En la Universidad del Atlántico está sucediendo algo parecido a lo que ocurre en el resto de la sociedad colombiana: la actuación de personas que mienten, descalifican, desinforman y tergiversan con el propósito de acabar con el opositor, o con quien ocupa el poder que ellos quieren tomarse.

El objeto de los ataques de los desinformadores es la Rectora Rafaela Vos Obeso y su equipo de dirección, asediados por varios individuos y grupos desde el mismo momento en que iniciaron sus labores. Ellos han recibido ataques rastreros y calumnias, de parte de quienes aspiran a tomarse la Universidad para depredarla.

Los pasquines cargados de mentiras llueven a diario, con el propósito de convertir a la Rectora en lo que no es, es decir, en una agente de la corrupción interna. La matriz desinformativa no solo tocó los estrados judiciales, sino importantes medios, como El Heraldo y La Revista Semana.

Es claro que detrás de lo que ocurre hay intereses creados, que son los de las personas y grupos que aspiran a manejar los cargos y el presupuesto para hacer lo que siempre hacen los politiqueros y clientelistas: malversar los dineros públicos a través de contratos mal hechos o efectuados sin transparencia, o emplear los puestos y las prebendas para pagar favores políticos.

El modelo clientelista y politiquero, aplicado por administraciones distintas a la de la Doctora Vos Obeso, fue el responsable de la profunda crisis que casi lleva a la institución al cierre, y que la introdujo en la Ley 550. Ese es un modelo utilizado por quienes no defienden sinceramente la academia, y por todos los que no protegen los fondos públicos de la acción de los depredadores.

La actual Rectora no se ha prestado para ese juego deshonesto con el dinero y la educación del pueblo, y por eso es bombardeada por quienes aspiran a tomarse la rectoría para hacer lo que siempre hacen: introducir el desorden para ocultar sus fechorías, utilizar los cargos para ganar apoyo político, o emplear los contratos para saciar su voraz apetito económico.

Pero los depredadores son como los demagogos clásicos: se presentan como los puros y gradúan a su oponente de diablo, endilgándole delitos que no ha cometido, y prácticas corruptas que están lejos de ser realidad. Es decir, los clientelistas y politiqueros mienten para engañar incautos y para confundir a la opinión pública, con el propósito de conseguir su objetivo: sacar del cargo a quien no es como ellos y que, por lo tanto, se convierte en una talanquera contra sus torvos designios.

El trasfondo de la disputa mediática y simbólica que han organizado contra Rafaela Vos Obeso está aquí: consiste en vender la matriz informativa de que ella es corrupta y que, por eso, debe salir de la rectoría, cuando la verdad es lo contrario: los corruptos son ellos, y quieren sacarla porque no les ha soltado prenda, y porque no es partidaria de feriar los cargos y el dinero del presupuesto buscando apoyo político, como lo hicieron otros rectores en el pasado.

Debido a que la rectora no ha querido aplacarlos, cediéndoles poder ni haciendo trapisondas con los contratos o las prebendas, idearon la estrategia de expulsarla, utilizando la mentira de que es corrupta, de que es incapaz o de que actúa como ellos, que nunca han defendido honestamente a la institución porque esta es solo un simple instrumento para sus turbios intereses económicos o políticos.

El último asunto que ha servido para exacerbar el feroz asedio mediático y el intento de desestabilización de los depredadores, se origina en un problema con el ex Vicerector Administrativo Gaspar Hernández Caamaño. El infundio que están propalando es que este personaje salió de su cargo porque se opuso a ciertas prácticas corruptas internas.

Pero lo que ocultan los depredadores, y también silencia el Vicerector saliente, es que los supuestos actos de corrupción se cometieron en una dependencia de la cual él era el jefe inmediato, cuyas irregularidades nunca denunció ante los organismos de control o ante la propia Rectora.

Para comprender bien este asunto es pertinente explicar por qué salió el señor Hernández Caamaño de la Vicerectoría Administrativa. No se escribirá que lo sacaron por corrupto, porque eso sería caer en el mismo estilo de los depredadores que él en otro tiempo combatió, y que ahora se valen de su caso para desestabilizar a la institución.

En plata blanca, Hernández Caamaño salió de su puesto por desleal, por traicionar la confianza que en él depositó Rafaela Vos Obeso, y por intentar clavarle el cuchillo por la espalda, aun siendo Vicerector. A este señor se le subió el humo del poder a la cabeza, y por eso ya no cumplía sus exigentes funciones como era debido, y no contento con eso, se dedicó a intrigar contra la Rectora.

Sus funciones requerían de la total confianza de su jefe inmediato, que era la Rectora, y si el personaje actuaba violando la lealtad que Vos Obeso había depositado en él ¿qué era lo más lógico? Que Hernández Caamaño saliera de la Vicerectoría Administrativa, como en efecto ocurrió, al declarársele insubsistente, a raíz de su comportamiento desleal.

El despido de este Vicerector aceleró la furia de los depredadores, que utilizaron una “denuncia” suya, para continuar los ataques desmedidos, y basados en la desinformación, contra la Doctora Vos Obeso.

La sindicación de Hernández Caamaño está relacionada con unos supuestos contratos mal hechos entre la institución y un contratista, los cuales habrían servido, según los pasquines internos, para que ciertos miembros de la administración se lucraran con coimas, serruchos y ese tipo de cosas que salen en la jerga de los pasquines.

Es decir, la salida abrupta del Vicerector Administrativo y su simultánea sindicación de irregularidades en la contratación, le sirvieron a los depredadores para acrecentar la campaña de desprestigio contra la Rectora, siempre bajo la perspectiva de asaltar su cargo, liderados por un oscuro personaje de ingrata recordación entre los núcleos serios del Alma Mater.

El asunto que sirvió de detonante de las críticas de Hernández Caamaño tuvo que ver con un contrato que pasó por el Departamento de Bienes y Suministros, oficina adscrita a la Vicerectoría Administrativa, cuyo jefe era el retirado Vicerector.

Casi simultáneamente con su destitución, Hernández Caamaño empezó a propalar la especie de que había un contrato irregular del arquitecto José Antonio Caballero Suárez, por cuanto la empresa de este, llamada Arquitectura Ingeniería, aparecía en la Cámara de Comercio de la Guajira con matrícula cancelada.

La confusión se presentó, según la jefa de la oficina mencionada, porque el arquitecto José Antonio Caballero Suárez incurrió en la imprudencia de presentar una cuenta de cobro colocando el logo de la firma Arquitectura Ingeniería (que él había cerrado de tiempo atrás), cuando debía hacerlo en su condición de persona natural, como le fue requerido después por la autoridad universitaria competente.

Además, el señor Caballero Suárez contrató con la institución como arquitecto, es decir, como integrante de una profesión liberal y, según el Código de Comercio, las actividades relacionadas con las profesiones liberales no son consideradas actos de comercio o mercantiles por lo cual, quienes las ejerzan, no tienen la obligación de estar inscritos en el Registro Mercantil.

En consecuencia, la institución no cometía ninguna irregularidad pagando una cuenta ($29.356.752 m/l) al señor José Antonio Caballero Suárez, porque este actuó como persona natural y como integrante de una profesión liberal, que no tenía obligación de presentar Registro Mercantil de ninguna Cámara de Comercio de ningún lugar.

Por lo demás, todos los contratos que efectúa la institución han sido sometidos a procesos regulados por las normas internas y externas para la escogencia de contratistas. Él, como persona natural, reunía todos los requisitos de ley para participar en las convocatorias y para celebrar contratos con la Universidad, si ofrecía las mejores condiciones.

Toda la información sobre su contrato y sobre los procedimientos seguidos para su caso particular (y para el de otros contratistas), están publicados en la página oficial de la Universidad, en la entrada CONVOCATORIAS. Cualquier persona interesada, sea abogada o no, sea amiga o enemiga de la actual administración, puede acceder a esa información sin ningún problema.

Al entrar a CONVOCATORIAS accederá fácilmente a las INVITACIONES PÚBLICAS DE MAYOR CUANTÍA y, desde allí, a las ABIERTAS, a las ADJUDICADAS y a las DESIERTAS. Después de revisar a fondo los procesos de contratación públicos de la Universidad podrá establecer que estos se han desarrollado, bajo la administración Vos Obeso, con apego estricto a las normas vigentes de carácter interno y externo, y con una transparencia muy difícil de poner en tela de juicio con chismes y consejas.

Pero el asunto de fondo que debatimos aquí es, precisamente, que los depredadores tildan a la Doctora Vos Obeso de corrupta por el contrato que se le entregó al Doctor José Antonio Caballero Suárez quien, como hemos visto, podía contratar con la Universidad sin necesidad de presentar Registro Mercantil, por ejecutar unos servicios como profesional liberal.

El error de este contratista, al presentar inicialmente su cuenta de cobro con el logo de una empresa sin Registro Mercantil, fue el Florero de Llorente para exacerbar el escándalo. Ese fue un error menor ya corregido, pero aún expuesto por los clientelistas y politiqueros internos como prueba de corrupción de una administración que está combatiendo a los corruptos.

PERO EL HECHO QUE DESVANECE EL INFUNDIO DE LOS POLITIQUEROS CONSISTE EN QUE AÚN LA CUENTA DEL SEÑOR CABALLERO SUÁREZ NO HA SIDO PAGADA POR LA UNIVERSIDAD, A LA ESPERA DE QUE SE ACLARE DEL TODO ESTE PENOSO ESCÁNDOLO PROVOCADO POR HERNÁNDEZ CAAMAÑO.

Si no hay pago de cuenta, no se materializa ningún acto de corrupción, por la vía de las coimas o por cualquier otro mecanismo. Y el error que se pudo cometer con el logo de la empresa Arquitectura Ingeniería, tampoco sirve para tipificar un acto de corrupción, pues el pago no se haría a esa empresa sino a una persona natural que no necesita Registro Mercantil, puesto que se trata de un experto de una profesión liberal, como es tipificada la Arquitectura, de acuerdo con las normas nacionales.

De tal manera que el Doctor Hernández Caamaño incurrió en un grave error de apreciación, al caracterizar un procedimiento interno como corrupto, sin serlo. Hay algo de mala fe de este exfuncionario, expresada en un comportamiento desesperado e irrespetuoso hacia sus compañeros de trabajo y hacia la Rectora, al someterlos al escarnio público, sugiriendo que son corruptos por unos hechos que no dan para tanto.

Hernández Caamaño debe explicar a la comunidad universitaria (y a la ciudadanía) ciertas exigencias inadecuadas que le hizo a la administración. Él podía ser destituido, como en efecto lo fue, porque era un funcionario público de libre nombramiento y remoción.

Por su condición de empleado público, y por no perder su empleo por cuenta de una reestructuración administrativa, no tenía el derecho de exigir el Retén Social que dispone la ley para las personas prejubilables.

Si su situación era esa, ¿por qué el señor Hernández Caamaño le exigió a la Rectora Vos Obeso que lo cobijara con el mecanismo del Retén Social, a sabiendas de que no tenía derecho a este? ¿Este fue uno de los motivos de la pelea que Hernández Caamaño cazó con la Rectora Vos Obeso?

De seguro que si la Rectora hubiera accedido a la petición ilegal del señor Gaspar Hernández Caamaño, ahí sí habría incurrido en un acto de corrupción que, de seguro, le habrían cobrado con saña los depredadores.

Pero el pecado de Vos Obeso consistió en consultar con sus abogados y en decirle al señor Hernández Caamaño que él no tenía derecho a lo que pedía y que, por tanto, no podía acceder a su petición irregular, según las normas establecidas.

Hay que preguntarle a Hernández Caamaño, otra vez, por qué, si apareció en los medios como un baluarte de la anticorrupción, le pidió el beneficio del Retén Social a la Rectora, a sabiendas de que ella podía incurrir en un acto ilegal si se lo concedía.

El primero de agosto del año 2016, el Juzgado Once Administrativo Oral de Barranquilla, a cargo del Juez Huberlando Peláez Núñez, falló en primera instancia una demanda interpuesta por el señor Gaspar Hernández Caamaño, en la cual solicitaba el beneficio del Retén Social a que decía tener derecho como persona prejubilable.

La respuesta del Juez Once se basó en la jurisprudencia emanada de la Corte constitucional, según la cual a los funcionarios de libre nombramiento y remoción no se les podía conceder ese derecho, a menos que la institución pública fuera objeto de una reestructuración capaz de lesionar los intereses del trabajador.

El demandante era empleado público de libre nombramiento y remoción, y la Universidad del Atlántico no se encontraba en un proceso de reestructuración, por lo cual las pretensiones del señor Hernández Caamaño fueron negadas en el fallo del Juez.

Esto significa que la Rectora tenía razón al negarse a conceder, por la vía de la emisión de una Resolución, el pretendido Retén Social a Hernández Caamaño. También tuvo razón la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Uniatlántico, Doctora Fanny Bayona, quien se negó a dar concepto favorable a las pretensiones del ex Vicerector, apoyada en la normatividad legal vigente, que fue la misma utilizada por el Juez Once Administrativo Oral de Barranquilla para negar las pretensiones del demandante.

En el proceso de conciliación interna, la Doctora Bayona no accedió a conciliar con el señor Hernández por una suma de $800.000.000 (ochocientos millones de pesos), porque su petición de Retén Social violaba las normas establecidas. Esta respuesta dio pie a la furia del demandante, quien denunció a la Doctora Bayona de amenazarlo de muerte. Este litigio legal también lo perdió el señor Hernández, pues la autoridad competente tampoco encontró evidencias para corroborar su denuncia de amenazas contra su vida.

Uno comprende la desesperación del señor Hernández Caamaño por garantizar su estabilidad y su futuro a través del mecanismo de una pensión honorable. Pero lo que resulta inconcebible es que este personaje haya orquestado toda una pataleta mediática por el hecho de que la Rectora y los demás funcionarios de la institución le hayan negado lo que pretendía, ciñéndose a derecho.

La actitud de Gaspar Hernández Caamaño fue completamente inadecuada, y no se compadece con la calidad de un abogado tan conocedor de los intríngulis del derecho administrativo. Si la Rectora Vos Obeso le hubiera concedido lo que pedía, violando la jurisprudencia vigente, ahí si era posible tipificar un acto de corrupción realizado para favorecer a un amigo, o a un funcionario que le era afecto, pasando por encima de las normas del derecho, sin ningún respeto.

Pero, por esas paradojas de la guerra mediática, quienes están hoy en el ojo del huracán son la Rectora y sus funcionarios, que se han ceñido completamente a ley para no perjudicar a la institución con una probable demanda multimillonaria y para no incurrir en actos de corrupción, al otorgar beneficios ilegales a personas que no tienen derecho a ellos, como ha ocurrido con el señor Gaspar Hernández Caamaño.

¿Existe corrupción en la Universidad del Atlántico? Por el conocimiento documental y por los testimonios orales recabados debo asegurar que no existe corrupción en la institución, y que la Rectora y su equipo han manejado con pulcritud y transparencia los asuntos universitarios, siempre con apego a las normas legales vigentes.

Lo que sí existe en la universidad es una batalla deshonesta, orquestada por los depredadores, para sacar de su cargo a la Rectora, porque no ha cedido a las pretensiones de los clientelistas y politiqueros de cambiar cargos y presupuesto por apoyo político.

El señor Gobernador, los miembros del Consejo Superior, las autoridades nacionales y la comunidad universitaria deben tener muy claro qué es lo que se juega en la Universidad del Atlántico. Aquí hay una confrontación muy fuerte entre una jauría de depredadores de lo público, y una Rectora que está esforzándose por evitar que esos parásitos del Estado consigan de nuevo el control de la institución.

El peor escenario posible es que los clientelistas y politiqueros asuman otra vez el manejo de la Universidad, a través de un rector que se preste para sus prácticas turbias. El mejor escenario es que la persona que reemplace a la Rectora actual prosiga la política de transparencia que ella implementa, y mantenga la estrategia de apartar de los cargos de dirección a los jinetes de la corrupción.