Desde el nacimiento de nuestra República, Colombia carga con un dilema sin resolver: ¿qué modelo de organización estatal debe regirnos? La pugna entre Bolívar, defensor del centralismo, y Santander, partidario del federalismo, no quedó zanjada en el siglo XIX. Por el contrario, atraviesa toda nuestra historia constitucional como una herida abierta. Basta contrastar la Constitución federalista de 1863 con la centralista de 1886 para comprender la profundidad de esta oscilación.

La Constitución de 1991 tampoco resolvió la controversia. Como bien explica Roberto Gargarella, el constituyente optó por un “proceso de acumulación”, superponiendo en el artículo 1, conceptos que representan visiones opuestas: Estado unitario, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Esta mezcla, más que síntesis, evidencia la incapacidad de definir un rumbo claro. Y esa indefinición tiene consecuencias. Los Nobel de Economía Daron Acemoğlu y James Robinson han demostrado que las instituciones moldean directamente el desarrollo de un país. En Colombia, la periferia regional sigue pagando el costo de un diseño institucional construido desde el centro y para el centro.

En ese escenario se inscribe el trámite de la ley que convoca al referendo necesario para la creación de la Región como Entidad Territorial (RET). Este paso, largamente esperado en el Caribe, enfrenta hoy desafíos que van más allá de la técnica legislativa. Requiere voluntad política. Esa voluntad parecía clara cuando el ministro Barranquillero Armando Benedetti, firmó y radicó el proyecto. Sin embargo, el pulso reciente entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental —alimentado por la elección del rector de la Universidad del Atlántico— amenaza con contaminar un debate institucional que debería estar por encima de rencillas.

El Gobierno ha dado ya señales de actitudes punitivas hacia los territorios, como lo evidenció la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. Hoy tiene la oportunidad de enviar un mensaje distinto: respaldar el rediseño institucional que permitiría a las regiones asumir responsabilidades reales y construir bienestar con autonomía. Este sería, en verdad, un cambio profundo, de los que muchos ciudadanos del Caribe esperaron cuando acudieron a las urnas.

El ministro del Interior está llamado a actuar con grandeza; El presidente del Congreso, a ejercer liderazgo; La bancada Caribe, a dejar de ser una expresión retórica y convertirse en un bloque eficaz. Y los gobernadores, a elevar el debate por encima de coyunturas menores. La creación de la RET no es un capricho, es un paso histórico para cerrar la brecha territorial que ha marcado por generaciones la vida colombiana.

Ojalá, por una vez, los planetas se alineen. Ojalá este intento no se sume a la larga lista de frustraciones de una Nación que aún no ha resuelto su diseño más elemental: el del Estado que quiere ser.