Algunas personas piensan que el otorgamiento del Premio Nobel de Paz al Presidente Juan Manuel Santos representa el impulso definitivo que necesitaba el proceso de paz, luego de la derrota en el plebiscito del 2 de octubre pasado. Pero esta apreciación no se acerca a lo que ocurre realmente en la nación.

En el plano internacional, ese premio quizás reforzó el juego de aliados y la simpatía con respecto al proceso de algunos grupos o personas de diversos países. Pero el efecto del Nobel sobre los sectores políticos y los gobiernos que le apostaron a apoyar a Colombia es prácticamente imperceptible, pues su apreciación de la paz nunca dependió de ese reconocimiento, sino de su visión progresista con respecto al funcionamiento de la vida en sociedad en toda la tierra.

Internamente, tampoco se ha producido un efecto que cambie la correlación de fuerzas y que transforme el tono del enfrentamiento entre quienes apoyan y los contrarios, definiendo la lucha a favor de la paz de una vez por todas. Lo que ocurrió en el Congreso no es una consecuencia del otorgamiento del Nobel, sino de la batalla entre fuerzas muy poco influenciables por ese premio.

Parafraseando a Gaitán, el país político que se expresa en el parlamento y en el gobierno es proclive, por mayoría abrumadora, al proceso de paz con las guerrillas; pero el país nacional está dividido en dos partes equilibradas, y bajo la influencia de un país político enfrascado en una profunda guerra sin balas, pero muy fuerte y sin temor a masacrar los escrúpulos.

En toda la sociedad persisten los partidos y las personas que le apuestan a los acuerdos y a la paz negociada, pero también quienes confrontan esa opción con toda clase de argumentos, con mentiras o escondiendo sus intenciones reales, que buscan sabotear la paz mediante el uso todas las formas de lucha.

Lo que ocurrió después de la derrota del Sí el 2 de octubre sirve para demostrar que el Centro Democrático y los demás núcleos reaccionarios del país no están interesados en la paz, pues ninguna reforma satisfará lo que realmente quieren: sabotear la paz porque les conviene más la guerra.

Ese comportamiento político no es exclusivo de la élite reaccionaria, pues expresa lo que siente por lo menos la mitad del pueblo colombiano. En ese pueblo anida una fuerte carga de odio y resentimiento contra la guerrilla, razón principal que lo empuja a votar en contra de los acuerdos y a mantener su recelo con respecto a la refrendación e implementación de los mismos.

Un pueblo con esas características no solo se bebe la desinformación y las mentiras de la élite reaccionaria, sino que las difunde y hasta las crea también. Personas con ese perfil sabotean la paz y se muestran proclives a continuar la guerra al precio que sea y sin importar el tiempo que demore, pues su odio es mucho más potente que la comprensión racional de los probables beneficios de la pacificación.

Es un hecho indiscutible que el conflicto armado polarizó en dos bandos irreconciliables a la élite y a la población colombiana. El fuego de la polarización se avivó con los acuerdos, en vez de apagarse. Las reformas agregadas a estos no ayudaron a acercar a los bandos, como soñaban algunos.

La ultraderecha no quiere nada que huela a reforma agraria ni a justicia transicional, porque esos dos puntos tocan la nuez de sus intereses económicos, y el asunto de los delitos que han cometido los principales aliados del paramilitarismo y del todo vale.

Era una ilusión pretender unir al establecimiento alrededor de unos problemas que los dividen. Los sectores más reaccionarios de las élites regionales vinculados a la tierra ven con terror cualquier reforma agraria, aunque sus propiedades no estén en riesgo. Les parece un mal ejemplo que podría tener consecuencias catastróficas a futuro sobre sus intereses más caros.

El uribismo está comprometido en la guerra, porque representa la contraparte que se alió con los paramilitares para enfrentar a la guerrilla. Es claro que la aplicación de la justicia transicional comprometería a los militares implicados en delitos, pero también a los civiles que les apoyaron desde las altas cumbres del poder y desde otras posiciones de comando.

Estas son las más importantes causas que explican la férrea oposición al proceso de paz y a los acuerdos. Por lo visto, ya las Farc y el gobierno depusieron las armas, pero la élite reaccionaria sigue firme, utilizando todas las formas de lucha.

La ultraderecha nacional va a seguir en la brega, y ningún Premio Nobel podrá contenerla. Toca esperar a que los mecanismos constitucionales y legales funcionen, a través del camino del Congreso y del ejecutivo, para que los acuerdos no solo sean refrendados sino implementados.

A los enemigos de la paz nada los complacerá, y su tarea es continuar saboteando con todos los recursos, incluida la desestabilización de las instituciones, las provocaciones contra el gobierno y sus aliados, o los atentados, si esto es factible.

Por eso, la ruta que resta es tan difícil como la que se recorrió hasta alcanzar los acuerdos. De la atención, claridad y decisión de los que añoran la pacificación dependerá el triunfo final. Pero el sendero sigue aún sembrado de largas espinas