El escándalo Odebrecht ha pasado de la elegancia de la arena política a los campos de la guerra, ahora con camuflado y Kalashnikov al hombro nos recuerda la inconcebible y aterradora verdad: en Colombia estuvimos – o estamos en guerra-.

Revelación tan escabrosa no podía pasar desapercibida. Resulta que las pérfidas guerrillas del país, más específicamente las conformadas por las FARC y ELN, habrían recibido dineros de la empresa brasilera en los años 90, como una forma de comprar seguridad y paso franco en los territorios que estos grupos armados controlaban.

Hasta nombre habrían dado a esta práctica de la más baja clase de corrupción y violencia: vacunas. Un eufemismo ingenioso que esconde para el que lo lee o pronuncia los horrores de la guerra y sus implicaciones. ¿Cómo pudo pasar esto tantos años en nuestro hermoso país sin que nunca nos diéramos cuenta?

Jamás había sabido Colombia de la existencia de cosas tan macabras como las vacunas o uniones ilícitas entre las empresas internacionales -adalides del progreso económico- y las demoniacas huestes comunistas.

En Colombia, tierra de la cordura, las masacres y la corrupción siempre habían sido mejor llevadas. Cuando, en 1928, una compañía americana comercializadora de frutas compró al Ejército Nacional para que matara a unos cuantos cientos de sindicalistas rebeldes, se sobreentendía que era el orden natural de las cosas. Breve reproche y vuelta a la página.

Ni hablar de las largas relaciones mercenarias entre las multinacionales y los grupos paramilitares, mucho menos mediáticos y generadores de rating que las hordas guerrilleras del mal.

La ironía de Banadex, por ejemplo: la empresa, responsable de la pequeñísima masacre antes mencionada, se cambió de nombre pero no de alma y siguió matando a campesinos con sueños de humanidad –que en Colombia nunca han merecido ni merecerán- pero aliados con las Autodefensas de Carlos Castaño.

Las ilustres empresas carboneras Drummond y Prodeco, joyas de la corona del industrialismo costeño, han sido acusadas de financiar el paramilitarismo entre 1996 a 2006. La mina de El Cerrejón también habría sido construida a punta de sangre, según dicen, y Salvatore Mancuso confesó alguna vez que la Hyundai les regalaba carros a su agrupación.

Claro está, también ha existido la pequeña violencia y la mínima coerción ejercida por los grandes terratenientes y ganaderos del país, que conseguían tierra barata (o gratuita) pagando a sus valientes paramilitares para que espantaran a la chusma rural de sus fincas y granjas, acciones por las que nos hemos ganado el honroso título de ser el segundo país con más desplazados internos del mundo, solo después de Siria –que nos habrá quitado el puesto hace muy poco-.

Esa era Colombia, tierra del orden y el equilibrio, pero ahora nos enfrentamos ante una realidad insoportable: resulta que a la guerrilla también había que pagarle, resulta que ellos también controlaban territorios en este país que estuvo a punto de convertirse en un Estado fallido y que las empresas multinacionales no distinguen colores más que sus insaciables intereses corporativos.

Poco se puede reclamar en este caso, las extorsiones (si es que lo fueron) hacen parte de la dinámica de la guerra que ya ha sido reconocida en los términos negociados en los acuerdos de paz en Bogotá con las FARC. A Odebrecht (por este caso en específico) no se le puede pedir nada, es más, podría pedir la empresa una indemnización al Estado colombiano, por ser incapaz de ofrecer las garantías necesarias para el desarrollo de las labores para las que fueron contratados.

Mal hacen los políticos oportunistas que quieren convertir este problema en una dicotomía paramilitar-guerrillera. No se trata de denunciar mejores condiciones para una u otra facción, se trata de abrir los ojos ante la realidad del Estado casi inexistente en el que hemos vivido durante décadas, descubrir que el agua moja, que en Colombia corrupción, guerra y multinacionales llevan caminando juntas desde hace tiempo.