Dilma Rousseff fue suspendida de la Presidencia de Brasil y será sometida a un juicio político en el Senado de la República. Esta infeliz circunstancia corona las graves dificultades económicas que padece el país desde hace unos dos años, los escándalos por supuesta corrupción que involucran a miembros del Partido de los Trabajadores (PT), y una crisis de gobernabilidad y legitimidad que golpea a la mandataria en los últimos meses.

En la base de toda la problemática están los azares económicos ligados a una recesión que ya va para los venticuatro meses, tan fuerte como la que asoló a Brasil en los años treinta del siglo XX. La caída drástica de las variables macroeconómicas se reflejó en una reducción de casi cuatro puntos en el PIB en el 2015, la cual podría elevarse hasta los siete u ocho puntos en lo corrido del 2016.

A este hecho le acompaña una devaluación del Cruceiro de más del treinta por ciento, fenómeno que afecta el nivel de los precios, provocando un proceso inflacionario que golpea preferencialmente a los sectores medios y bajos de la población.

El derrumbe de los ingresos por las exportaciones de petróleo no solo está en el origen de las complicaciones sino que contribuye a acrecentarlas. El corolario de la crisis es un desempleo en ascenso que ya supera los diez puntos.

Esta es la principal matriz que permite explicar las protestas sociales, sobre todo cuando se han usado los fondos públicos para financiar los Juegos Olímpicos de Río de Janerio, sustrayéndolos a la superación de los asuntos sociales.

La tapa de la compleja trama socioeconómica es el afloramiento de los escándalos por supuesta corrupción, los cuales involucran a los políticos de casi todo el espectro (y a muchos empresarios), empezando por algunos miembros del PT, el eje del gobierno hasta el mandato de Dilma.

La ineficacia de las estrategias de la Presidenta para sofocar la crisis económica minó su aceptación a nivel popular y contribuyó al resquebrajamiento de la alianza gobernante. La causa aparente del rompimiento fue la falta de apoyo del ejecutivo al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien había sido denunciado en el escándalo conocido como Lava Jato, que implicó el uso de fondos de Petrobras para financiar campañas o garantizar apoyos.

Cunha dejó pasar en la Cámara de Diputados una denuncia de la oposición contra Dilma por “maquillar” los balances fiscales del 2014, lo que fue interpretado por los amigos del gobierno como una retaliación de este por no haber recibido respaldo del ejecutivo en su viacrucis personal, pero que, así mismo, le sirvió de pretexto a los opositores para arreciar sus ataques, y a algunos aliados para distanciarse de la coalición gobernante.

La recesión económica y los escándalos por supuesta corrupción produjeron una crisis de gobernabilidad que contribuyó a arruinar la legitimidad de Dilma y del PT. La mayoría de miembros del Congreso se fue en contra de la mandataria, ahora bajo el liderazgo del vicepresidente del gobierno, Michel Temer, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, de centro derecha, al cual también pertenece Cunha), hasta hace poco el mayor soporte de la Presidenta en el Congreso y su aliado en el ejecutivo.

Esta es la matriz política que sirve para comprender el origen del juicio político contra la funcionaria, a lo cual cabe agregar la salida anterior de otros aliados de la coalición, incluidos algunos miembros del propio PT, que habían abandonado el barco, desde antes de esta coyuntura final, por discrepancias con la jefe del Estado.

La amplia votación en la Cámara de Diputados y en el Senado a favor de iniciarle el juicio político en el Congreso expresa que la correlación de fuerzas ya no le favorecía. El 17 de abril del 2016, la Cámara dio vía libre a ese juicio en el Senado, con 317 votos de 513 posibles. En mayo de este año, el Senado aprobó por mayoría suspender a Dilma (55 votos de un poco más de 80 posibles); solo 22 senadores se opusieron a la suspensión.

Esa medida trascendental provocó que la Presidenta abandonara el Palacio de Planalto y que fuera reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, quien fungiría ahora como Presidente interino, con atribuciones para formar nuevo gobierno. Entre tanto, Rousseff espera el desenlace del juicio, que tomará hasta seis meses y que generará su desplazamiento definitivo del poder o su regreso al mismo.

Los dos tercios del Senado (54 votos) decidirán el futuro de Dilma Rousseff, y nada parece indicar que la mayoría de esta corporación favorecerá los intereses políticos de la Presidenta suspendida. Por el contrario, el análisis apunta a que los enemigos de Dilma en el Congreso le darán la estocada mortal, sacándola definitivamente del gobierno.

Una alianza explícita y tácita de políticos, empresarios corruptos, miembros de los aparatos de justicia y de los medios de comunicación se ha convertido en la punta de lanza de la gente que no quiere verla más en el ejecutivo. En ese maremágnum intervienen desde los intereses personales de los políticos descompuestos hasta los deseos de ocultar negociados de los empresarios, además de los opositores a Dilma por su forma de trabajar y porque la consideran un fiasco, o quienes la critican por su modelo asistencialista e intervencionista.

Es cierto que Dilma Rousseff ha carecido de las habilidades para sortear los problemas de gobernabilidad; también es cierto que la recesión económica la ha hundido; pero lo que sí es muy difícil de sostener y de probar es que ha cometido actos de corrupción, según lo que sostienen sus enemigos políticos.

Dilma no ha robado ni ha recibido coimas, como sí lo hicieron otros dirigentes de su propio partido, de acuerdo con la opinión de una parte de la ciudadanía. De hecho, las dos sindicaciones principales que la tienen en el banquillo de los acusados serán difíciles de probar como crímenes contra el Estado.

El supuesto delito que se le imputa consiste en haber violado la Ley de responsabilidad fiscal, al tratar de tapar faltantes presupuestales con préstamos de algunos bancos públicos, un procedimiento que otros gobiernos usaron en el pasado. El “crimen de responsabilidad fiscal” que le machacan los enemigos (agravado en el 2014 en los tiempos de su reelección) ha sido definido por ella y sus partidarios como un simple error que no da para destituirla.

Es injusto e incorrecto que a un gobernante se le destituya por un dinero que no hurtó y cuya acción representa solo un error fiscal superable, así el argumento de que otros gobiernos también acudieron a esa estrategia sea inútil para eliminar el error. Pero aquí el tema no pasa por la justicia sino por un asalto al poder que emplea todos los recursos legales y no legales.

La segunda acusación se relaciona con que, supuestamente, utilizó dineros públicos para financiar su reelección. Dilma ha negado que haya incurrido en ese delito y ha expresado que las sindicaciones son la consecuencia de un complot para sacarla del gobierno, mediante un golpe de Estado blando, similar al que ocurrió en Paraguay.

Quizá nada salvará a Dilma Rousseff porque todo fue orquestado para destituirla, hasta la utilización acomodaticia de las normas legales. Su probable salida del poder estará marcada no por la justicia ni por la legalidad, sino por la política…y, en este caso, por la peor política, pues una jauría de empresarios corruptos y de políticos deshonestos blandirá la espada para defenestrarla.

En esa alianza turbia hay de todo: gente que quiere tapar negociados, políticos oportunistas hambrientos de poder y grupos de interés contrarios a las estrategias sociales que adelantaba el gobierno. Si no ocurre un milagro, esta presidenta suspendida será otra víctima del petróleo, de la economía y de la corrupción brasileña.

Su salida lesionará la democracia, la institucionalidad y aplazará la construcción de una sociedad más igualitaria, socavando los logros sociales alcanzados en los últimos tiempos bajo la dirección del PT. Todo eso representa la derrota de Dilma Rousseff, ahora en el banquillo de los acusados.