El Presidente Gustavo Petro dedicó su alocución del 2 de septiembre de 2025 a la educación, un tema que debería convocar consensos nacionales y no convertirse en escenario de manipulación política. Sin embargo, lejos de ofrecer un balance riguroso, el discurso estuvo cargado de imprecisiones, exageraciones y una retórica más orientada a responsabilizar al pasado que a rendir cuentas sobre el presente. La distancia entre las palabras del mandatario y la realidad educativa que viven millones de familias colombianas refleja un vacío preocupante entre la narrativa oficial y los hechos comprobables.

Petro presentó los resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro como un “éxito histórico” de su administración. Según él, los puntajes promedio aumentaron 3,6 puntos, lo que equivaldría a un “elevamiento del intelecto general de la sociedad”. Pero los datos del Icfes cuentan otra historia: si bien los resultados han repuntado en 2023 y 2024 tras la crisis de aprendizaje causada por la pandemia, aún están por debajo del máximo histórico de 2016. No se trata de un cambio estructural en la calidad educativa, sino de una recuperación parcial. Además, la disminución en la cobertura de las pruebas —es decir, la exclusión de estudiantes más vulnerables— eleva artificialmente los promedios. El triunfalismo presidencial oculta que las brechas entre lo urbano y lo rural no solo persisten, sino que se han ampliado.

En su discurso, el mandatario insistió en que se han creado 500.000 nuevos cupos universitarios. La afirmación fue rápidamente cuestionada por congresistas y expertos. Según cifras oficiales del SNIES, apenas se han habilitado unos 63.000 cupos, lo que representa el 12,6% de lo prometido. El truco ha consistido en presentar como “nuevos” los flujos de ingreso natural al sistema, confundiendo matemáticas de stock con matemáticas de flujo. La ciudadanía merece claridad: no se trata de plazas adicionales, sino de una manipulación semántica para inflar logros inexistentes.

La gratuidad en la educación superior, aunque indudablemente positiva, también se presenta de manera distorsionada. La política comenzó en 2021 y ya beneficiaba a más de 700.000 estudiantes antes de la llegada de Petro. Su gobierno amplió la cobertura a 902.000, pero no es cierto que haya sido una creación exclusiva de la llamada “Colombia Humana”. Más aún, la sostenibilidad financiera de este programa es incierta en un contexto fiscal restrictivo y con crecientes demandas en otros frentes sociales.

El Presidente aseguró que la deserción escolar ha disminuido gracias al fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y a la inversión pública. Sin embargo, los datos muestran lo contrario: entre 2022 y 2024 la tasa de deserción pasó de 3,3% a 3,9%, superando niveles prepandemia. Además, el PAE, lejos de ampliarse, ha sufrido una reducción de cobertura: en 2022 beneficiaba a 5,9 millones de estudiantes, hoy apenas llega a 5 millones. En lugar de reconocer esta realidad y plantear soluciones, la alocución maquilló el retroceso con frases poéticas sobre “cultivar el corazón y el cerebro”.

La frase del mandatario según la cual “el pobre no usa casi gasolina” pasará a la historia como uno de los mayores desatinos de la alocución. En un país donde el 90% de los hogares con motocicletas pertenece a estratos 1, 2 y 3, y donde el transporte de alimentos depende de combustibles fósiles, resulta ofensivo minimizar el impacto del IVA a la gasolina en los sectores populares. Con esa afirmación, Petro reveló una peligrosa desconexión con la realidad de los colombianos que madrugan cada día a movilizarse en moto, bus o camión para garantizar su sustento.

Otro aspecto criticable fue la instrumentalización de la educación como excusa para defender la reforma tributaria. En lugar de concentrarse en presentar avances concretos, Petro dedicó buena parte de su alocución a justificar un impuesto de 26 billones de pesos, acusando a los “riquísimos” de evadir impuestos y responsabilizando al gobierno de Duque de “matar la educación pública”. El recurso a la confrontación permanente debilita la credibilidad del mensaje y reduce la posibilidad de construir consensos en torno a la política educativa. La educación requiere planeación de largo plazo, no trincheras discursivas.

Más allá de los datos discutidos, lo más grave es la omisión de los problemas estructurales: el aumento del reclutamiento forzado de menores (64% en 2024), el impacto del conflicto armado en la permanencia escolar, la precariedad de la infraestructura educativa y el debilitamiento del sistema de ciencia y tecnología. Al ignorar estos desafíos, el gobierno transmite la idea de que el país avanza a paso firme, cuando en realidad amplias regiones siguen excluidas de los beneficios de la educación pública.

La educación es quizá el único tema capaz de unir a un país fragmentado. Petro tenía en sus manos la posibilidad de convocar a todos los sectores a un pacto por la educación basado en hechos verificables, metas claras y estrategias sostenibles. En lugar de eso, optó por un discurso de autoelogio, comparaciones tramposas y ataques al pasado. Con ello, perdió la oportunidad de consolidar un legado real en la materia más sensible para el desarrollo nacional.

La alocución presidencial sobre educación revela un patrón preocupante: la sustitución del rigor por la retórica. No basta con inflar cifras ni con recurrir a frases efectistas para convencer a la ciudadanía de que el país avanza. La realidad es más compleja: la deserción aumenta, la cobertura se reduce, las brechas territoriales se profundizan y la sostenibilidad de la gratuidad es incierta. El Presidente Petro debe comprender que la educación no se construye con discursos, sino con políticas serias, datos transparentes y un compromiso genuino con las comunidades más vulnerables. De lo contrario, su legado educativo quedará reducido a un relato épico sin sustento en la historia.