Sobrada razón tiene el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los palestinos, Michael Lynk, cuando al referirse a la muerte a manos de francotiradores israelíes de casi un centenar de manifestantes palestinos afirmó que el "asesinato deliberado" es un crimen de guerra. 

Tanto el Estatuto de Roma como las normas del Derecho Internacional Humanitario coinciden en definir que crimen de guerra es todo ataque dirigido intencionalmente contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.

Asesinar al menos a 62 palestinos y herir a más de 3000 personas, en su mayoría jóvenes, por el solo hecho de participar junto con otras 40 mil en las marchas iniciadas con motivo de la “Gran Marcha del Retorno”, que reclama el derecho de los refugiados palestinos a volver a sus hogares, es una forma cruel e inhumana de castigar a quienes sin participar directamente en las hostilidades ejercían su derecho  a la protesta.

Nada justifica que el cumplimento de una promesa electoral del señor Donald Trump, de trasladar  la Embajada de Estado Unidos de Te Aviv a una ciudad que como  Jerusalem tiene un estatuto especial en el marco de las negociaciones de paz en el territorio palestino ocupado por Israel, termine en la miserable matanza en la que terminó. ¿Acaso es que actuar en defensa propia es propiciar la muerte de una bebe de apenas 18 meses de nacida?

Tan responsable es el presidente Trump como el Primer Ministro de Israel Binyamin Netanyua; el uno, por motivar las protestas con su decisión  de trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén  y el otro por haber autorizado una respuesta militar sin precedentes a lo que denominaron "disturbios orquestados por Hamás para asaltar la valla de separación y entrar en su territorio a cometer ataques”

Así como la comunidad internacional ha puesto toda su atención a crimines de guerra cometidos en Yugoslavia, Ruanda, Yemen, Irán y Siria, debe ocuparse por igual de los crímenes de guerra cometidos por Israel; ya es hora de que la Corte Penal Internacional dé aplicación al artículo 5 del Estatuto de Roma y ejerza su competencia.

Aunque poco o mucho se conozca sobre el conflicto palestino-israelí, no debemos dudar en reprobar lo ocurrido en Gaza, crímenes como ese merecen toda nuestra condena y un airado reclamo encaminado a que se adelante la  persecución judicial contra los perpetradores.

Desde hace 70 años más de un millón de palestinos fueron desplazados de sus territorios para dar lugar a la creación del Estado de Israel. Es hora también que Israel ponga fin a la ocupación de los territorios palestinos; no puede ser que bajo la “mirada cómplice” de la mayoría de países del mundo, estas gentes sigan allí “enjauladas en tugurios desde que nacen hasta que mueren"

Ojalá que esta sea la primera y la última embajada extranjera que se asienta en Jerusalén; una ciudad tres veces santa, en la que tres religiones monoteístas tienen sus raíces.

Inútil, por decir lo menos, resulto el esfuerzo del gobierno de Israel para justificar su criminal conducta; lo cierto es que la desproporcionada respuesta dada por el gobierno de Israel a las protestas palestinas en el aniversario 70 de la ocupación Israelí sobre el territorio palestino, constituye sin duda un crimen de guerra y un castigo contra quienes participaron en la protesta.