El Consejo de Estado acaba de destrabar, legalmente, el proceso para elegir nuevo rector en la Universidad del Atlántico. La decisión de ese alto tribunal reconoce la vigencia del estado de derecho, del Estatuto General de la institución y de la autonomía universitaria para encarrilar lo que determinará el Consejo Superior.

El Consejo de Estado no planteó, en ninguna parte de su concepto, que la elección del nuevo rector debía recaer, obligatoriamente, en alguno de los tres integrantes de la terna que aún quedan del proceso anterior. Tampoco decidió, explícitamente, que no podía abrirse el abanico de aspirantes para integrar otros candidatos, con el fin de obtener la mejor carta para regir los destinos de la institución.

Esto quiere decir que, si el Consejo Superior lo estima pertinente, se podría plantear la apertura de esa terna con otros candidatos. Eso no es descabellado e ilegal, si nos atenemos a lo que estipuló el Consejo de Estado y al hecho, también indiscutible, de que varios miembros del Consejo Superior son diferentes a los que había en la época en que se escogieron los hasta ahora ternados. Además, en el marco del Estatuto General y de la autonomía universitaria, el Consejo Superior puede seguir esta vía, si lo considera adecuado, pues no existe nada en las normas legales que niegue tal posibilidad.

Algunos sectores se oponen a esta alternativa porque ya tienen candidato definido y, en el fondo, porque ese aspirante representa lo que ellos quieren. Pero lo que ellos quieren no necesariamente es lo que más le conviene a la institución. Es claro que a la Universidad no le cae bien un candidato que cabalgue en el potro de un modelo de dirección clientelista y politiquero.

Tampoco es deseable ninguno que ponga por encima de los intereses generales de la institución su ambición personal, o sus simples apetitos de poder. La experiencia histórica sirve para demostrar que un rector que acceda a intercambiar apoyo político por prebendas, contratos, cargos o cualquier otra cuestión deleznable culmina muy enredado, y daña gravemente los tejidos administrativos y académicos de la Universidad.

Esa estrategia clientelista y politiquera para obtener legitimidad o aprobación contribuye también a envilecer el ambiente universitario, pues desplaza unas relaciones sanas basadas en la academia e instaura un intercambio de favores, siempre mediado por los intereses políticos, o por el yo te doy si cuento contigo.

Además, la presión sobre el presupuesto, sometido a la sobrecarga del prebendeo para mantener o conseguir aliados o clientelas, termina por lesionarlo y por colocar a la Universidad en una situación de inviabilidad financiera. Cualquier empresa o institución estatal regida por el modelo de dirección que se acaba de describir, no dura mucho tiempo sin fracasar, sobre todo una de educación superior como la Universidad del Atlántico.

El clientelismo y la politiquería son como un cáncer que lo corrompe todo, que lo desordena todo, y estos siempre coronan su faena matando la función social de la entidad agredida. El gran peligro que se corre, al permitir que los politiqueros y clientelistas se tomen la Universidad, consiste en que, con sus procedimientos, destrozan su principal papel social, que es ofrecerle educación a bajo costo a la población más pobre de la Región Caribe.

Obviamente, si la institución cae en una crisis por causa de los depredadores del clientelismo y la politiquería, también se verán afectados los estamentos que la tienen como su medio de vida. Lo que se divisa, en consecuencia, es ocasionarle un grave daño a la mayoría de la comunidad universitaria, por favorecer los intereses de una élite depredadora minoritaria que no respeta lo público.

¿Es socialmente justo cederle la Universidad a una élite polítiquera que no defiende la educación pública, sino que se vale de ella para hacer prevalecer sus intereses individuales o de grupo? ¿Es correcto que, a nombre de la ideología, de la política mal entendida, del hambre de poder o de dinero,  se permita que una minoría inescrupulosa destroce la academia y la institucionalidad universitaria?

El señor Gobernador, el Gobierno Nacional, los miembros del Consejo Superior y los estamentos universitarios tienen ahora la gran responsabilidad de evitar que la Universidad del Atlántico caiga de nuevo en las garras de la politiquería y el clientelismo. Un rector proclive a cambiar apoyo político por cargos, contratos o cualquier otro tipo de prebendas para sostenerse en su puesto llevará a la Universidad a un callejón sin salida y a una crisis, como ya se ha padecido en otros tiempos.

Un sector de los académicos han expresado la idea de abrir la terna para incluir otros aspirantes a la rectoría. Plantean  esa idea persuadidos de que es necesario tener una baraja de candidatos más amplia para no errar en la escogencia de la persona idónea para dirigir la institución.

Se ha respondido de parte de quienes defienden a un candidato que hacer eso equivale a mantener la inestabilidad y el caos, ocasionados por la interinidad; pero, ni la una ni el otro son la consecuencia de la interinidad en el cargo de rector (a), sino el resultado del saboteo y la mala fe de los grupos de presión internos, que pelean por tomarse la Universidad con todas las armas, incluidas las más viles, como la calumnia, el pasquín y la agresión de otros tipos.

Los académicos que se atrevieron a plantear la ampliación del número de los candidatos han sido objeto de la peor infamia de parte de los núcleos que quieren tomarse la alma mater a como dé lugar. Pero esos ataques se volvieron aún más aleves, mediante la subcultura de los pasquines, porque ellos se atrevieron a criticar a uno de los integrantes de la terna que resultó del proceso anterior.

Hay una gran preocupación entre sectores del profesorado porque el señor Rafael Castillo Pacheco asuma otra vez la dirección de la Universidad. Esa inquietud parte de la experiencia obtenida de cuando este político ocupó la rectoría. Para los académicos preocupados es claro que Castillo Pacheco llegó a la Universidad aupado por una alianza politiquera que luego se repartió los cargos favoreciendo a sus aliados y para afianzar su control de la institución.

Castillo Pacheco incrementó los contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS)  casi en un 50% (como lo reconoce el último informe de la Contraloría Departamental), solo para favorecer a sus aliados políticos. Uno de ellos fue nombrado como asistente de rectoría, y otros fueron ubicados en diversas dependencias de la institución.

Ese es el modelo que hemos cuestionado porque no le sirve a la Universidad. Este señor, que hace parte de la terna vigente, no sólo llegó en el pasado cabalgando en el potro del clientelismo y la politiquería a la Universidad, sino que ahora pretende regresar todavía montado en esa cabalgadura, pues quienes lo están apoyando ahora son los mismos que lo promovieron anteriormente.

Esta denuncia pública implicará más de un dolor de cabeza para este columnista y, desde luego, un incremento exponencial en la producción de pasquines universitarios infamantes en su contra. Pero, a pesar de las dolorosas consecuencias, es necesario hacerla, pues lo que está en juego es el interés general encarnado en los más de veinte mil estudiantes de la institución y en todos los que dependemos de ella para subsistir.

El Consejo Superior, las autoridades nacionales y el señor Gobernador tienen una gran responsabilidad en la escogencia del nuevo rector. En sus manos está acertar para que la rectoría quede en poder de alguien que sepa respetar la educación pública; alguien que no la vea como un simple instrumento de la ideología, de la política, o de la ambición personal, sino como el escenario en que reciben formación superior los hijos del pueblo.

La politiquería y el clientelismo son las armas predilectas de los depredadores de los bienes del Estado. Por temor, intereses creados o por lo que sea ¿dejaremos que los depredadores se adueñen otra vez de la Universidad del Atlántico?