a la salud". Desde que nació la UNA, la crisis está pisándole los talones y no se ha hecho nada.

Pocas han sido las mejoras que se han visto después de la tímida estrategia de fortalecimiento anunciada por la Gobernación el pasado mes de agosto, las dificultades siguen aumentando, el modelo de atención deteriorándose, y ni que decir de las finanzas, solo a la empresa Air-e, la UNA le adeuda más de 9 mil millones de pesos, por concepto de energía. Al día de hoy, no existe claridad acerca de los estados financieros de la UNA, se estima que el déficit supera los 80 mil millones de pesos.

Entre tanto, el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, se ha convertido en un cómplice silencioso de un sistema en deterioro que está atrincherando la salud de los atlanticenses. Con su actitud inoperante y nefasta gestión, observa desde su escritorio cómo el sistema acaba con vidas inocentes. A Fajardo le ha quedado grande el cargo, le está fallando al departamento, su negligencia en esta crisis es absolutamente reprochable. Quedarse de brazos cruzados mientras el servicio de salud se deteriora es un atentado contra los atlanticenses.

Es urgente la actuación de la administración departamental en este asunto, no se puede seguir ignorando la crisis que hay en el actual modelo. Exigimos claridad acerca de la situación real de la UNA, para que prontamente se definan las acciones que se deben tomar antes de que sea demasiado tarde. Los atlanticenses demandan el cumplimiento del derecho fundamental a un servicio de salud oportuno, eficaz y con calidad.