Aplicación de la ley sin distingo de clases
En la búsqueda de la paz, el interés general del país, debe estar por encimas de investiduras y del temor en la ejecución de justicia.
No hay dudas que la venida a pique en grado de favorabilidad del Presidente Juan Manuel Santos y su gobierno está ligado a una serie de hechos que en las últimas semanas han concitado la atención y la crítica nacional. Tales como el caso de Isagen, la crisis de “salud y desnutrición” de los Wayúu que ha cobrado tantas víctimas menores en La Guajira, la crisis energética, el acoso laboral y sexual del Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, el caso que involucra en grado extremo al General Rodolfo Palomino de la Policía en la llamada ‘Comunidad del anillo’, el desliz de la guerrilla en la población de Conejo, La Guajira. Y como para redondear el círculo, la captura del hermano del ex presidente Uribe Vélez acusado de organizar y ser “jefe de grupos paramilitares”.
Todo ello constituye eslabones en la madeja de evidencias que colocan al Presidente en el ojo del huracán. Sus principales opositores no han escatimado esfuerzos y en cambio han aprovechado todas estas circunstancias para irse lanza en ristre contra el mandatario y sus colaboradores inmediatos.
Pero todo teniendo como objetivo central hacer creer que el llamado proceso de paz que desde hace tres años se adelanta con la cúpula de las FARC no es más que un fracaso rotundo en un intento de populismo que ha mantenido el Presidente Santos.
Es apenas entendible que las fuerzas opositoras al gobierno aprovechen cada situación para caer al mandatario y que el partido Centro democrático que de democrático parece no tener nada, pretenda mostrar los errores del mandatario. Lo que no se entiende y hasta es motivo risible que un grupo minoritario de legisladores (senadores y representantes) pretenda tumbar un gobierno por el solo hecho de no estar de acuerdo con sus proyectos.
Si bien en las encuestas Santos y su gobierno pueden estar por debajo de la media, tampoco se puede desconocer los ingentes esfuerzos que el propio mandatario ha sostenido desde su primer mandato para llegar a la tan esperada paz que nos falta a los colombianos desde hace más de sesenta años.
Frente a cualquier obstáculo, piedras en el camino y torpedos que le han colocado, Juan Manuel Santos ha salido avante. Y lo ha hecho con presencia y elegancia. Sin llegar al vocablo ofensivo de sus detractores; lo ha hecho con la investidura que lo avala como representante de más de 45 millones de colombianos.
El último y gran escándalo en Colombia lo es la captura y señalamientos al hermano del ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Que dio pie para que un minúsculo grupo de seguidores del partido salga con voz en alto y pancartas gigantes pidiendo y hasta exigiendo la renuncia del Presidente.
“Los pájaros tirándoles a las escopetas” dirían algunos. “Mirando el sucio en el ojo ajeno sin ver la paja en el propio” dirían otros, en referencia a esta “exigencia” que nos luce desacertada y hasta risible. ¿Acaso olvidan los señores miembros del CD. Que el mismo ex presidente AUN tiene vigente cualquier cantidad de investigaciones por para militarismo, falsos positivos y muchos otros hechos punibles? ¿Le asistirá derecho moral alguno al ex candidato presidencial Óscar Zuluaga para calificar de incompetente al gobierno actual de Santos cuando el mismo está incurso en investigaciones por las chuzadas y juego deshonesto pretendiendo llegar al solio presidencial?.
Nos luce desobligantes y tendenciosas las acusaciones que se hacen al gobierno como régimen del terror y de dictadura contra la oposición, cuando dicha oposición se hace bajo la mentira y las miles de investigaciones que sobre miembros del Centro Democrático cursan en los estrados judiciales y que no dan respuestas o resultados, por temor en algunos casos de las altas cortes de la justicia o por corrupción de jueces que no se atreven a dictar sentencias ante la investidura que aun protege al ex presidente Uribe Vélez.
Hay quienes señalan como imprudentes las decisiones de la Fiscalía como esta última contra un personaje de una familia en la que su principal miembro y representante es el amo y señor de un partido, el mayor opositor del gobierno. Qué no es el momento, a pocas horas de llegarse a una trascendental acuerdo de paz entre el gobierno y las fuerzas guerrilleras de las Farc. Sobre todo si se conoce que es la fuerza de oposición la que ha hecho y sigue ejerciendo toda clase de presión para que el presidente Santos no consiga lo que Uribe Vélez no pudo logar durante sus dos mandatos.
Pero la justicia debe ser para todos. Y si hay que llegar a una crucial decisión que involucra a todo el país como es el acuerdo de paz, en medio de detenciones y sentencias condenatorias, hay que aceptarlo. La guerra no solo es entre el gobierno y la guerrilla. También lo es contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos. El paramilitarismo ha sido en los últimos treinta años y sigue siendo, bajo el marco de otra modalidad, tan tenebroso como lo ha sido la guerrilla en más de sesenta años.