La memoria no es un conjunto de crónicas, escritas al compás de los segundos que transcurren sobre un libro al que llamamos historia. Es, más bien, un caótico reguero de fotos que nadie se toma la molestia de recoger; esparcidas sobre un piso polvoriento que nadie quiere limpiar.

Cada quien tiene su propio reguero del que, de vez en cuando, saca una foto por capricho o necesidad. Normalmente la imagen que recogemos se encuentra llena de polvo y no la vemos con claridad, además, el resto de fotografías que acompañan aquel instante suelen perderse, a veces por conveniencia, otras por franca casualidad.

Eso a lo que llamamos memoria carece de contexto y adolece de nitidez, es más un libro de mitos contemporáneos sujeto a libre interpretación. De la unión de cada una de nuestras ideas sin forma intentamos crear un consenso al que llamar realidad. En el caso de un país, algo que considerar historia nacional.

¿Qué se puede esperar entonces de un país que, en menos de una década, ya ve con miopía hacia atrás? Hace apenas siete años todos los medios de Colombia reportaban lo que sería uno de los escándalos más recordados del Gobierno Uribe, de esos que todo el mundo escuchó y entendió por su inusitada simpleza y gravedad.

Se trata de Agro Ingreso Seguro, un programa adelantado por el Ministerio de Agricultura anunciado en 2007, con el que buscaba preparar al campo colombiano frente a los múltiples Tratados de Libre Comercio que se estaban negociando en aquellos momentos, especialmente aquel con Estados Unidos.

En palabras del propio ministerio, que se pueden leer en los archivos de noticias de la época, la idea era financiar “proyectos, desarrollo tecnológico, asistencia técnica y construcción de canales de riego”. Para esto, el Gobierno invertiría una suma superior a los 400.000 millones de pesos.

Dos años después de anunciado, la revista Cambio estalló el escándalo. Miles de millones de pesos habían sido destinados al campo, sí, pero no a los agricultores que eran más vulnerables frente al tratado económico con Estados Unidos, sino a un selecto grupo de familias pudientes, muchas de las cuales no adelantaban actividades agrícolas aptas para recibir los subsidios del proyecto.

Dávila, Lacouture, Dangond, Vives, Holguín, son algunos de los apellidos más sonados, ampliamente conocidos en la costa colombiana donde muchos ostentaban (y siguen ostentando) un poderío económico y político casi feudal.

La siniestra coincidencia que sirvió para poner la guinda al pastel fue que muchas de estas familias y empresas, que habían recibido el beneficio económico ‘a dedo’, también habían aportado importantes sumas de dinero a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez y a la del referendo para su reelección. Realidad que, sin embargo, nunca llegó a enlodar del todo al entonces mandatario, probablemente gracias a su inexplicable capacidad -casi divina- para salir indemne a los escándalos.

Quien sí se vio afectado fue el hombre que tenía a su mando el Ministerio de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Mientras la indignación por la noticia crecía, como alimentada por pólvora, Arias se convirtió en una especie de paria, uno de los políticos más profundamente repudiados por la opinión pública.

Ese mismo Arias es el que vemos ahora en las páginas de los periódicos, nuevamente en los juzgados, no de Colombia, esta vez de Estados Unidos, a donde huyó después de que la Corte Suprema lo declarase culpable por delitos de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros”.

La defensa del exministro pasa de intentar probar que no haya cometido los delitos que se le impugnan, por el contrario, Arias se ha acogido a una estrategia de conveniencia, adoptada por otro sinfín de políticos que giran en torno a la esfera uribista, una estrategia que juega con las emociones de un país polarizado, víctima de su propia amnesia: la persecución política.

Catalina Serrano, la esposa de Arias, se ha encargado de mostrar ante los medios la historia de un hombre golpeado por la vida y las injusticias, un hombre que sufre por algo que nunca hizo, una víctima, no un victimario. Una historia que no viene exenta de matices políticos, no en vano, en otra ocasión, Catalina ya aseguró que todo tiene que ver con el “castro-chavismo” al que, supuestamente, nos quiere llevar el actual Gobierno.

Así, la historia de su esposo deja de ser la de un hombre corrupto para convertirse en la de un justiciero, una suerte de Leopoldo López colombiano, víctima de nuestro conflicto armado, ese que, curiosamente, el mismo Centro Democrático trata de despojar de cualquier trasfondo político para hacerle pasar por una guerra contra el terrorismo en su campaña a favor del ‘No’ en el plebiscito.

La memoria es un hecho intangible, un consenso flexible, solo así se puede entender que por la mañana Uribe asegure que un exfuncionario de su Gobierno es víctima de una guerra política que, en la tarde, él mismo afirme que nunca ha existido.

La exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado; el general Mauricio Santoyo; el exministro del Interior y exmagistrado, Jorge Pretelt; el exministro de Salud, Diego Palacio; el exsecretario presidencial, Alberto Velásquez; el exministro del Interior, Sabas Pretelt; los -al menos- 42 parlamentarios condenados por parapolítica; y otro sinnúmero de nombres y cifras. Resulta que todos son víctimas de la misma relatividad, porque, a la luz de una memoria selectiva y de un país dispuesto a dejarse engañar, hay impunidades que convienen y crímenes que se pueden dejar estar.