Estimado doctor Negret: Haber designado a Albeis Fuentes Pimienta como encargado del despacho de la Defensoría Regional en Barranquilla es políticamente incorrecto y lo es,  porque como muchos de sus homólogos llegó a la institución como cuota política del representante a la Cámara del partido de la U por el departamento del Magdalena Luis Eduardo Díaz Granados, quien a finales del año anterior se hizo tristemente célebre por atentar contra los derechos a la honra y a la dignidad de la periodista Lina Palma.

Quinientos doce años después de que en Suecia surgiera la figura del Ombudsman, en Colombia, gracias a la Constitución Política de 1991,  nació  a la vida jurídica y política la figura del Defensor del Pueblo.

Mientras que el Ombudsman sueco se creó para fungir como escrutador del gobierno, para señalar cuando los representantes de la ley abandonaban el cumplimiento de sus responsabilidades, o se excedían en el poder,  al Defensor del Pueblo en Colombia se le asignó la delicada tarea de "velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”.

Lejos estaba el creador de esta figura constitucional,  el jurista sueco Hans Harta, de pesar que la  principal y más importante función del  ombudsman terminaría siendo la de velar por el respeto de los derechos fundamentales de la persona.

Hoy en día la figura del Ombudsman, como defensor de los derechos humanos, ha proliferado en varios países del mundo adquiriendo una relevancia tal que el cargo de Defensor del Pueblo es el cuarto en importancia en Colombia, toda vez que es elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de una terna enviada por el Presidente de la República.

Pese a que por mandamiento constitucional y legal el Defensor del Pueblo ejerce sus funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación, bien puede afirmarse que la Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo e  independiente vinculado al Ministerio público.

Desde el nombramiento de Jaime Córdoba Triviño, como primer Ombudsman de Colombia, la Cámara de Representantes ha elegido 5 Defensores del Pueblo.

En lo local, cerca de una docena de abogados hemos desfilado por el cargo de Defensor del Pueblo en el departamento del Atlántico, en su mayoría bajo la figura del encargo, situación administrativa esta última que pone de presente una injustificada ausencia de planeación y continuidad, fruto tal vez de la improvisación en que al parecer han incurrido quienes han tenido bajo su responsabilidad la conformación de un equipo idóneo y eficaz para el cumplimento de la labor misional de la entidad.

Falta de continuidad en la gestión e improvisación en los nombramientos que bien pudiera atribuirse a los vaivenes políticos regionales toda vez, que como suele ocurrir en la designación de otros funcionarios del Estado y del gobierno, esos cargos son repartidos o entregados a la denominada “clase política” dependiendo del grado de apoyo electoral o compromisos asumidos al momento de la designación del nominador.

Esta mala práctica de entregar los cargos de esa institución a la “clase política” la desarrolló prolijamente el difunto José Fernando Castro Caicedo quien además de ser Capitán de la reserva del Ejercito venía de ser Representante a la Cámara por Bogotá y con tales antecedentes no le fue difícil poner la Defensoría del Pueblo al servicio de la clientela electoral.

La tradición de nombrar al  Defensor del Pueblo Regional para el Atlántico como cuota política de uno u otro parlamentario comenzó con el abogado samario Oswaldo Henríquez y se hizo habitual con la llegada del doctor Alfredo Palencia por recomendación del ex diputado del Atlántico, ex Concejal de Barranquilla y para entonces presidente de la Cámara Giovanny Lamboglia, un político liberal oriundo de Ocaña en Norte de Santander que se consideraba hijo adoptivo de Barranquilla.

Y siguió la trilla, con el  nombramiento, al parecer auspiciado por el conservatismo, de la doctora Felisa Salcedo esposa del entonces magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla Julio Ojito Palma.

Luego transitaría fugazmente por esta Regional un apadrinado  del partido de la U, el doctor Leonardo Reales, a quien en el palique de la plaza se acusó de supuestos vínculos con las AUC; en septiembre del año anterior el cargo pasó del desprestigio al anonimato con el nombramiento de la abogada Yamila Juana Hanna.

La silla del Defensor del Pueblo en nuestro departamento viene en un estado de interinidad desde la intempestiva salida del cargo del abogado Leonardo Reales, si bien en los mentideros políticos se decía que en su reemplazo se “debía nombrar” una cuota de tal o cual parlamentario del partido de la U, finalmente el cargo fue entregado al representante Luis Eduardo Díaz Granados de Cambio Radical, de quien se dice fue quien presentó la hoja de vida de la señorita Yamila Juana. Como quien dice “A río revuelto, ganancia de pescadores”.

Nombrada en reemplazo del también abogado Milton Armando Gómez Cardozo, la doctora Hanna se presentó como abogada con especialización en derecho administrativo, dijo haber laborado en la Personería de Cartagena y en el Instituto de Recreación y Deporte; lo cierto es que poca o ninguna experiencia tenía para asumir la Defensoría Regional con el decoro, la competencia y los retos que el cargo impone.

Tras ocho meses de cumplir una anónima labor en defensa de los derechos humanos, la funcionaria fue declarada insubsistente en plena ley de garantías sin que aun se sepan las reales causas por las cuales salió de la institución; con todo,  en los corillos se rumora que su intempestiva salida se produjo -entre otras muchas razones- a consecuencia de un viaje  que realizó a Miami sin la previa anuencia de sus superiores.

Por virtud de tan cuestionable política de nombramientos, en este departamento hemos tenido más defensores del puesto que Defensores del Pueblo; de tal situación son responsables tanto quienes los nombraron como quienes desde las toldas del partido Liberal, del partido Conservador, del partido de la U y de Cambio Radical presentaron sus hojas de vida.

Preocupante es que con el transcurso de los años hallamos venido saliendo de Guatemala para entrar en Guatepeor, dicho popular que expresa la situación paradójica de quien, por evitar una situación mala, acaba por meterse en otra peor; viejo y sabido refrán, que traducido a la retórica política significa que algo está mal y puede estar peor.

Y es que con la designación del abogado Albeis Fuentes Pimienta como Defensor del Pueblo Regional para el Atlántico todo parece indicar que vamos de “Guatemala pa Guatepeor”, pues -según dicen- su gestión en la vecina Santa Marta ha estado orientada más a hacer protagonismo político que a cumplir la noble labor de "velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”.

No quisiera estar en sus zapatos doctor Negret, no solo tiene que lidiar con la grave situación de derechos humanos que se vive en el país y las inamisibles agresiones que en los últimos días se han presentado contra la entidad, sino que también debe “tragar saliva” por los fundados cuestionamientos que a diario pesan sobre la institución como consecuencia de la ineficiente gestión de quienes creen que su principal tarea es defender el puesto.

Aclaración necesaria: Luego de retornar de mi primer exilio fui nombrado en la  Defensoría del Pueblo como abogado Asesor Grado 18, el año siguiente ingresé a carrera en el grado 19 y en el año 1995 ocupe -por méritos no por recomendación política- los cargos de Defensor del Pueblo Regional en  Barranquilla y Cúcuta cargo este ultimo al que renuncié luego de la elección de José Fernando Castro Caicedo, personaje que para vergüenza nuestra en su primera aparición pública como Defensor del Pueblo quedó en el ojo del huracán por cuenta de su propuesta de prohibir a la prostitutas procrear .