La corrupción política electoral es una de las taras que más contribuye a deslegitimar los procesos democráticos. Porque esa distorsión suele convertir tales procesos en una mascarada, al transformar la supuesta representación política en una farsa.

Dos de las más importantes expresiones de la corrupción política en nuestro país son la compra-venta de votos y la mal llamada “trashumancia electoral”. En ambos casos está implicado el dinero, y los dos son promovidos por mafias electorales que utilizan los presupuestos públicos para beneficio propio.

Se supone que los dineros públicos se deben emplear para realizar las obras que más necesite la gente, y para resolver problemas sociales relacionados con la educación o la salud, entre otras problemáticas. Pero las mafias electorales nunca tienen en mente eso, sino usar tales dineros para favorecer a su grupo especial, el cual muchas veces estuvo ligado a la violencia, como ocurrió en la época del terror paramilitar.

Lo que mueve a esas mafias a comprar votos es la ambición, la ambición por el poder y por incrementar sus fondos monetarios, esquilmando los recursos que ingresan a las regiones por diversos conceptos, como las regalías. Lo que lleva a la gente a vender el voto es, también, la necesidad de dinero, pues la compraventa es más notable en los barrios o pueblos empobrecidos.

Con las élites mafiosas no hay mucho por hacer, pues normalmente se trata de personas descompuestas que ya están perdidas para cualquier intento regenerativo. Con los individuos del pueblo es pertinente intensificar un trabajo de cultura política que contribuya a elevar su calidad de votantes, y que tenga en cuenta desde la educación formalizada hasta los medios de comunicación.

Aparte de aplicarles a las gentes de los sectores populares las disposiciones para enfrentar los delitos contra el sufragio, es necesario abrirles un abanico de oportunidades que las saquen del desempleo, la miseria y el envilecimiento moral. Contra las élites mafiosas solo funcionan las normas especiales creadas para combatir los delitos electorales y, en segunda instancia, las disposiciones del código penal.

Detrás de la “trashumancia” hay todo un sistema mafioso que involucra a miembros de las instituciones del Estado, a integrantes de los partidos políticos y a individuos que viven de ese negocio. Este sistema permite trasladar personas de un sitio a otro con el fin de ganar elecciones. Para que funcione, se necesita una maquinaria bien aceitada, una organización, un conocimiento de las oportunidades de trasteo, mucha plata para comprar votantes y gente dispuesta a votar por dinero.

Es un modelo corrupto construido para ganar elecciones, y que se pone al servicio de quien pueda pagar, sin que importen para nada la filiación política o la ideología. Por esta razón, es un recurso para los desesperados de todos los partidos que posean dinero y que desean ganar como sea.

Si nuestro proceso electoral quiere hacerse cada vez más transparente, combatiendo a los corruptos que convierten las elecciones en una farsa, es perentorio que las autoridades ataquen las causas que alimentan la compraventa y la trashumancia de votos.

No es una utopía irrealizable lograr que las personas voten a conciencia, sin que medie el dios dinero. En otros países ya lo han logrado, sobre todo después de un trabajo sistemático de lucha contra la injusticia y la desigualdad social. Se requiere implementar campañas inteligentes de cultura ciudadana a todos los niveles y, sobre todo, ampliar el abanico de oportunidades para enriquecer la vida individual y colectiva. El nivel de vida es decisivo para elevar la calidad del votante.

Contra los mafiosos de la política si no hay campaña de cultura que valga. Por lo general, quienes compran votos hacen parte de la gente más corrupta de la sociedad, y ahí están los que han perdido cualquier motivación social para realizar el trabajo político.

Contra esta clase de gente solo quedan los recursos de ley y sacarlos de la política. La sociedad debería recluirlos donde deberían estar: en la cárcel. Estas son las mismas personas que compran funcionarios de las instituciones del Estado para alcanzar sus fines. Por esa razón, combatirlos pasa por combatir a sus agentes dentro de estas instituciones.

Combatir la corrupción política es un gran reto para el Estado en todos sus niveles. Porque esta es la raíz del mal uso de los recursos públicos y de que los recursos públicos no lleguen, a través de obras y realizaciones, a donde tienen que llegar: al pueblo en general.

Combatir la corrupción política es también una de las mejores estrategias para legitimar los procesos electorales, para convertirlos en elecciones transparentes donde se pueda escoger a la gente más capaz para dirigir la cosa pública. Si no se trabaja con energía para enfrentar esa corrupción, la consecuencia será el crecimiento del abstencionismo o el aumento de la percepción de que las elecciones son solo una farsa.