Aunque extraña, no sorprende pronunciamientos como los que hizo esta semana el Consejo Nacional Electoral. Extraña por las circunstancias del momento pero no sorprendente porque ya se ha hecho costumbre que el CNE y la propia Registraduría se pronuncien con decisiones que motivan suspicacias y pesimismo.

En cada jornada electoral de los últimos años ha habido situaciones de denuncias y sentencias especialmente por la llamada trashumancia. Costumbre que ni la Registraduría ni las autoridades han podido o querido afrontar para erradicar definitivamente este delito.

La de esta vez se produce a pocas horas de la jornada electoral del domingo cuando se eligen gobernadores, alcaldes, concejos y asambleas. El CNE determinó que  en muchos municipios y ciudades se cancelaran las inscripciones de muchas personas por la llamada trashumancia. En el caso de Barranquilla cerca de 100 mil cédulas inscritas no darán aval a sus poseedores para el voto por la supuesta irregularidad o trasteo de inscripciones o votos como algunos prefieren llamarle.

Hemos conocido casos de personas que vivieron algún tiempo en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Bucaramanga y que por cuestiones laborales o de cualquier otra índole se trasladaron a Barranquilla hace dos, tres y cuatro años. Como sus cédulas estaban inscritas en las ciudades mencionadas, debieron proceder a realizar nuevas inscripciones en Barranquilla. Así por ejemplo una señora que hace cinco años vive en esta ciudad proveniente de Bogotá donde adelantó estudios de posgrado, inscribió su cédula en el Colegio Hebreo Unión. Resulta que a esta persona le llegó una información de la Registraduría la tarde del sábado comunicándole que su inscripción quedaba anulada por trashumancia.

Y como ella, muchísimas otras personas afectadas han protestado ante la Registraduría. Ante tantas protestas, la Registraduría que reconoció que hubo errores en su organismo, determina que los afectados acudan al derecho de reposición  o apelación y para ello deben hacerlo entre lunes y miércoles, es decir 72 horas después de la notificación.

Preguntan esas personas ¿acaso la Registraduría o el Consejo Nacional Electoral tendrán tiempo suficiente entre jueves y viernes para reversar las decisiones en contra del derecho que les asiste a las personas afectadas para depositar el voto?

En Bogotá, la sentencia fue reversada y cada ciudadano podrá votar  en el sitio donde lo había hecho anteriormente. Pero en las otras ciudades, caso Barranquilla, ¿qué va a pasar?

Muchas conjeturas se tejen alrededor de decisiones como estas y las suspicacias comienzan a ejercer creencias de que algo más allá hay en el fondo. Tal vez ¿favorecimientos para unos en detrimento de otros aspirantes a distintas corporaciones públicas?

El propio Ministro del Interior Juan Fernando Cristo dijo que “todos los ciudadanos tienen derecho a votar y que por equivocaciones cometidas por el cruce de datos  no se debe desvirtuar el esfuerzo histórico que hace el gobierno a través de la Regustraduría para perseguir la trashumancia electoral”. Indicó que a las personas que se les anuló  la inscripción de cédula podrán votar  en la zona donde la tenían inscritas antes.

Esta apreciación del Ministro pareciera dirigida exclusivamente a los habitantes de la capital del país donde se reversó la decisión inicial. Cabe preguntar, si una persona no vive ya en Bogotá o en otra ciudad del interior del país y su cédula la inscribió esta vez en Barranquilla, ¿deberá viajar a esos lugares donde residía antes a depositar su voto?

Resulta vergonzoso reconocer que el Consejo Electoral y la propia Registraduría no tengan sistematizado la base de datos de personas que hace uno o dos meses se inscribieron en Barranquilla. A esas personas, al momento de inscribirse debieron decirle señor o señora, su cédula aparece inscrita en otro sitio del país. Y así verificar si las personas residen temporal o con bastante tiempo en esta ciudad. Y si están a no aptas para ejercer el voto. Pero no hacerlo a menos de 72 horas cuando van a resolverle un problema de inscripción y que ha merecido un derecho de reposición ante un mal manejo de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.

La trashumancia o trasteo de votos es un delito y como tal debe ser castigado. Pero resulta incongruente que a quienes se les quiere aplicar sanciones son a quienes han sido engañados por los grandes “Barones de la política”, vale decir, los grandes jefes de partidos que de cualquier manera aspiran y pretenden mantenerse apoltronados en el sillón que durante algunos o mucho tiempos han estado.

Una vez más como ha sucedido en los últimos tiempos electorales, la Registraduría Civil de Colombia y el propio Consejo Nacional Electoral dan muestra de la manera ineficaz como se afrontan situaciones que bien o mal deciden la suerte de nuestros gobernantes y de nuestro pueblo.

Seguramente que dados los resultados del domingo, los aspirantes a distintas corporaciones que no sean elegidos entablarán demandas aduciendo que la afectación en sus cuentas se debió a la anulación de inscripciones. Y como tal, exigirán reposiciones de resultados etc. etc. etc…

Y nuevamente la Registraduría cargará con los señalamientos y la responsabilidad de haber negado al pueblo el verdadero derecho a escoger y ser escogido.