Muchas y variadas son las explicaciones que se dan a la expresión levantarse con el pie izquierdo. Hay quienes dicen que la expresión tiene su origen en el libro sagrado del cristianismo, en la Biblia: la derecha es el camino hacia el paraíso y a la derecha de Dios es también donde se sientan los elegidos.

La creencia de que la izquierda es negativa, es algo común en la mayoría de las antiguas culturas. Los romanos por ejemplo hacían predicciones observando el vuelo de los pájaros: si volaban hacia la izquierda era símbolo de mal agüero. A tal punto llegó esta creencia que en latín izquierda se dice sinister, lo que dio origen al adjetivo siniestro.

Hay quienes dicen que el origen de esta creencia se remonta al siglo XIX y al mundo de los marineros. Durante dicha época, ningún pescador en su sano juicio se atrevía a subir al barco por babor, es decir, por el costado izquierdo del barco. De hecho, era mucho más incómodo embarcar por estribor, pero resultaba impensable ir en contra de la tradición.

Pese a que los tiempos han cambiado, sea cual fuere el origen de esta expresión, lo cierto es que en el refranero popular aún se considera malo, de mala suerte o de mal agüero el levantarse con el pie izquierdo.

Todo parece indicar que en la mañana en la que se anunció su designación como nuevo Ministro de Defensa, el doctor Guillermo Botero se levantó con el pie izquierdo; ese día, durante la Cumbre Concordia Américas afirmó que el nuevo gobierno debería impulsar una Ley Estatutaria en el Congreso para regular la protesta social, rayos y centellas cayeron sobre él. Justo ese día, las organizaciones sociales y las organizaciones de Derechos Humanos avanzábamos en reuniones con el Gobierno Nacional para consensuar un protocolo nacional sobre  protesta social.

Nada de novedosa tiene la propuesta de quien en pocos días asumirá la cartera de defensa; la Cumbre Agraria Étnica y Popular y la Mesa de Conversaciones de La Habana se ocuparon del tema, en uno y otro escenario, al igual que en el Proceso Nacional de Garantías se pactó tiempo atrás la adopción del protocolo; basta leer el Capítulo de Garantías de Participación Política de los Acuerdos de La Habana para encontrar allí un apartado dedicado a ese objetivo.

Seguro que en el proceso de empalme, el señor Ministro del Interior informará al nuevo gobierno que como consecuencia de los debates, que durante estos últimos siete años adelantamos en el escenario del Proceso Nacional de Garantías, se logró concertar un protocolo para la protesta social. Protocolo que para nosotros tiene por objeto establecer lineamientos administrativos, procedimentales y operativos para la adopción, por parte de las autoridades, de medidas dirigidas a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión,  de reunión, a la libre circulación, a la libertad de conciencia, derechos que en ocasiones se materializan a  través de la movilización y la protesta pacífica.

Mientras el designado Ministro pretende que se expida una Ley Estatuaria que restrinja el derecho a manifestarse, nosotros hemos avanzado positivamente en  el proceso de concertación con el gobierno Santos para adoptar un protocolo que garantice el ejercicio del derecho a la protesta social.

Las diferencias que se advierten entre nuestras propuestas y las posturas del saliente presidente de Fenalco saltan a la vista. Cuando sucedió el atentado en el Centro Comercial Andino la inmensa mayoría de los colombianos rechazamos el atentado, condenamos el terrorismo, clamamos justicia y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas. El doctor Botero, al contrario, se dolió por el impacto que un hecho de esa magnitud podría tener en el comercio del sector.

Propendemos porque los derechos fundamentales, a la reunión, la manifestación y la protesta se garanticen a todos sin distingo alguno. Por su parte el designado Ministro pretende que ese derecho, que es universal, interdependiente y complementario, sólo se pueda ejercer cuando las protestas sean la expresión de un interés general de la nación.

Los motivos de la protesta y el interés que persigan quienes la agencien en cualquier rincón del territorio nacional no pueden ser objeto de regulación normativa alguna; toda limitación restricción o prohibición que se pretenda hacer de los derechos a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente es abiertamente inconstitucional y va en contravía  de los estándares internacionales que regulan la materia.

El  Ministro designado debe tener presente que va a ocupar un cargo que de suyo  le dará la condición de servidor público, debiendo actuar en consecuencia, razón más que suficiente para que evite comportarse como el representante de un sector económico del país.

Un servidor público que como todos los demás estará obligado a cumplir la Constitución y la Ley, un servidor que debe tener presente que en su artículo 37 la Constitución Política de Colombia establece que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, lo cual significa que una cantidad de personas, por mínimo que sea su número, tienen garantizado ese derecho siempre que la protesta y la movilización sean pacíficas y no desconozcan los derechos de las demás personas.

En todo caso, lo que debería impulsar el próximo gobierno, en relación con la protesta social es: (i) reconocer la existencia del derecho, (ii) evitar la prohibición de manifestaciones, (iii) eliminar la exigencia de requisitos innecesarios para la obtención de autorizaciones,  (iv) abstenerse de realizar detenciones arbitrarias contra los manifestantes, (v) eliminar las disposiciones legales que no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos, (vi) evitar la participación de las Fuerzas Armadas (vii) excluir las armas de fuego como dispositivos de control.

No se si el nuevo Ministro sea supersticioso o no, lo que si sé es que durante años ha defendido los intereses de los gremios; anhelo, por el bien de Colombia, que el próximo 7 de agosto el doctor Guillermo Botero se levante con el pie derecho, con el entendido de que debe ser un Ministro al servicio de todos los colombianos y no el apendice del sector económico que hoy representa.