La escena se repite con una frecuencia que ya no sorprende, pero que debería incomodar mucho más. Una persona es agredida, cae al suelo, pide ayuda o queda expuesta a un peligro evidente, y alrededor no aparecen gestos de auxilio sino miradas expectantes. Todos están ahí, todos ven lo que ocurre, pero casi nadie hace algo. Después, cuando la situación escala o termina en una consecuencia grave, surge la frase que pretende cerrar cualquier reproche: “yo no hice nada”. Y es ahí donde aparece la pregunta que atraviesa esta columna: ¿no hacer nada, pudiendo hacer, cuando el otro está en peligro, es realmente una conducta neutral?

Vivimos en una sociedad que ha aprendido a convivir con el dolor ajeno desde la distancia. Presenciar una agresión ya no implica necesariamente involucrarse. La violencia se observa, se comenta, se registra, pero rara vez se enfrenta. Esa pasividad suele justificarse con argumentos que suenan razonables: “no me quería meter”, “no era asunto mío”, “alguien más ayudaría”. Sin embargo, detrás de esas frases hay una renuncia silenciosa a un principio básico de la vida en comunidad: la solidaridad. No la solidaridad abstracta o moralizante, sino la solidaridad mínima que hace posible la convivencia y que el derecho penal, en ciertos casos, decide proteger.

El delito de omisión de socorro no surge del capricho del legislador ni de un afán desmedido de castigar. Su fundamento es precisamente el deber de solidaridad social. La idea de que, frente a una persona que se encuentra en grave peligro, quien puede auxiliarla sin ponerse en riesgo grave tiene la obligación mínima de hacerlo. No se exige heroísmo, ni sacrificio extremo, ni exponerse a un daño propio. Se exige algo mucho más elemental: no ser indiferente cuando el auxilio es posible. El derecho penal, en este punto, no castiga la falta de bondad, sino la ruptura de ese lazo básico que sostiene la vida en sociedad.

Por eso, no toda omisión es delito, pero tampoco toda pasividad es irrelevante. El derecho penal distingue con cuidado entre no actuar porque no se puede y no actuar porque no se quiere. Cuando el peligro es evidente, cuando la situación es grave y cuando existe la posibilidad real de auxiliar —aunque sea llamando a emergencias, alertando a otros o pidiendo ayuda— la indiferencia deja de ser solo una actitud personal y empieza a adquirir relevancia jurídica. El mensaje es claro: vivir en sociedad implica deberes mínimos frente al otro, incluso cuando ese otro es un desconocido.

Este análisis se vuelve aún más exigente cuando la persona que presencia la situación tiene un rol especial frente a quien está en peligro. Un familiar, un docente, un vigilante, un médico. En estos casos, el deber de solidaridad se intensifica y puede transformarse en una verdadera obligación jurídica de protección. Aquí aparece la noción de posición de garante, que implica la responsabilidad de evitar que el daño ocurra o se agrave. Cuando quien ocupa esa posición decide no intervenir, no auxiliar o simplemente apartarse, la omisión puede equipararse, en términos de reproche penal, a una forma de contribución al resultado lesivo.

El derecho penal contemporáneo observa con atención estas conductas porque entiende que la indiferencia también puede causar daño. No siempre de manera directa, pero sí permitiendo que el peligro se prolongue, que la agresión continúe o que la víctima quede aún más desprotegida. En estos escenarios, no hacer nada no es una ausencia de conducta, sino una elección: la de no auxiliar cuando se podía hacerlo. Y esa elección, en determinados contextos, es jurídicamente relevante.

Más allá del expediente, este fenómeno revela una fractura social profunda. Hemos normalizado la idea de que el sufrimiento ajeno no nos compromete. Que basta con estar presentes sin involucrarnos. Que la responsabilidad siempre es de otro. Pero el deber de solidaridad existe precisamente para recordarnos que la vida en comunidad no se sostiene sobre la indiferencia, sino sobre la mínima disposición a responder cuando el otro lo necesita. El derecho penal interviene solo en los casos más graves, pero la pregunta interpela a todos, incluso fuera del juzgado.

No se trata de convertir a cada ciudadano en un salvador ni de imponer un modelo de conducta heroica. Se trata de reconocer que hay momentos en los que no auxiliar rompe el pacto básico de humanidad que nos une. Cuando alguien está en peligro y nosotros podemos hacer algo, aunque sea poco, la neutralidad deja de existir. Porque en esos momentos, no actuar también es una forma de responder.

Y tal vez ahí esté la reflexión más incómoda de todas: el derecho penal no exige solidaridad constante, pero sí recuerda que su ausencia, en ciertos casos, tiene consecuencias. No porque castigue la falta de empatía, sino porque protege ese deber mínimo sin el cual la vida en sociedad se vuelve imposible.