Antes de comenzar con estas líneas considero pertinente indicar mis posiciones, ‘presentar credenciales’. Creo en el acuerdo de paz, voté ‘Sí’ en el plebiscito, creo que las Farc tienen derecho a participar en política, no creo que tenga ningún sentido amarrarse a los rencores del pasado, NO soy uribista.

Aclarado eso, debo decir, con pena en el alma, que no se puede tapar el sol con un dedo, el proceso de paz en Colombia ha sido un fracaso.

Aunque el acuerdo empieza a ver la luz tras casi dos meses de zozobra por la victoria del ‘No’, resultaría desatinado igualar la naturaleza de un triunfo político con los triunfos de un país.

Juan Manuel Santos se ha visto abocado a refrendar la punta de lanza de su Gobierno a través del Congreso, el principal organismo legislativo del país. Esto significa, en la práctica, una victoria casi asegurada para el proceso de paz.

Durante su mandato, el presidente se ha asegurado de construir relaciones óptimas con la clase política estatal. Su porcentaje de aprobación entre los colombianos puede ser de los más bajos de las últimas décadas, pero, entre los congresistas, Santos representa un colega capaz de atender a sus necesidades siempre que se mantengan en un margen razonable.

Esto es lógico y necesario. Hasta hace poco este país apenas y tenía Estado. El poder ‘real’ y ‘efectivo’ del Gobierno era risible. Generar una cohesión firme con una estructura endeble requiere un puño de hierro y una moral flexible, o una habilidad diplomática magistral, siendo este último el caso del actual presidente.

Como país, en todo caso, hemos fracasado. Santos puede repetir en sus discursos que el nuevo acuerdo de paz es el mejor posible, que va de la mano “con la inmensa mayoría de los temas propuestos por los colombianos”, sin embargo, el ‘No’ rotundo de la principal fuerza opositora –encabezada por Álvaro Uribe Vélez- es la clara muestra de que seguimos en el mismo lugar en el que estábamos el 2 de octubre.

Una minoría de colombianos se encuentra dividida entre la aprobación de los acuerdos y algo que está más cercano a la continuación de la guerra como instrumento de eliminación de la divergencia política.  La mitad que está en contra del proceso de paz quiere, en realidad, que se negocie la rendición con la guerrilla de las Farc, aunque no usen las palabras precisas para decirlo.

Por otro lado, todavía existe la apabullante mayoría de colombianos a los que, en realidad, todo este tema les da igual, los millones que no votaron. Millones que, en la práctica, representan una fuerza negativa para el éxito de los acuerdos con las guerrillas, porque para construir una paz real se necesita compromiso, no una masa de apáticos.

El acuerdo de paz con las Farc representa un cambio de paradigma en el destino de una nación terriblemente monótona en sus ideologías políticas, no significa la aceptación de las ideas de una parte u otra, sino el compromiso a respetar el derecho a la existencia de ideologías diferentes. En síntesis: el derecho a disentir.

¿De qué nos sirve el acuerdo si no está respaldado por una mayoría clara de la población nacional? No se trata de ganarle a los que piensan diferente, la política debe servir para construir un país mejor, sino ¿cuál es su propósito?

El fin de semana anterior a la firma del nuevo acuerdo de paz cinco líderes sociales campesinos sufrieron atentados, tres murieron. Desde que comenzó el cese del fuego bilateral y definitivo –hace 90 días- 20 líderes han sido asesinados, como mostró un informe elaborado por la Silla Vacía.

Celebremos el triunfo político entonces, necesario para seguir construyendo un futuro menos violento, para derrumbar los fantasmas de la violencia. Lamentemos la oportunidad desperdiciada como nación, no nos engañemos, el Congreso ‘representa’ al pueblo, pero no es el pueblo, y es el pueblo el que tendrá que hacer efectivo lo acordado.