La corrupción suele tener diversas expresiones y abarcar múltiples campos. Este flagelo es uno de esos asuntos transversales que tocan la convivencia en casi todos sus matices, por cuanto ocurre en cualquier lugar y momento. Uno de estos, de mayor impacto, es lo que se denomina corrupción política.

Para que exista corrupción política deben existir políticos corruptos. La experiencia histórica nacional sirve para demostrar que tales políticos se cosechan en todas las vertientes ideológicas. De donde se infiere que los corruptos son corruptos más allá de su apariencia de limpieza, y del ropaje político que exhiban.

En cuanto se refiere al Estado y a su funcionamiento, esos políticos corruptos (junto con los partidos que les sirven de coraza) se han convertido en la principal causa de su deterioro funcional. Porque la corrupción le sirve, principalmente, a los corruptos, no a la mayoría de la gente.

La plata que va a los bolsillos privados por caminos indebidos es dinero que ingresó, originalmente, al Estado por concepto de impuestos, rentas u otro tipo de gravámenes. Y se supone que el presupuesto nacional, por definición, debe tener como prioridad resolver los problemas nacionales.

Esos problemas son muy diversos pero, entre ellos, hay algunos de gran impacto social, como el servicio de agua potable, la electrificación, la educación, la salud o la recreación, entre otros. Plata que pasa a los bolsillos de los corruptos es dinero que no se utiliza para enfrentar estos asuntos, los cuales tocan directamente la calidad de vida de las mayorías.

Los trucos que se inventan los corruptos para robar al Estado (es decir, para tumbarnos a todos) son variados y muy ingeniosos. Pero sus estratagemas tienen una cúspide: la trilogía político-contratista-funcionario estatal. Mediante esta trilogía se cuece la parte gruesa del asalto al erario.

El arreglo entre estos tres agentes prioritarios de la corrupción está en la base de las coimas, de los contratos inflados o alargados artificialmente. Grosso modo el sistema opera así: el político ayuda a nombrar al funcionario, y este favorece al contratista, que está coaligado con el político. Como se ve, es un negocio redondo que puede involucrar a otros agentes del poder público, incluidos los jueces.

Cuando el funcionario no participa directamente de la trama corrupta, de todas formas queda expuesto a padecerla por la vía del soborno o de la presión indebida. Esta llega por la ruta de los contratistas o de los propios políticos, quienes organizan su actividad como una empresa electoral con miras a conseguir ventajas del Estado.

Este sistema corrupto (y sus variantes clientelistas) tiene prácticamente secuestrado al Estado colombiano. Las empresas electorales que resultan de la fusión de los contratistas con los políticos ganan y ganan elecciones sin contar con los votos de opinión, y suelen pensar siempre al erario como un botín a depredar.

Es fácil deducir que, si no logran victorias electorales con los votos de opinión, tienen electores cautivos. Aquí el asunto adquiere otras connotaciones, pues la corrupción promovida por los corruptos de arriba toca a los corruptos de abajo, mediante la compra de votos y el intercambio de canonjías o puestos por apoyo electoral.

El clientelismo favorece a los políticos corruptos por esta ruta, al eternizarlos en el Congreso sin explicación aparente. Como los cargos de dirección, y los demás puestos del Estado, se reparten también teniendo en cuenta criterios políticos, el efecto del clientelismo y la corrupción se expande como un cáncer por todo el sistema.

El secuestro de las instituciones públicas por la corrupción clientelista tiene un efecto devastador sobre estas. Cuando la salud, la educación o los demás servicios públicos son dominados por la roya de los corruptos, sufren las instituciones, pero también sufren quienes reciben beneficios o soluciones de ellas.

Esto se debe a que los políticos y funcionarios que las controlan no tienen como principal vocación el servicio público. El único programa de un político corrupto consiste en robar, sobre todo sin que nadie se dé cuenta. Ese político no posee vocación de construir ciudad o país (o de servirle a los demás), pues su principal obsesión consiste en esquilmar al Estado, depredándolo como si fuera su botín.

El drenaje de los recursos públicos hacia las manos privadas (y el deterioro de las instituciones estatales) es causado por la corrupción. Los políticos corruptos, los dueños de las empresas electorales, representan el agente principal del sistema que ha secuestrado la democracia.

¿Acaso le sirve a este país una democracia en manos de los corruptos? Todo lo que se haga para eliminar la impunidad de estos individuos beneficia el desarrollo democrático. Todo lo que se haga para sacarlos de la política contribuye a limpiar la política. Así de sencillo.