El paro de las universidades públicas, dirigido por nuestros estudiantes, contribuyó a poner en la escena nacional el problema de la desfinanciación de estas. Así mismo, presionó al gobierno para que se comprometiera en una salida, que no es completa, pero es una solución parcial importante.

El gobierno, en reunión con los rectores, firmó el compromiso de incrementar el presupuesto para funcionamiento e inversión en el año 2019 teniendo en cuenta no solo el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino 3 puntos más para este año, y 4 puntos por encima del IPC para los años siguientes, hasta el 2022.

El dinero para cubrir estos rubros saldría, sobre todo, de los fondos nacionales de las regalías. De hecho, esta solución representa un descongelamiento de la situación lamentable que se derivó de atar las transferencias nacionales a las universidades solo a la inflación, es decir, al IPC.

Una de las causas más importantes del déficit estructural de la Universidad Pública se derivaba de que, desde la Ley 30, los ingresos anuales estaban atados al IPC, mientras el crecimiento de ella requería muchos más fondos de los girados por el gobierno, o de los que provenían de la autogestión.

El acuerdo firmado por el gobierno y los líderes de la SUE permitiría que las universidades no colapsen y se mantengan funcionando. Este compromiso ha sido aceptado por los rectores (quienes también hacen parte del movimiento), pero ha recibido críticas de parte del estudiantado.

En general, la lucha por más presupuesto para la Universidad Pública integró a todos los sectores universitarios, sin distingo de ideología o posición política, y sin discriminar porque se tratara de profesores, trabajadores, estudiantes o rectores.

Lo que unió a todos fue, precisamente, el hecho de que es una lucha justa con un motivo correcto: la defensa de la Universidad Pública, lo cual es, también, la defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que no pueden pagar una matrícula alta en una universidad privada.

Por este motivo, en las marchas iniciales (sobre todo el 10 de octubre) se movilizó la mayoría, dispuesta a batallar por más presupuesto, y a defender la educación superior pública como un patrimonio de los sectores populares, y como un importante instrumento en la batalla contra la desigualdad social.

El paro indefinido se inscribe en ese proceso que buscaba llamar la atención de la ciudadanía, presionar a las autoridades para hacer visible el problema y garantizar, si no su solución completa de inmediato, un compromiso del gobierno para enfrentar el déficit lo más rápido posible.

Es un logro, a nivel nacional, que el problema de la Universidad Pública esté posicionado, y que todos hablen con simpatía de sus universidades, y de la necesidad de que el alto gobierno asuma los compromisos y adecúe las medidas para enfrentar la situación.

Ese logro se debe, sobre todo, al esfuerzo de nuestros estudiantes, quienes asumieron como propia la denuncia adelantada por los rectores de la SUE, quienes fueron los primeros en mencionar el karma del déficit, puesto que este conspiraba contra la buena marcha de sus instituciones, y ponía en riesgo su gestión, aparte de hacer pender sobre todos la posibilidad del cierre de la Universidad Pública, por física asfixia económica.

En este contexto, el paro indefinido ya cumplió su propósito central como estrategia de lucha. Es necesario ahora seguir batallando con otros métodos y con las universidades abiertas. Se hace imprescindible comprender que el motivo del movimiento no ha desaparecido, pero que ha quedado establecido en la agenda nacional como una prioridad por la que hay que proseguir luchando.

Continuar con el paro indefinido podría traer consigo un desgaste innecesario y significa, también, golpear otros intereses que no es pertinente herir, pues tienen que ver con estamentos que están a favor del movimiento por la defensa de la Universidad Pública.

Concretamente, la continuidad del paro indefinido amenaza el semestre académico de las mayorías estudiantiles, y pone en riesgo los contratos a término definido de muchos de nuestros profesores, trabajadores y funcionarios (entre los cuales hay estudiantes).

El propósito del paro indefinido era, como ya se consignó, visibilizar la crisis de la Universidad Pública, colocar en el centro de la agenda nacional la problemática de esta, y obtener del alto gobierno compromisos concretos de tipo económico para empezar a paliar el asunto. En todos estos campos el movimiento consiguió logros.

Se comprende la posición de los sectores estudiantiles que aspiraban a más en el terreno del presupuesto. Pero no debe olvidarse que la batalla por la Universidad Pública sigue, y que lo ocurrido este año fue magnífico, aunque todo el déficit no haya sido cubierto.

En consecuencia, levantar el paro no es traicionar la causa sino recargar energías para el futuro, valorando y preservando los intereses de las mayorías estudiantiles, centrados en la continuidad y conclusión del semestre académico, y en abrir las universidades para la academia, la cual también ha sido uno de los objetivos básicos del movimiento.

Es bueno pretender tocar el cielo con las manos, pero siempre con los pies bien puestos sobre la tierra, para no dañar los procesos y, tampoco, golpear a quienes se busca defender. Un paro indefinido cumple su papel en el marco del movimiento, pero no es el movimiento en su totalidad, ni agota todas las formas de lucha posibles dentro de este.

Levantar el paro indefinido tampoco representa convalidar ninguna traición o es sinónimo de escasez de hormonas. Es solo un cambio de táctica en una batalla por la Universidad Pública, que promete ser muy interesante y muy larga, donde se requiere combinar diversas formas de lucha, sobre todo aquellas que no lesionen el movimiento ni la academia, y mantengan, en la medida de lo posible, la universidad abierta.

Un paro indefinido tiene sus pros y sus contras. Llama mucho la atención, atrae al periodismo, presiona a las autoridades, etcétera, pero también conspira contra el movimiento, porque cierra la universidad y envía para sus casas a las mayorías, cuando lo que pide la coyuntura es mantenerlas ahí, en el centro de la movilización.

Levantar o no un paro no es un problema de hombría o de falta de hombría, ni de ponerse a ver traiciones por todos lados, sino de analizar con calma las características de la coyuntura, sopesando a fondo los pros y los contras. El tema pasa por el intercambio de argumentos, no de agresiones.

¿Conviene mantener el paro indefinido destrozando el semestre académico? ¿Es correcto persistir en esa táctica, sin tener en cuenta los intereses de un grueso número de profesores y empleados de la institución? ¿Es adecuado seguir batallando con la universidad cerrada, sin las mayorías al lado, y bajo el impulso impredecible de la testosterona?

El cambio de táctica, si se acepta este cambio, no debe darse empleando métodos violentos. Es hasta cómico que hayamos salido casi todos, en mayoría, unidos por una causa común en el mes corto que ha durado la batalla, y que ahora, por el debate del cambio de táctica, terminemos reventados, dándonos palo unos contra otros.

Esto no le conviene al movimiento por la defensa de la Universidad Pública, pero sí se adapta a los intereses de quienes quieren cerrarla, por cualquier motivo. La ruta para resolver este conflicto táctico no puede ser la violencia, sino el diálogo, las asambleas y los buenos argumentos.

Es decir, un diálogo basado en la reflexión crítica, en el análisis sereno y en los intereses a largo plazo del movimiento y de toda su gente. ¿A quién le conviene una universidad cerrada, y con sus estamentos destrozándose porque no son capaces de resolver sus conflictos internos por la vía democrática y del respeto?