Muchos piensan que la mejor manera de escoger un rector en la educación superior es mediante la elección directa. Pero ese procedimiento, usado normalmente en las democracias representativas, no garantiza una selección acertada en el caso de la institución universitaria.

Trasladar mecánicamente las formas de elegir funcionarios estatales o miembros de los cuerpos colegiados sin tener en cuenta las características de la Universidad puede traer consigo la desorganización y la pérdida de los objetivos de esta. La consecuencia de aplicar esa estrategia no sería necesariamente el fortalecimiento, sino la descomposición de la academia.

Sin desconocer lo importante que es un ambiente democrático en el desarrollo institucional resulta pertinente dejar claro qué tipo de democracia conviene al desarrollo académico y cuál democracia representa el preámbulo del desastre.

La democracia que debe operar libremente en los claustros universitarios es aquella que contribuya a fortalecer la academia, a través de la discusión basada en argumentos, el abierto juego y la confrontación de ideas científicas, culturales, estéticas y de todas aquellas que contribuyan a incrementar el papel crítico de la Universidad.

La participación de los estamentos en ese proceso  (dentro y fuera del aula) es fundamental, como también lo es que los equipos dirigentes sepan convivir con (y estimular) esos nichos, manejando un enfoque de dirección respetuoso de las diferencias y de la libertad para hacer ciencia, docencia, investigación, y las otras actividades que complementan el universo académico.

En este orden de ideas, se podría llegar hasta estimular la participación democrática de estudiantes y profesores en la confección de planes de largo plazo para desarrollar la institución, como ocurre en algunas universidades del exterior y como se está proponiendo a nivel nacional para las nuestras (Moisés Wasserman, La democracia universitaria, El Tiempo, 1 de mayo de 2015).

La democracia electiva directa que se emplea en Colombia para escoger congresistas, concejales o presidentes no le sirve a la Universidad porque la desarma. El tejido interno de la institución es demasiado frágil para soportar los embates de las batallas electorales, y todo lo oculto o explícito que estas implican.

Además, los propósitos de quienes promueven esa metodología eleccionaria normalmente no coinciden con los de la Universidad. Quienes piensan en elecciones abiertas no están preocupados por el deterioro académico de la alma mater, sino en convertirla en instrumento para hacer cumplir una estrategia política o para desarrollar su influencia ideológica.

La principal razón de ser de la mayoría de los partidos o grupos que hacen vida en la Universidad es la política, la ideología, pero no la academia. Su propósito central no es controlar la institución para mejorar los procesos académicos, sino para convertirla en instrumento de sus intereses políticos e ideológicos.

La utilización de la Universidad para fines no académicos llega a su último extremo con los grupos e individuos clientelistas y politiqueros que la han usado como una bolsa de empleos, o como medio para conseguir prebendas económicas o dinero por la vía de los contratos (entre otras) con  empresas inescrupulosas.

El gran problema de la Universidad es que esos grupos o individuos con agendas diferentes a las académicas tienen mucha influencia. Por tal motivo, propiciar una elección directa, como a menudo ellos piden, no solo representa una concesión al populismo más grosero, sino entregar la alma mater en bandeja de plata a sus verdugos.

Un rector elegido por esos individuos o grupos (que subordinan la academia a sus intereses particulares o de grupo) está preso en un modelo clientelista y politiquero del cual no puede escapar, si no quiere perder su falsa legitimidad y la gobernabilidad obtenida a base de prebendas, dinero y puestos.

Al contemporizar con los designios de quienes lo apoyan destroza los procesos académicos, al someter la administración a los intercambios tradicionales observados en todas las instituciones del Estado que caen bajo el control del clientelismo y la politiquería.

La experiencia histórica enseña que toda empresa estatal sometida a la presión del clientelismo y la politiquería termina asfixiada por ese cáncer y, por lo tanto, pierde su capacidad de servicio, su función social. Esta ley de hierro es mucho más catastrófica si se trata de una institución de educación superior, como la Universidad del Atlántico.

De lo analizado se infiere que es prioritario buscar fórmulas para blindar el funcionamiento administrativo y académico de la Universidad de quienes no van a ella a hacer academia sino a convertirla en instrumento para sus intereses deleznables.

Lo primero que cabe poner de relieve es la idea de organizar un gran frente político-académico para defender la institución del asedio de los depredadores. Es necesario y útil que todos los grupos y partidos entiendan que la Universidad debe funcionar privilegiando el mérito y protegiendo la administración y la academia de quienes quieren asaltarlas por motivos extraacadémicos.

Ese gran frente por la defensa de la educación pública tiene propósitos que están más allá de las perspectivas ideológicas o políticas, pues busca proteger la educación superior como un bien común que no debe ser instrumentalizado por nadie, ni siquiera por quienes lo hacen con supuestos fines altruistas.

Lo que está en juego aquí es el dinero destinado para la educación popular. Lo que se juega, también, es la estabilidad de una institución que permite redistribuir el ingreso nacional por la vía de la subvención de estudiantes pobres. Y, además, aquí está en juego la mejor oportunidad de los sectores populares para recibir educación universitaria.

El clientelismo y la politiquería benefician a menudo a la élite corrupta de demagogos y politiqueros, pero golpean directamente los intereses académicos de las mayorías regionales. Desde el punto de vista social ¿son más importantes los intereses de los politiqueros y clientelistas que los de las mayorías de la Región?

Los sectores decentes y pensantes del espectro político deben mirar sin tapujos el problema de fondo a enfrentar: o le soltamos la educación superior al populismo, la politiquería y el clientelismo o cerramos filas en su defensa honestamente, en contra de todos los aspirantes a depredadores de lo público, aun de aquellos que portan la máscara de la buena fe.

Ese frente por la academia es una forma de defender la educación pública y el dinero de los contribuyentes, que el Estado destina para la educación del pueblo. Y, en el fondo, es también un frente por defender el logro social que se expresa a través de la educación superior pública.

La escogencia de un rector y del cuerpo de autoridades administrativas siempre ha sido un grave problema en la Universidad Pública, sobre todo en las de carácter departamental. Parece ser que lo dispuesto en la Constitución Nacional y en la Ley 30 de 1992 no ha sido suficiente para blindar la Universidad de las distorsiones aquí analizadas.

Ni la autonomía ni la posibilidad de escoger un rector según procedimientos reglados en las disposiciones nacionales o en los Estatutos Generales ha evitado la injerencia indebida de los factores políticos internos y externos en la Universidad Pública.

De donde se infiere que ha llegado la hora de una reforma que tenga como eje blindar esa educación de los factores derivados de la politiquería, el clientelismo y el populismo. Por la experiencia de la Universidad del Atlántico sabemos que esos flagelos conspiran contra la educación superior desde adentro y desde afuera.

Por eso es indispensable organizar un procedimiento para escoger rector teniendo en cuenta la experiencia mundial, sobre todo de las universidades que funcionan bien. Un ligero repaso por esa experiencia lleva a concluir que las mejores universidades del planeta tienen como eje el mérito y la protección rigurosa de los procesos administrativos y académicos.

Esto es así cuando se tiene claro lo que hay que proteger y defender y cuando la selección se somete a esas variables, evitando el desorden provocado por el populismo y la politiquería.

En algunas universidades de primer nivel, por ejemplo, se aplica un procedimiento para escoger rector que elude el error de entregarle la educación pública a un demagogo, a un depredador de lo estatal o a un simple ladrón que no respeta los bienes colectivos. 

Es una metodología rigurosa centrada en las calidades académicas de los postulantes, y nunca en su ideología o posición política. Y es, sobre todo, un mecanismo que permite la participación de los estamentos y de la sociedad, los cuales pueden postular aspirantes.

La selección final queda en manos de un comité de expertos, quienes deciden teniendo en cuenta las condiciones del candidato y las características de la institución. Ese comité suele estar conformado por académicos de reconocido prestigio e inmunes a cualquier presión politiquera.

Este es un ejemplo de lo que se puede hacer para defender la educación pública del asedio de quienes no aman la academia y solo entran a la Universidad con la idea fija de instrumentalizarla para ponerla al servicio de sus intereses políticos, ideológicos, económicos o burocráticos.

En la tarea de proteger y desarrollar la Educación Pública debemos participar todos, sin distingo de ideología o partido político. Esa defensa es un proyecto social y, por lo tanto, cobija también a quienes se dicen defensores de los intereses populares.

El hecho de que se privilegie el mérito y la academia y de que se haga una selección de rector resaltando esas variables no implica matar la democracia, la única democracia que debe dominar el ambiente universitario; es decir, el intercambio libre de ideas, la discusión racional basada en argumentos y la libertad de cátedra, para investigar y para el desarrollo de las actividades que representan la razón de ser del mundo universitario.

Lo que ocurre actualmente en la escogencia de rector en la Universidad del Atlántico es un ejemplo de cómo los factores de poder internos y externos inciden negativamente en la selección de un funcionario que no debe representar a ningún partido ni a ningún grupo de presión de afuera o de adentro.

¿Hasta cuándo  las variables extraacadémicas seguirán determinando la selección de un buen rector para nuestra irrespetada institución?