En un país como el nuestro donde día a día se conocen episodios de tanta vergüenza  solo nos faltaba una gota para rebosar la copa. La corrupción pululante en todas las esferas y estratos sociales llegó al máximo con el escándalo desatado a raíz de las denuncias de lo que se ha denominado “La comunidad del anillo”, un apelativo para explicar la inclinación sexual del género masculino empotrado nada menos que en la institución que se cree debe ser muestra de pulcritud, moral y mejores ejemplos: La Policía Nacional de Colombia.

 Conmueve que sea ahora el máximo organismo que se estima de protección y seguridad de una sociedad como la Policía, la que rebose la copa, con señalamientos de prostitución como dándole la fragancia final a la corruptela e inmoralidad de nuestra sociedad.

Ya no es extraño conocer que un jefe de un organismo estatal someta a sus colaboradores inmediatos a la discriminación, ni al acoso laboral o sexual especialmente si del género femenino se trata. No extraña que un policía se deje sobornar a cambio de no colocar un comparendo, que un Magistrado coloque precio a una decisión para favorecer a una empresa contratista del Estado. Tampoco que un Defensor del Pueblo someta a su empleada a favores sexuales. Bien conocido son los innumerables casos en que jueces abrogados de enormes poderes judiciales tomen decisiones a favor de algún político en perjuicio de familias afectadas en sus patrimonios.

Enquistados en grandes empresas y firmas comerciales e industriales, funcionarios públicos y privados hacen con erarios del Estado un patrimonio particular sin tener en cuenta el perjuicio que se cause a los demás. El mismo crimen (muerte a manos de sicarios y fleteros) es visto en nuestra sociedad como algo tan común que nadie se sorprende cuando se conoce de delincuentes y asesinos paseando por las calles horas después de cometido el delito y haber sido judicializados. Al fin de cuenta  la falta de pruebas así sea sorprendido en flagrancia o la indebida captura por el mal procedimiento, son argumentos de jueces y fiscales para decretar la libertad.

Pero sí que nos deja atónitos saber de las aberrantes conductas delictivas de un organismo estatal de tanta envergadura como lo es La Policía Nacional. No por las inclinaciones o preferencias sexuales de algunos de sus miembros. Tampoco porque entre los mismos representantes de la Ley haya homosexuales y lesbianas. Lo grave es la enorme capacidad organizativa de una entidad dedicada a la defensa de los ciudadanos convertida y practicando y desarrollando la promiscuidad, el proxenetismo y el comercio del sexo, empañado además todo esto con señalamientos de muertes de agentes de la misma entidad.

No escapa en todo ello figuras de relevancia nacional como Generales de la República, altos mandos militares y legisladores. Nadie escapa a tanta corrupción y degradación que envuelve al pueblo colombiano.

El caso concreto de “La comunidad del anillo” es, como dijimos al principio, la gota que rebosa el vaso, derramando todo el lastre en una nación envuelta no solo en el conflicto interno de una guerra fratricida entre guerrilla, paramilitarismo y el Estado y en donde la población civil es el “escudo” central que coloca las víctimas.

Y en todo este episodio denunciado por periodistas y medios de comunicación nacional, aparecen defensores y detractores. Unos pregonando los derechos a la intimidad de las personas y desdeñando y condenando a los denunciantes. Otros, afianzando dichas denuncias y mostrando pruebas y evidencias que pueden calificarse de contundentes.

No hemos sido ni somos defensores del periodismo amarillo, ni de las noticias pretenciosas que buscan bajo el argumento de la primicia llegar primero que los demás. Pero tampoco podemos descalificar a quienes en desarrollo de la comunicación denuncia al público hechos tan denigrantes como los que han producido en las últimas horas.

No oficiaremos como “abogados del diablo” en el caso de periodistas como Vicky Dávila o Daniel Coronel que con estilos propios se atreven a desenmascarar hechos trascendentales a costa de colocar sus vidas en alto riesgo.  Y en el caso que nos ocupa estamos totalmente de acuerdo en que cada quien, cada persona es libre de hacer de su cuero un tambor. Si un juez, un político, un artista, una ministra o un legislador tienen sus preferencias sexuales con otras del mismo sexo es cuestión personal. Y en sus preferencias particulares de intimidad debe haber respeto.  Lo que no es bien recibido es que personas con altos cargos públicos, funcionarios del Estado o personas que se estiman son representantes de la sociedad, hagan públicas sus inclinaciones con evidencias tan gráficas y palpables que afecten a los demás.

Por eso no entiendo que se esté condenando a una periodista que se atrevió a denunciar hechos tan bochornosos como los que afectan a la Institución Policial. El escándalo que reventó en las últimas horas es de vieja data. Y aunque Vicky Dávila y otros periodistas venían denunciando, nadie había querido prestar atención. Quizás sintiéndose perseguida y constreñida por seguimientos y chuzadas en su vida privada, la comunicadora decidió presentar las muestras gráficas (video) de lo sucedido. Recordemos que cuando hay una denuncia lo primero que dicen abogados, jueces y policías es  “¿qué pruebas tiene? Si no tiene pruebas nada vale la denuncia”.

No es con la publicación de un video que se intente dañar a una familia como han pregonado los defensores del ex senador Carlos Ferro. Si algún daño se produce es por “responsabilidad” del propio ex viceministro que no supo o no le importó que sus intimidades pudieran conocerse públicamente.

No son con las denuncias periodísticas que un General de la Policía pueda empañar su carrera militar. O que un Magistrado o un  Congresista manchen su credibilidad de jurista impoluta o posición política. El que nada debe, nada teme. Pero resultaría sumamente extraño que el mayor jerarca de la Policía no conociera de las deidades y manejos poco claro de sus subalternos. La renuncia de uno y otro es apenas lo justo y recomendable para que sin sus fueros protectores afronten y resuelvan sus situaciones individuales que, dejaron de ser íntimos y personales,  al hacerse públicas.