La próxima elección a Congreso brinda una oportunidad inmejorable para ejercer el voto castigo contra los corruptos. Un bastión de la corruptela que ha secuestrado la democracia y las instituciones estatales es, precisamente, el Congreso Nacional.

Esa instancia democrática se convirtió, desde hace mucho tiempo, en el nicho más importante de los politiqueros y clientelistas que alcanzan su curul a punta de clientelismo, de la compra de votos y de otros medios que envilecen el proceso democrático, y que lo arrodillan ante el poder del dinero.

Quien compra una curul a Senado o Cámara no es para servirle a la comunidad, sino para recuperar su inversión y obtener ganancias extraordinarias a punta de contratos leoninos, de serruchos, o de la toma de las instituciones públicas para depredarlas, como ha ocurrido en la nación.

No es fácil ejercer el voto castigo contra los corruptos porque la mayor dificultad quizás no sean ellos mismos, sino el pueblo raso. La corrupción de alto vuelo es patrocinada por las élites, pero alimentada desde abajo por votantes que no alcanzan a percibir que los principales perjudicados por ella son todas las personas que no pueden acceder a servicios básicos, como salud o agua de calidad, porque el dinero de los impuestos (o de las rentas del Estado) se va hacia las manos inescrupulosas de los políticos depredadores.

Las elecciones a Congreso son una oportunidad para empezar a desmontar la dictadura de las empresas electorales y de los políticos ambiciosos que han convertido los dineros públicos en un botín, en la ubre de la cual beben para engordar sus chequeras.

En casi todos los partidos hay personas que podrían hacerlo mejor que los depredadores, representando los diversos intereses de la sociedad. No es posible continuar con el círculo vicioso de elegir a quienes pagan para hacerse congresistas, pues su único objetivo es robar para salir de las deudas y para enriquecerse.

La corrupción drena millones y millones de pesos hacia las chequeras privadas, y los saca del presupuesto destinado a los servicios públicos, a la educación, a la alimentación de los niños, entre otros rubros. La corrupción es indirectamente proporcional a la eficiencia estatal y al respeto de lo público. Es la principal lacra que nos lacera, después de la violencia y la polarización.

Por estas razones, la sociedad necesita escoger para el Congreso a personas que respeten el erario y que velen porque las instituciones públicas funcionen del mejor modo posible, libres de la politiquería, el clientelismo y los corruptos.

Si votamos por quienes se comprometan con combatir la corrupción, estaremos dando un paso muy importante para rescatar nuestra maltrecha democracia de uno de los males más graves que la aquejan. Un Congreso secuestrado por los corruptos nunca puede ser un instrumento idóneo para ayudar a combatir el flagelo de la corrupción.

Por eso, el primer paso es darle otra vez la oportunidad de representarnos a los políticos que han demostrado estar por fuera del círculo vicioso de la corrupción, y elegir nuevos dignatarios con la esperanza de que no cedan ante las tentaciones del poder y del dinero.

La lucha contra la corrupción pasa por llevar al Congreso personas comprometidas con el manejo limpio de la plata del Estado y con la defensa de lo público. Para eso es prioritario renovar la política, renovando nuestra máxima representación.

Un Congreso sin corruptos, o con los corruptos reducidos a su mínima expresión, será otra potente arma en la lucha contra la iniquidad y contra el mal funcionamiento del Estado. Esta utopía y esta esperanza serán realizables si los votantes así lo deciden.