Germán Vargas Lleras protagonizó un nuevo episodio de fariseísmo la semana pasada. En medio de un acto público de entrega de viviendas gratuitas en Bogotá, llamó a las humildes gentes a revelarse contra la reforma tributaria impulsada por el mismo Gobierno que les estaba regalando las casas.

Porque, aunque pueda parecer obvio, no es el vicepresidente quien ideó el programa, ni es él quien le hace un espacio en su cartera.

En todo caso, antes de que la semana acabara, Vargas Lleras ya había reculado. Se lamentó por la dimensión de sus expresiones, aunque mantuvo su posición de que los recortes presupuestales al programa eran un error. ¿Qué más podría hacer? El Gobierno al que últimamente critica tanto le ha dado la oportunidad de hacer la campaña política presidencial más larga y costosa de la historia reciente…

Me quedo, sin embargo, con un fragmento del escándalo que es necesario leer entre líneas. Puntualmente, las críticas del vicepresidente a la reforma tributaria se deben a que en el proyecto se eliminaría la exención de impuesto a la renta a las empresas que adelantan las construcciones de vivienda social. Al pagar este nuevo ítem, los márgenes de ganancia se reducirían del 7% al 2% (según han argüido los sectores afectados).

Esto explicado significa, de forma simplista, que antes el Gobierno exoneraba a las empresas privadas de pagar el justo impuesto por las altas ganancias que les supone llevar a cabo los proyectos de vivienda social, ahora no las eximiría. Es evidente que esta exoneración es una forma de hacer que las empresas se interesen por el proyecto, quitarlo es perder ese incentivo y, en teoría, provocaría que ya nadie quiera construir las casas que faltan. Esas son las quejas del vicepresidente.

Las cosas hay que analizarlas con lupa. En Colombia las viviendas de interés social (VIS) tienen un coste máximo de 135 salarios mínimos vigentes ($93 millones aproximadamente), también están las viviendas de interés prioritario (vip), que tienen un tope de 70 salarios mínimo (unos $48 millones).

Desconozco el número de subsidios exactos que el Gobierno proporciona a las empresas que realizan este tipo de iniciativas. Sin embargo, si nos quedamos con los números que las mismas empresas proporcionan, actualmente, por construir una vivienda de interés social se puede percibir una ganancia final de $6’500.000 aproximadamente, con el nuevo proyecto de reforma tributaria la ganancia sería de $1’860.000.

Una reducción importante, sin embargo, hay que recordar que estos proyectos se realizan a escala. Si un constructor hace 100 casas ganaría $186’000.000 en utilidades, es decir, con los gastos por materiales, salarios de trabajadores y maquinaria ya restados. Y se supone que estos proyectos se tienen que hacer a escala. No interesa, por razones de calidad y financieras, que empresas que solo pueden hacer 10 casas se metan en la ‘vaca loca’.

Según ha dicho el mismo Vargas Lleras, hay un proceso para licitar la construcción de 250.000 casas y el objetivo final es que sean 450.000. Es decir que hay unas ganancias potenciales en este sector de unos $837.000 millones. ¿Cuánta plata necesita ganar un empresario para sentir que vale la pena?

El problema de la economía de libre mercado en la que se intentan maximizar las rentas es que ninguna ganancia parece suficiente. Con capitales hiperinflados, los empresarios buscan las formas más sencillas de multiplicar el dinero que poseen con el mínimo esfuerzo posible, se trata de la clásica relación entre esfuerzo y ganancia que, por cierto, ha sido la causante de todas las crisis económicas que ha enfrentado el planeta en las últimas décadas.

El sector de la vivienda de interés social tiene todo menos interés social, no son pocas las peticiones para multiplicar las rentas que se han hecho en esta área. En 2008 se les criticaba a los constructores estar haciendo casas de 20 metros cuadrados, en 2013 una compañía constructora (Ambientti) pedía que se subiera el tope del precio.

Mientras un derecho público fundamental, consagrado en la Constitución, siga siendo administrado por intereses privados, lo último que primará será el bienestar social. Las empresas privadas siempre querrán más, está en la naturaleza de su actividad y en la ideología de su funcionamiento.

Ganar $180 millones después de un proyecto de 100 casas parece razonable, no pierde usted nada y le queda un salario de más de 15 millones para vivir todo el año (suponiendo que no hiciera más nada). Bajo la lógica de la economía, sin embargo, esto no es suficiente, sobre todo cuando puede invertir el dinero en construir un edificio en una zona estrato seis cuya venta le reporte ganancias que sobrepasen los mil millones de pesos. Es la lógica de la multiplicación fácil que el sistema promueve.

¿Qué pasaría si el Estado pudiera administrar estos proyectos como es su deber constitucional? No habría intereses privados que busquen multiplicar al máximo las ganancias, el dinero se invertiría y, aunque las ganancias no fuesen las más altas, no se perdería. El Gobierno seguiría teniendo plata para continuar con las inversiones y las mejoras en las condiciones de vida de los colombianos dinamizarían la economía… teoría financiera de párvulo.

Lástima que tengamos una clase gobernante tan corrupta que el resultado final de esta proposición serían presupuestos llenos de sobrecostos, construcciones de baja calidad y retraso tras retraso… no es que no tengamos ya de eso.