En el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, Colombia está ubicada en el puesto 96, entre 180 países, estadística que indica aumento de la corrupción cuanto más se baja en la tabla.

Según esa organización, el país debería adelantar una reforma política que acabe con un sistema saturado de trampas, así como estructurar unos órganos judiciales menos expuestos a la corrupción, y, también, eliminar el clientelismo en la contratación y en el uso de las instituciones públicas.

Qué tarea tan dura la que hay enfrente, si partimos del supuesto de que las prácticas corruptas permean toda la sociedad, desde la cúspide hasta los sectores populares. Sin embargo, la corrupción que más se siente, y que más daño hace, es la que toca al sistema político, al Estado, a la justicia, y la que brota de los contratistas.

De acuerdo con cálculos de la Contraloría General de la República, la corrupción sustrae unos 50 billones de pesos al año, todo un platal útil para superar de un solo tacazo el déficit de vivienda en el país, o para intentar resolver los problemas del sector salud, o de los servicios de agua potable y electrificación, en las zonas olvidadas.

Esa cifra, que parece muy conservadora, resulta de la acción mancomunada de políticos, contratistas y funcionarios del Estado, amangualados para extraer rentas indebidas, especialmente de los dineros públicos.

Una alianza para conseguir dinero mal habido, lesionando las instituciones y violando todas las barreras legales. Engendros como los políticos, los contratistas y los funcionarios corruptos tienen secuestrada la democracia, al buscar satisfacer sus apetitos particulares, en contra de las necesidades de las mayorías.

¿Cómo hace una “casa política” para elegir congresistas durante cincuenta años sin los votos de opinión? La única respuesta posible a este interrogante es que obtiene sus curules comprando votos, corrompiendo al elector con prebendas o dinero.

¿Para qué esa “casa política” necesita congresistas? No hay otra respuesta más redonda que la de contar con políticos que influyan sobre la entrega de los contratos (usando su poder dentro del Estado), donde se hayan los grandes beneficios económicos.

De este modo se estableció una alianza entre políticos y contratistas cuyo fin no es el interés general, sino el enriquecimiento particular de unos y otros, volándose todos los semáforos legales en rojo, si es pertinente.

La consulta anticorrupción del domingo 26 de agosto quizás no sea la panacea contra todos los factores de corrupción que atacan al país, pero sí da en el clavo en los aspectos visibles de la corrupción que implica a políticos y contratistas.

La idea es eliminar de la escena al político corrupto, quizás el principal eslabón para robar el dinero destinado a la educación, a la salud o a la alimentación de los niños. Por eso es necesario poner en evidencia cómo entra y cómo sale en materia de patrimonio, haciendo públicos sus ingresos y bienes de manera obligatoria.

La extinción del dominio de los bienes mal habidos, la eliminación de la casa por cárcel y la muerte política son medidas adecuadas para golpear muy fuerte a quienes intervienen en la política para robar, pero no para servirle a la gente o a la nación.

Uno de los siete puntos que deberemos votar el domingo se relaciona con el número de períodos del congresista. La idea es que estos solo lleguen al Congreso hasta por tres períodos. Con esa medida se rompe, quizás, el eslabón más fuerte que liga a los políticos con los contratistas y con las “casas políticas”.

Tal vez esta estrategia no solo ayude a acabar con la alianza perversa entre políticos y contratistas para esquilmar al erario, sino que también sea la medicina para eliminar el cáncer de las empresas electorales, las cuales desaparecerían del ambiente por sustracción de materia.

Una democracia secuestrada o al servicio de los corruptos es una democracia malsana. En un caso así, la corrupción se convierte en el enemigo número uno de los sectores populares, de los funcionarios estatales probos y de los políticos serios.

El próximo 26 de agosto tendremos la oportunidad de empezar a cerrar el cerco sobre los corruptos, de ponerlos aún más en evidencia y de hacerles su esfuerzo parasitario más difícil.

Votar contra los corruptos y contra la corrupción es votar por una sociedad menos expuesta a la rapiña inescrupulosa de sus peores hijos.