En una guerra (o en un combate político abierto) la primera damnificada es la verdad. Los bandos enfrentados solo buscan la victoria y, para lograrla, suelen acudir a la tergiversación, al maniqueísmo, a la desinformación o al uso sistemático de la mentira, entre otras armas. Algo o mucho de esto se ha visto en el enfrentamiento venezolano.

El de Venezuela es un asunto complejo y, por lo tanto, difícil de analizar.

Pero dentro de esa complejidad se destaca el conflicto político entre bandos irreconciliables y el conflicto social, que va mucho más allá de los grupos o partidos definidos por su ideología o por la extracción de clase de sus integrantes.

La oposición al gobierno del presidente Maduro cobija una multiplicidad de intereses que incluyen pero trasvasan los meramente políticos.

El eje de quienes no comparten lo que desarrolla el chavismo es la MUD (Mesa de Unidad Democrática), pero esta es, de por sí, un organismo heterogéneo que involucra las macro y las micro opciones del espectro político, desde la ultraderecha más descompuesta y militarista hasta la izquierda que critica el Socialismo del Siglo XXI.

El conflicto político, en consecuencia, tiene como epicentro el combate abierto entre los partidos y agentes individuales de la MUD, y el gobierno del mandatario en ejercicio. Grosso modo, ese enfrentamiento implica un desacuerdo de fondo sobre el tipo de economía y de sociedad que los bandos principales representan o aspiran a mantener o a implementar.

De un lado, Maduro y los suyos tratando de imponer un modelo político totalitario y una economía completamente estatizada, y sus enemigos principales buscando preservar las hilachas de la economía de mercado, y de restaurar la democracia representativa y un capitalismo puesto en entredicho desde los tiempos de Chávez, por las secuelas de desigualdad, pobreza y exclusión que provocó.

En este nivel, se observa una lucha de clases por el manejo del aparato de Estado y por el control de los excedentes económicos, de la cual quizás escapen los miembros de la oposición que no están a favor del capitalismo, pero que adversan al chavismo por razones ideológicas y políticas.

El conflicto social (que asumió una forma muy violenta en los últimos tiempos) es de una base más amplia y diversa. Mucho de la protesta no puede solo ser explicado en razón de la ideología o de la perspectiva política de los participantes, sino, sobre todo, a partir de la desesperación de los pobladores. 

La inflación, la escasez de alimentos y medicamentos, la destrucción parcial de la economía de mercado y la reducción de los ingresos del gobierno debido a la caída de los precios del petróleo, ayudan a comprender el porqué de la protesta.

Desde luego que la exageración de lo que ocurre a nivel social por los enemigos del modelo (adentro y afuera del país) contribuye a elevar la magnitud de una protesta como pocas en toda la historia de Venezuela.

Pero es un error (y una mentira) sostener que los acontecimientos son solo una consecuencia de la propaganda negra de los enemigos del proceso, es decir, un engaño orquestado por quienes se confabularon para sacar a Maduro.

Los problemas socioeconómicos que vive este país obedecen a la transición durísima que atraviesa y a las falencias de un tipo de economía que ya hizo agua en otras partes, pero que el chavismo insiste en mantener y desarrollar.

Maduro y los suyos repiten viejas teorías elaboradas por Marx que han mostrado ser ineficaces, al menos desde el punto de vista económico y político y, por lo tanto, se han convertido en soluciones que no son sostenibles. Esas ideas fueron convertidas por el marxismo ortodoxo en dogmas de fe que se imponen a la fuerza sin tener en cuenta la experiencia histórica de otros países, donde ya fueron recogidas por inadecuadas, o donde el peso de las circunstancias provocó su remoción.

El vórtice de esas políticas económicas es la nacionalización o estatización de toda la economía, lo que lleva al control de la producción y distribución de los bienes y servicios por parte de una burocracia y de un partido investidos de poder absoluto para planear lo que se debe producir y las maneras como debe organizarse la distribución.

Este modelo trae consigo la tesis de la abolición de la propiedad privada capitalista y de la economía de mercado, que se vuelven innecesarias e inconvenientes en el marco de esta clase de economía socialista totalitaria. Desde los tiempos de Chávez, el gobierno ha hecho esfuerzos por avanzar por este camino, y ha provocado una resistencia fuerte de los poderosos que son lesionados por sus medidas.

Los intentos de golpe de Estado y la oposición en las calles siempre tienen como ingrediente esta lucha fundamental por el control de la economía, que dentro de la transición ha provocado complicaciones casi inmanejables. Este hecho permite explicar también la desindustrialización, la fuga de capitales, el cierre de empresas de todo tipo, el sabotaje económico, el desabastecimiento y hasta la inflación.

En un escenario tan volátil y abigarrado, lo primero que se pierde es la tranquilidad para analizar la coyuntura y, sobre todo, para tomar las medidas que más convengan a la estabilización de la economía. Pero el gobierno parece haber perdido la capacidad para regular el proceso económico, y su interés principal consiste en mantener el poder al precio que sea, así eso implique seguir desarmando a Venezuela.

El desprecio por la teoría económica, la confusión y la necesidad de apoyo político llevó recientemente al equipo de Maduro a promover un incremento de un 60% en el salario nominal. En una economía con hiperinflación esto representa un comportamiento irresponsable, porque se pierde de vista que tal ascenso en los salarios nominales implica echarle gasolina al incendio inflacionario. 

Y si se sigue desbarrancando la inflación, lo que más sufre es la capacidad adquisitiva de los salarios reales, es decir, la inflación se traga en poco tiempo el 60% de aumento y algo más, con su efecto dominó en la carestía, en la escasez y en la calidad de vida de la mayoría de las personas, que son las que reciben salarios.

La hiperinflación venezolana es la consecuencia directa de la destrucción de la base productiva nacional provocada por el conflicto. El crecimiento del circulante monetario en ese marco tiene un efecto inflacionario, el cual se multiplica por la escasez relativa de bienes y servicios y por la ineficiencia del Estado tanto para reemplazar las empresas privadas como la economía de mercado, en el plano productivo y distributivo.

Aunque la burguesía contribuya a incrementar este problema (saboteando el proceso económico), el principal núcleo que lo provoca está en las características que adopta la transición económica en la actual coyuntura. Es decir, la hiperinflación resulta principalmente de las políticas económicas adelantadas por el gobierno para cambiar la economía venezolana.

Y esa hiperinflación es una de las principales variables que explican la protesta popular, el conflicto social y el rechazo al gobierno por una gran cantidad de personas que hacen parte de los grupos medios y bajos de la población. Hay aquí también un conflicto entre el pueblo raso y el gobierno provocado por una desmejora notable de la calidad de vida de las mayorías.

El esfuerzo de las misiones y el perfil social desarrollado por los chavistas sufre los embates de una aguda crisis económica que afecta a los sectores populares, y los vincula a la protesta como una forma de desahogar la desesperación. En ese contexto, la sublevación es legítima y no resulta solo de las mentiras de la oposición política, o de la propaganda negra de los enemigos de la revolución. 

La gasolina de esa protesta es la escasez, el desorden económico, el desabastecimiento, la hiperinflación y la percepción a nivel popular de que el principal responsable de toda la debacle es el gobierno del presidente Maduro. El asunto ya llegó al tope en el terreno del conflicto social y quemó todas las banderas en el enfrentamiento político.

Ahora mismo es casi imposible un diálogo político entre el gobierno y la oposición, no solo por los intereses irreconciliables que los separan sino por los contornos que ha asumido la coyuntura político-social. La oposición de la MUD se cree mucho más fuerte e intenta capitalizar la protesta popular, y está convencida que ha llegado la hora de la caída de Maduro.

El chavismo considera que llegó el momento de pasar a otra etapa, endureciendo el poder revolucionario. Esto explica por qué el presidente convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, dejando a un lado la estructura política de la democracia representativa y a los partidos que aglutina la MUD.

El equilibrio inestable y explosivo a que había llegado la coyuntura debía ser afrontado de algún modo por el régimen. Maduro intenta resolverlo dando un salto adelante (según su perspectiva), mediante otra constitución, e integrando más al poder a sus partidarios de la base popular. Esta es la explicación de la convocatoria a una constituyente limitada. En las actuales circunstancias, quizás esta no sea una salida para reforzar el poder chavista, pues se puede convertir en otro galón de gasolina para incrementar el conflicto político y social.

Ante la imposibilidad del diálogo (nadie quiere ceder nada y todos aspiran a dominarlo todo) se ha llegado al punto de una radicalización definitiva del proceso revolucionario. De aquí en adelante todo va depender del comportamiento de los militares.

Maduro ya tomó la iniciativa, al vincular a más militares al manejo del Estado, pero esto no elimina por completo la posibilidad de un golpe. El golpe sigue latente, estimulado por la oposición interna y externa y por la crisis social que atraviesa el país.

Sea como sea, la situación de Venezuela pone de nuevo sobre el tapete la principal problemática de nuestro tiempo acerca de cómo organizar la vida para brindar mejores condiciones de existencia a la especie humana en este planeta.

Hasta ahora, durante el siglo XX nos hemos movido entre dos soluciones radicales.

Esas dos alternativas son mutuamente excluyentes e, ideológicamente, no tienen puntos de contacto, pues representan intereses económicos y políticos que aparecen como irreconciliables. Por un lado, está la ortodoxia liberal (en economía, especialmente), que a menudo desemboca en posiciones de ultraderecha poco sensibles con respecto a los temas sociales.

Esa ortodoxia nutre la posición de que los arreglos económicos se producen por generación espontánea, y que estos deben funcionar con poca o ninguna acción estatal; a menudo esa opción estimula el desarrollo de economías donde se da rienda suelta a la ambición como motor del movimiento económico, lo cual tipifica lo que algunos llaman capitalismo salvaje.

Los resultados perversos de ese tipo de economía se han sentido en la distribución del ingreso, en la desigualdad social, en la concentración abusiva de la riqueza en pocas manos, en la corrupción de las élites de la economía y de la política y en la destrucción del medio ambiente, entre otros ámbitos que padecen esas consecuencias negativas y detestables.

Por otra parte, se encuentra la ortodoxia marxista que demoniza a la economía de mercado y a la propiedad privada, por ser las causas (según ella) de los principales problemas de la sociedad contemporánea. Esa ortodoxia ha pretendido cambiar la sociedad recurriendo a los modelos ideados por Marx.

En Venezuela, la ortodoxia marxista intenta aplicar fórmulas socioeconómicas que fracasaron en otros lugares. Pretende eliminar los mercados y la economía privada utilizando al Estado como un Leviatán que lo controla todo: la producción de bienes y su distribución, principalmente. 

Pero esa ortodoxia no se percata de que esas fórmulas, a la larga, socaban el dinamismo económico (la generación de riqueza), lesionando la calidad de vida de la gente y limitando, de paso, el cumplimiento de los objetivos sociales revolucionarios.

Más allá de lo que ocurra de aquí en adelante en Venezuela, este es el problema de fondo que se dirime ahí: si se regresa a una economía de mercado y de propiedad privada dependiente del petróleo, o si se construye otra sociedad totalitaria en lo económico y lo político, dependiente del Estado y del petróleo.

Ni la ortodoxia liberal (o neoliberal) se ha dado cuenta de que hoy más que nunca el mundo necesita de una economía con rostro humano (como lo han planteado varios economistas internacionales), ni la ortodoxia marxista entiende que no es viable organizar sociedades matando la libertad política o destrozando el dinamismo económico.

Ambas ortodoxias se alimentan de sus propios errores y ambas desconocen  olímpicamente la experiencia histórica global. Salga lo que salga de Venezuela después de su terrible crisis, el gran perdedor será el pueblo que hoy se divide  entre quienes apoyan a Maduro y quienes lo adversan, empujados o no por la desesperación.

¿Es posible aún encontrar en el hermano país una salida que no implique el triunfo de ninguna ortodoxia, pero sí el de la libertad moderna y el de una economía con rostro humano?