El político y lo público
Muchas veces se ha dicho y escrito que la política es el reino de la corrupción, en un intento por dibujar las características morales o éticas que tipifican a la mayoría de los políticos. No les falta razón a quienes piensan así pero, para bien o para mal, la política es un mal necesario de las sociedades contemporáneas y, por esa razón, es nuestra tarea analizarlo y buscarle correcciones.
La política se relaciona con los partidos, con el Estado y con el individuo. Es el escenario en el cual se despliega el poder y en el que se concreta la acción partidaria, caudillista, tradicional o legal. La política usa todos los medios, pero su principal instrumento es el poder político que se concreta en el Estado, o el partido que busca su control mediante la violencia o utilizando instrumentos electorales.
Lo público es, por definición, lo que está en manos del Estado y que no pertenece a los privados; sin embargo, a menudo un servicio público puede ser manejado por individuos, asociaciones o empresas privadas, como ocurre con los taxis, los centros comerciales o con la venta de agua o energía.
En Colombia, casi siempre identificamos lo público con lo que está en manos del Estado, en el nivel nacional, regional o local. Y lo que “pertenece” al Estado, en teoría, le pertenece a todos (al pueblo) y, por ese hecho, no es propiedad de nadie en particular. Esta condición de lo público lo hace muy frágil ante la acción de los políticos.
Lo público que se expresa a través del Estado no son solo instrumentos de poder político o militar sino un conjunto de instituciones a través de las cuales se satisfacen necesidades sociales, como ocurre con la educación pública primaria y secundaria o con los universidades.
La relación entre el político y lo público es demasiado compleja y problemática porque cuando asciende al poder quedan en sus manos recursos monetarios, cargos y un poder a veces casi discrecional para hacer con las instituciones lo que le viene en gana.
Este es el fundamento del modelo clientelista basado en prebendas que domina el ejercicio de la política en la mayoría de los países de occidente. Y esta es la base de las prácticas politiqueras y clientelistas que han acabado con muchas instituciones de servicios públicos sociales en nuestro país.
Ese es un asunto que parece no tener solución puesto que la mayoría de los políticos desarrollan su actividad aguijoneados por los contratos, por la posibilidad de arrancarle tajadas al presupuesto o con la idea fija de utilizar los cargos para acomodar a sus amigos, partidarios o calanchines. La prebenda, el puesto y el erario es lo único que moviliza a esos mercenarios de la politiquería, que están incrustados en todos los sectores del espectro político.
Una de las soluciones que ha entregado buenos resultados en el combate de ese flagelo a nivel internacional consiste en blindar las instituciones públicas, aislándolas de la rapacidad desmedida de los politiqueros y clientelistas. Esto pasa por la ubicación en los cargos de funcionarios vinculados mediante sus méritos, y no sobre la base de su ideología o militancia partidista.
Desde luego que el blindaje también tiene que ver con las herramientas legales que se puedan crear para facilitar el funcionamiento institucional, con las penalidades que deberán sufrir los funcionarios que no respeten lo público y con los premios y el honor social que se deriva de su comportamiento respetuoso.
La estructuración de carreras de tipo técnico o administrativo es otra estrategia que se ha venido ensayando desde hace mucho tiempo para proteger a las instituciones estatales de los embates destructivos de la politiquería. La creación de un blindaje interno de las características descritas con un apoyo legal y político externo es lo que ha permitido el correcto funcionamiento de la educación pública en Finlandia y de algunas instituciones públicas nacionales, como el Banco de la República.
Pero otro asunto de fondo vinculado a la problemática se relaciona con la textura de los partidos y de los políticos. Los primeros casi siempre se comportan como empresas de rapiña que van a las elecciones (y que ansían el poder) solo para conseguir prebendas, puestos y plata. Esta es una práctica tradicional en Colombia que ha ayudado a corromper la política.
El político promedio en nuestro país es detestable, si le aplicamos la metodología sociológica que esbozó Max Weber. Para este pensador, un político debía poseer pasión, responsabilidad y mesura. Pasión por sus ideas y proyectos y por su papel social; responsabilidad para hacer lo adecuado, respetando lo público y a los demás; y mesura para no hacer o decir lo que no conviene (Max Weber, La política como vocación, http//rbthrconcepto.ning.com).
Es muy difícil encontrar aquí políticos por vocación, según el modelo planteado por Weber. A menudo lo que predomina en nuestro medio es un montón de charlatanes y demagogos, cuyo interés exclusivo consiste en convertir las instituciones públicas en un medio para concretar sus fines ideológicos, para satisfacer sus necesidades económicas personales o las de sus caudas electorales.
Lo ideal sería contar con políticos que manejaran una vocación sincera (una pasión profunda por las ideas y proyectos para cambiar o mejorar la sociedad) y responsabilidad frente a lo público. Una responsabilidad ética que los induzca a considerar el dinero público y las instituciones públicas como algo que debe ser defendido del embate de los depredadores.
Si se concreta la paz, el país requerirá de esta clase de político que no ceda ante el contexto de corrupción y que sepa manejar, con mesura, su pasión reformadora. Esa es una clase de político distinto al que ha dominado la escena en nuestra nación desde los comienzos de la república.
Un político con responsabilidad ética que respete lo público por convicción, porque le nace hacerlo así, y no por imposición o presión externa. Esta sería otra adecuada salida para hacer que lo público cumpla sin grandes tropiezos su importante función social.
Un blindaje interno imprescindible, normas legales que metan en cintura a los corruptos, el desarrollo de los funcionarios de carrera, partidos políticos que respeten lo público y el acceso al poder de políticos por vocación serían estrategias convenientes para preservar y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.
Aunque parezca un sueño lo escrito, no queda otro camino que mejorar la calidad de los derechos y deberes, encontrar herramientas para combatir la desigualdad económica y la falta de oportunidades, y respetar y mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas y de todo lo público.
Y como uno de los peores asedios a lo público proviene de los políticos, otra tarea del momento consiste en mejorar la calidad de los partidos y del político que lo integra. ¿Cómo hacerlo? Esa es una ardua tarea que le compete a la familia, a la educación formalizada, a los partidos y al propio político.
Que no sea fácil conseguir un político con ideas democráticas, reformistas y con responsabilidad ante lo público y la sociedad no quiere decir que no debamos intentar alcanzarlo. Eso es muy difícil, pero no es imposible de lograr. La prueba es la gran cantidad de funcionarios probos que trabajan en nuestro país, y los políticos serios de todos los partidos que no se han dejado corromper.
Pasión, responsabilidad y mesura: tres parámetros de conducta que deben iluminar a todo político serio en el cumplimiento de su tarea directriz. Que sea difícil lograr eso no quiere decir que sea imposible.
