La pregunta del título es relevante en la coyuntura que atraviesa en la actualidad la Universidad del Atlántico. De la manera como afrontemos el dilema entre la academia y la política al interior de la institución dependerá su presente y su futuro.

Si nos apoyamos en la experiencia histórica (que en este caso operaría como el último criterio para construir una certeza sobre el tema), deberemos concluir que si la política invade los procesos administrativos, la consecuencia inevitable es su degeneración en politiquería y clientelismo.

Siempre que los políticos se aferran a los cargos universitarios no tienen como norte fortalecer lo administrativo y la academia, sino incrementar sus caudas de seguidores y utilizar el presupuesto para acomodar la mayor cantidad de sus amigos. El uso de los contratos y el manejo del presupuesto no están en sintonía con las funciones misionales de la institución, sino conectados a los intereses de los individuos o grupos que controlan el poder.

Esta dinámica desemboca en politiquería y clientelismo, como se vio muy claro en la actual coyuntura con el ascenso al poder del exrector Castillo y sus aliados. Lo que menos les importó a estos sectores fue la estabilidad institucional y el buen uso del presupuesto y de los cargos. No mostraron ningún escrúpulo al intentar tapar con mentiras lo que estaban haciendo, lo cual estuvo centrado en una contratitis desorbitada y en un asedio al presupuesto, causantes de un déficit aún por cuantificar.

Siempre que los políticos se montan en el potro del poder van a lo que van: a acomodar a su gente para fortalecer sus proyectos particulares, aunque sea al precio de destrozar los procesos administrativos y de lesionar el presupuesto universitario. Y esto es así porque a los políticos no les interesa prioritariamente la academia, sino su ideología y su partido.

La razón de ser de la Universidad es la academia, no la política; la razón de ser de los políticos es la política, no la academia. Lo que define el carácter de una Universidad Pública son su docencia, su investigación, su extensión y el clima que sepa crear para el buen desarrollo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la cultura y el deporte. Una Universidad se proyecta como buena o mala en función de sus procesos académicos, no de sus vaivenes políticos.

Cuando los políticos se apoderan de la administración suelen llevarla al desastre, porque su interés máximo no es hacer academia sino utilizar los cargos y el presupuesto para hacer política, es decir, para aumentar el número de sus adeptos o de sus probables electores. Esto conduce al uso de los dineros públicos en actividades contrarias a las tareas misionales de la institución.

Lo que más ama un político es su ideología y su proyecto partidario. La academia y la Universidad quedan en un segundo plano en su mente y en su praxis y, por lo general, son instrumentalizadas, poniéndolas al servicio de sus intereses de grupo. Por esta razón, los procesos académicos y administrativos se recienten cuando la política se convierte, por necesidades ideológicas y prácticas, en politiquería y clientelismo en manos de dirigentes inescrupulosos, o en manos de líderes con el corazón repleto de buena fe.

El dilema planteado en el título debe ser resuelto a favor de la academia. Esto puede sonar duro e ir contra lo que piensan muchas personas al interior de la Universidad, pero si no blindamos la administración Universitaria de la influencia de los politiqueros y clientelistas perderemos todos. Porque con los politiqueros en el poder quedan expuestos los dineros públicos que se le entregan a la institución para su adecuado funcionamiento.

La Universidad no es un partido político ni debe ser apéndice o instrumento de ninguna secta ideológica. La Universidad Pública se creó para servirle a todos, abriendo sus espacios a las discusiones profundas acerca de los modelos de sociedad, de los proyectos de transformación social, de la ciencia, la cultura, el arte, las ideologías, entre otras expresiones del pensamiento. En este sentido, no debe excluir ni reprimir la buena política sino cosecharla, pero siempre al margen de los procesos administrativos y académicos.

La máxima libertad a la que debemos aspirar en el medio universitario es a la del debate con altura y con argumentos, a la discusión seria y rigurosa sobre todos los problemas que atañen al conocimiento, al pensamiento, a la sociedad y a la ciencia. Y para crear un nicho así se requiere de unas finanzas estables y de una administración respetuosa de esa libertad.

El delicado tejido académico de la Universidad Pública sufre demasiado con los efectos de la politiquería, el clientelismo y la violencia, porque esas tres lacras son los principales enemigos de una institucionalidad sólida que canalice bien sus propósitos misionales. Algunos sectores políticos no entienden o no quieren entender esto, porque la Universidad y la academia no son un fin en sí mismos para ellos, sino solo un instrumento de sus intereses ideológicos o políticos.

Si algún día alcanzamos la tan anhelada paz, se verá aún más claro el problema planteado. Porque ya no habrá manera de justificar el uso político de todas las formas de lucha, y porque todos deberemos aprender a realizar reforma social para mejorar las condiciones de las mayorías, sin necesidad de emplear la violencia.

Entonces se verá mejor que la Universidad Pública no puede ser más un instrumento de los políticos, sino un fin en sí mismo para elevar las condiciones de existencia de la gente, ofreciéndole oportunidades educativas de calidad; un fin en sí mismo para formar científicos, técnicos de alto nivel, humanistas, artistas y toda clase de personas preparadas para ayudar a cambiar el país.

Si se logra la paz, quizás todos podamos comprender que el desarrollo del país pasa por el progreso intelectual de sus habitantes, y que la Universidad Pública es el nicho ideal para ayudar a formar a nuestro pueblo. Y que ese nicho debe ser protegido contra la influencia nefasta de los politiqueros, de los clientelistas y de los violentos, si lo que se quiere es que funcione bien.

Tal vez en esos tiempos, que añoramos la mayoría de los colombianos, nos decidamos a defender la Universidad Pública como un bien público al servicio de todos. Un patrimonio que debe ser protegido con decisión, sin coartadas ideológicas y sin oportunismo. Un patrimonio común que no es un instrumento de nada ni de nadie sino un fin en sí mismo.