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El país donde nadie pagaba impuestos

En un país en el que pagar todas las obligaciones fiscales con el Estado muchas veces se siente como una odisea, sorprenderá saber que son, en realidad, muy pocos los colombianos que realmente experimentan el peso de honrar sus obligaciones con el aparato gubernamental. Quejarse de los impuestos es una muletilla social, probablemente un acto común a casi todos los seres humanos del planeta. Sea Colombia o Noruega, Francia o Turquía, allá donde haya un Estado nación consolidado, habrá un ciudadano quejándose de tener que rendir tributo al poder político que controla el suelo en el que nació.

Sin embargo, que todos se quejen no quiere decir que todos vivan las mismas realidades, sobre todo en países en los que existan desigualdades profundas, baja capacidad estatal (que el Estado no alcance muchas partes de su territorio), y gobiernos ineficientes o clientelares. Colombia se ajusta a este perfil y, por esto, no es sorpresa que las relaciones de gran parte de la población con los impuestos sean sumamente dispares. Mientras las personas de estrato 1, 2 y 3 reciben, por ejemplo, todos los servicios públicos (acueducto, energía, gas, etc.) a un precio por debajo del costo de mercado (o sea, pagan menos de lo que realmente valen); las personas de estratos 5 y 6 pagan precios por encima del valor de mercado, para financiar la rebaja que reciben las personas más desafortunadas de la sociedad. El estrato 4, en teoría, paga las cosas al precio de mercado.

Esto, aunque a priori suena justo y necesario, provoca, en realidad, gran cantidad de dificultades. En primer lugar, va a generar un evidente problema de balance de cuentas. Para sostener los precios ‘solidarios’ de los estratos 1, 2 y 3, el Estado tiene que hacer malabares. De acuerdo a los datos del Censo de 2018, alrededor del 80% de las viviendas en Colombia se encuentra ubicada, precisamente, entre los estratos 1, 2 y 3. Los estratos 5 y 6, en cambio, concentran, aproximadamente, un 5% del total nacional ¿Cómo puede el 5% del país costear los gastos en los servicios públicos del restante 80%?, la respuesta es que no puede.

El Gobierno sostiene el precio subsidiado de los servicios públicos de los estratos más bajos con otras técnicas, todos los impuestos que el Estado recauda se movilizan para mantener vivas estas transferencias de dinero. Esto sucede con absolutamente todo servicio prestado por el Estado a precios que no se correspondan a los del mercado, nada es gratis en este mundo. Podría parecer que esto es necesario, que así deberían ser las cosas porque los pobres necesitan ayuda para poder subsistir en medio de las injusticias de nuestro país. No obstante, en esta mentalidad se encuentra, en realidad, la causa de la misma pobreza que les aqueja.

Hace tiempo en otra columna hablaba sobre la presión fiscal que enfrentamos los colombianos, en este texto explicaba que la carga fiscal en Colombia equivaldría a que un alemán, por ejemplo, tuviera que pagar un 62% de sus ganancias en impuestos (los alemanes pagan alrededor de un 41% de sus ganancias en impuestos). Esto es una bestialidad, y, sin embargo, el cálculo se queda corto, pues no toma en cuenta la desigualdad en la forma en que pagamos esos impuestos. Si tomamos en cuenta que una gran parte de la base piramidal de la población colombiana no paga una cantidad significativa de impuestos, resultará obvio, entonces, que la presión fiscal sobre el resto de la población se incrementa.

Los problemas que hemos estado discutiendo hasta ahora son estructurales, así se ha planteado que funcione el sistema y esto ahoga a unos pocos para ‘favorecer’ a unos muchos. No obstante, ahora entra en escena otro problema que no es para nada estructural, se trata de la debilidad del Estado colombiano. Debido a la discapacidad de nuestro Estado para alcanzar gran parte del territorio geográfico, hay muchas personas que se quedan fuera de la estructura recolectora fiscal de los gobiernos. Aún peor, hay lugares que son alcanzados, pero el Estado carece de la fuerza e información necesarias para perseguir a los evasores de impuestos, por lo que estas personas también se quedan fuera el pago de impuestos. Así que la presión sobre los pocos que pagan se incrementa todavía más.

Al final del día, no sería extraño que para algunas personas en este país la presión fiscal sea la equivalente a lo que sentiría un alemán si el Estado le quitara el 75% o 80% de sus ganancias. Ahora bien, algunas personas –quizá poseídas por el espectro de Marx- podrían pensar que esto es justo, que así debe ser, porque estos son los malvados capitalistas que le roban al pobre el valor de su trabajo. Sin embargo, como escándalos como los Pandora Papers nos han dejado claro recientemente, los verdaderos malvados ‘capitalistas’ (pésimo nombre, además, porque son, más bien, malvados gobiernistas), no pagan impuestos, usan todo su poderío para escapar al famélico aparato fiscal del Estado colombiano.

Los que pagan impuestos son los que tienen suficiente excedente como para pagar tributo, pero no suficiente para escapar al sistema. Vamos, que estamos hablando de la clase media, como siempre. Ese nebuloso concepto social que nunca se sabe bien dónde empieza y dónde termina, pero que de alguna manera mantiene este disfuncional país andando. Y lo que la clase media no alcanza a financiar, el Estado se lo termina substrayendo (ahí sí) a la población como un todo a través de la adquisición de deuda y la impresión de billetes (a través de inflación, pues).

Esto es un desastre para los más pobres que, tan frecuentemente, defienden sus subsidios y transferencias ‘solidarias’ con dientes y uñas. Al empobrecer a las pocas personas (clase media) que en el país han logrado suficiente capital como para impulsar el desarrollo de micro, pequeñas o medianas empresas, la producción de empleo se hace casi que imposible. Además, el poco empleo que se crea solo surge en sectores muy básicos, las únicas franjas de nuestra economía en las que podemos consumir, pues muy pocas personas tienen suficiente dinero como para consumir en sectores de mercado complejos.

Para solucionar el problema del desempleo, entonces, el Gobierno empieza a crear puestos de trabajo en el sector público y, como es lógico, les paga a las personas con dinero público, extraído de más impuestos, en un círculo vicioso de nunca acabar. Inmediatamente algún sector de la población empieza a incrementar sus ganancias, a salir del pozo, el Estado crea una nueva ley, una nueva regulación, para quedarse con este dinero y mantener su ineficiente entramado de subsidios.

¿Por qué hacen esto los gobiernos?, pues muy simple, no lo hace porque crean fielmente en que el Gobierno de un país debe redistribuir las riquezas para ayudar a los más desfavorecidos, lo hacen para mantenerse en el poder. Es más fácil votar por el Gobierno del partido político que te da trabajo, que votar por el partido que creó las condiciones necesarias para que te dieran trabajo en la nueva empresa de consultoría informática que abrió en la ciudad. En el primer caso es fácil establecer el vínculo, en el segundo, no.

La respuesta a todo esto no es, finalmente, a la que algunas personas han llegado recientemente. “El Estado nos roba, que nadie pague impuestos, lo de los Pandora Papers no solo es legal, es correcto normativamente”. La anarquía sería mucho peor que la enfermedad de un Estado extractivo, algo de eso sabrán los comerciantes de las principales ciudades del país que últimamente tienen que pagar tributo a todo tipo de banditas criminales, consecuencia, precisamente, de casi encontrarse viviendo en anarquía.

La solución es, en realidad, que absolutamente todos empiecen a pagar lo justo, sin distorsiones introducidas por el sector público. Que los más pobres paguen y no evadan, que los más ricos también paguen y no evadan, no solo los de la mitad. Si es necesario, entonces, cobrar menos impuestos para que las personas puedan sostener los nuevos gastos que les surgirán, pues que así sea, cuando el Estado deje de subsidiar tantas cosas, también necesitará recaudar menos. Este tipo de cosas no se consiguen de la noche a la mañana, son graduales, pero necesarias. De lo contrario, solo se crearán más y más incentivos para que, el día de mañana, absolutamente todos aparezcamos en la próxima entrega de los papeles de Pandora.