Desde luego que ese paro desproporcionado y sin ningún fundamento no beneficia a la mayoría de los estudiantes que están a punto de terminar su semestre académico. Tampoco beneficia a los trabajadores y a los profesores a quienes se les niega el ingreso a los sitios donde laboran. Ese paro injusto atenta contra el derecho a la educación y al trabajo de la mayoría de la comunidad universitaria.

Es una toma efectuada a nombre del pueblo pero que va contra los intereses del pueblo. Ha sido orquestada por una minoría estudiantil en la cual se distinguen, por lo menos, dos sectores: los castillistas, quienes se aliaron con el exrector Castillo para conseguir prebendas a cambio de apoyarlo políticamente; y otro sector radicalizado de estudiantes que no es castillista, pero que al aliarse con los estudiantes y profesores corruptos, le hace el juego a quienes quieren retomar la administración para usar el presupuesto en provecho propio.

Este paro beneficia directamente a quienes emplearon el presupuesto para pagar apoyo político, a quienes inflaron, bajo la administración Castillo, la nómina de contratados para satisfacer los apetitos burocráticos de sectores a quienes no les interesa que la Universidad marche bien, sino que esté al servicio de sus mezquinos apetitos particulares, de carácter individual o de grupo.

Ese paro también beneficia a quienes pretenden organizar la institución a su imagen y semejanza, haciendo dominantes en ellas sus ideas y su proyecto de Universidad controlada por los políticos. En varias columnas he discutido estas propuestas erróneas de algunos amigos estudiantes honestos, que también participan del paro, y he sostenido que sus puntos de vista llevarán la institución al desastre.

He escrito en otras oportunidades que la política y la academia son como el agua y el aceite, no en el sentido de que un académico no pueda desarrollar una posición ideológica o política (o de que en la institución no se discutan los modelos ideológico-políticos), sino en el sentido de que si se le mete política a la administración esta, indefectiblemente, termina desorganizada y al servicio de la politiquería.

El ejemplo más claro al respecto ocurrió recientemente, bajo la administración del exrector Castillo. Este señor llegó como rector encargado de la mano de una alianza politiquera que había distribuido los principales cargos de la institución desde antes de que sacaran a Ana Sofía Mesa.

Después de asumir el poder, entregó contratos y otras prebendas, siempre buscando ampliar su base de apoyo para convertirse en rector en propiedad. El buen manejo del presupuesto y de la administración era lo que menos preocupaba a esta alianza, en la que también estaban líderes profesorales y estudiantiles.

Su norte nunca fue fortalecer la institucionalidad sino sacar el mayor provecho material posible para sus aliados y amigos. Profesores obtuvieron contratos para sus hijos, y los principales líderes gremiales y políticos del estudiantado, que hacían parte del acuerdo, ingresaron a recibir sueldos en la administración.

La principal variable de este modelo clientelista y politiquero consistió en inflar la nómina de contratados sin atender a ningún criterio de racionalidad o meritocracia, produciéndose en algunas dependencias situaciones embarazosas, como la existencia de mucho personal sin las calidades mínimas para cumplir sus funciones, o el pago de funcionarios que no hallaban qué hacer.

Un caso sintomático de este modelo despilfarrador y falto de rigor para hacer las escogencias de personal, fue el de un estudiante de filosofía vinculado a cumplir funciones en el Taller del Historiador, como si en la Carrera de Historia no hubiera alumnos capacitados para cumplir esa tarea. Ese estudiante fue contratado por razones políticas y como una manera de pagar apoyo político con contratos, olvidando por completo el rector que la vinculación a cualquier cargo en la institución debe ser solo por criterios académicos o por razones de técnica administrativa.

He escrito muchísimas veces que no es adecuado convertir la administración en un trampolín de los políticos, porque ellos siempre caen en lo mismo: hacer politiquería y clientelismo por el interés de acomodar a sus copartidarios o amigos por el solo hecho serlo, lo cual deteriora las funciones administrativas y académicas de la institución.

Y para desarrollar este modelo (que destruye la academia y la institucionalidad) poco importa el color de la ideología o el matiz político de los agentes: todos los políticos de derecha, centro o izquierda incurren siempre en lo mismo: en organizar modelos corruptores que acaban con la academia. De donde se infiere que lo pertinente no es insuflarle política a la administración, sino blindarla del flagelo de la politiquería y el clientelismo.

Por esta razón he estado siempre en desacuerdo con un sector del estudiantado que cree que la Universidad marcharía mucho mejor de la mano de una especie de poder estudiantil, que no sería otra cosa que los políticos tratando de manejar la academia. Con todo y que la universidad pública tiene múltiples problemas, nada ganaríamos con agregar uno más, que en vez de mejorar su contexto lo empeoraría.

La toma de la Universidad del Atlántico no es justa y tampoco muestra su verdadero rostro. No es justa porque no existe ningún motivo real para cerrar la institución y romper sus funciones administrativas y académicas, cuando falta muy poco para terminar el semestre.

Tampoco es justa porque no existe el problema de presupuesto que los tomistas plantean. Aunque aparentemente se produce una reducción del presupuesto (comparando el del año 2015 con el del año 2016), la realidad es que solo se produce un reajuste que busca montar un presupuesto equilibrado que sirva para suplir las necesidades de la institución.

Tampoco la toma es justa porque ni los almuerzos subsidiados ni la matrícula cero ni ningún otro programa de beneficio social se verán afectados, dado que en esto existe acuerdo entre la administración universitaria, el Consejo Superior y el gobierno nacional para mantenerlos Estos son algunos de los principales asuntos planteados por los tomistas para justificar su acción, los cuales no existen como problemas reales.

Escribo que esta toma no muestra su verdadero rostro porque quienes están detrás de ella son los castillistas de adentro y de afuera del Consejo Superior, que perdieron el poder con la salida de Castillo y que han tratado desde siempre de desestabilizar para recuperar lo que añoran: la posibilidad de seguir utilizando el presupuesto para sus propios fines, como ya lo demostraron en los once meses que duró Rafael Castillo Pacheco al frente de la rectoría.

A los castillistas, en el fondo, no les interesa un pepino el presupuesto, porque si les interesara no habrían hecho lo que hicieron con este cuando gobernaron la institución. A ellos solo les preocupa alborotar el avispero para ver que pueden pescar. La oportunidad se les presentó ahora, en vísperas de unos exámenes de admisión y ad portas de cerrar el semestre, cuando han logrado montar un movimiento sobre bases falsas y mintiendo hasta más no poder.

Expertos nacionales y regionales en el tema presupuestal han explicado que no se trata de reducir el presupuesto sino de construir uno más realista y equilibrado. Hasta el Contralor Departamental (Luis Carlos Pertuz) ha expresado públicamente que la administración universitaria y el Consejo Superior están haciendo bien la tarea, ajustados a derecho y a lo que le ingresa realmente a la institución. Algunos miembros del Superior manifestaron que si llega el dinero que Minhacienda nos tiene, se podría agregar al presupuesto vía adición sin ningún problema.

Pero ninguna explicación le sirve al castillismo porque ellos, en realidad, no están preocupados en un presupuesto equilibrado para la Universidad sino en sembrar el desorden, sobre todo ahora que se acerca el final de año y la administración actual debe revisar con criterio administrativo y técnico todos los contratos que entregó el exrector Castillo a sus aliados políticos.

El verdadero rostro de esa toma es el rostro del clientelismo y la politiquería que entronizó en el Alma Mater el exrector Castillo; es decir, quienes están detrás moviendo los muñecos son los agentes de la corrupción que casi nos desarman la Universidad en el tiempo récord de once meses.

Siento mucho escribir esto por algunos estudiantes sinceros y honestos que participan en ese movimiento, aparentemente justo. Ellos no son corruptos como los castillistas, y quizás están siendo asaltados en su buena fe o se han dejado llevar por la desinformación o sus propias ideas incorrectas.

Sus planteamientos sobre la Universidad son incorrectos porque implican el predominio de la política en el mundo universitario. Esos principios, como ya se explicó, conducen siempre a lo mismo: clientelismo, politiquería, desorden administrativo y destrucción del tejido académico. He criticado estos criterios por ser perjudiciales para la institución, independientemente de la buena fe o de las buenas intenciones de los agentes que los promueven.

Marx solía escribir que la gente no es lo que dice ser ni lo que cree ser sino lo que indica su praxis. La práctica, el máximo criterio en la construcción de la verdad según Marx, resalta que los castillistas son corruptos y despilfarradores y que los estudiantes que no son castillistas, a pesar de no ser corruptos como ellos, están apoyando a los corruptos.

Por el bien de la mayor parte de la comunidad universitaria; por el bien de la academia y de la institucionalidad es pertinente levantar ese paro. No es decente ni racional que se siga lesionando el derecho al estudio y al trabajo de las mayorías con un paro injusto que se vende como justo.  La historia jamás perdona las injusticias.