Este domingo, nuestra Carta Política cumplió 30 años de haber sido promulgada.

En las clases de Constitucional de las facultades de Derecho, se repite sin cesar la historia de su promulgación, con hojas en blanco y trabajo pendiente por hacer, por redactar, conciliar e interpretar. Su contenido formal, contrario a la realidad, nos puso a la vanguardia constitucional de la región, posicionando al país como avanzado entre sus pares y vecinos.

A pesar de sus detractores, sobre todo en derechos individuales y protección constitucional y de amparo a derechos fundamentales, la Constitución del 91 es un hito legal e histórico en nuestro país.

La independencia del Banco de la República y convertirlo en un órgano técnico, dirigido no por políticos de turno sino por economistas, la gran mayoría ilustres, y con un propósito claro, controlar la inflación, ha sido uno de los beneficios más importantes para la Nación. Este asunto es vital, teniendo en cuenta los vecinos, una Venezuela que sufre diariamente su pésimo manejo de la moneda y la inflación, Argentina con crisis cada tanto por lo mismo y un descontrol absoluto de la economía, por el afán de impresión de papel moneda como solución cortoplacista y la mayoría de veces, irresponsable.

Por otra parte, la tutela. El amparo, como se le conoce en otras latitudes, en Colombia ha sido revolucionario. Los jueces pasaron a ser protagonistas, unas veces para mal, pero la gran mayoría para bien, en la protección de los derechos ciudadanos. Políticos, alcaldes, gobernadores, empresarios, instituciones, ninguna ha estado exenta de verse afectada por una tutela. El ciudadano de a pie pudo acceder a la justicia, de manera pronta y efectiva y ver materializada, la protección judicial. Que tiene cosas por mejorar, por supuesto, pero que ha sido y será un mecanismo adecuado y efectivo para la garantía de los derechos, sin duda.

Las Superintendencias y las comisiones de regulación en cada ramo han sido la gran mayoría de veces, manejadas en pro de sus usuarios y en control de sus vigilados, pero también un apoyo para que no se perpetúen abusos en los distintos sectores industriales y económicos;  servicios Públicos energía, agua potable y gas, telecomunicaciones, comercio, libre competencia, protección al consumidor, competencia desleal, contratos de transporte abusivos, retrasos y entregas fallidas, la utilización irregular de sociedades, los abusos de los administradores, la manipulación del sector solidario, se convirtieron en asuntos regulados y limitados por el Estado en pro de sus ciudadanos; a cada Superintendencia le faltan dientes para poner sanciones aún más ejemplares y lo suficientemente persuasivas para restringir los abusos a los usuarios, pero fue un paso enorme, dentro de nuestra Nación, que surgió de la Constitución del 91.

Sin embargo, hay asuntos que nos faltan por limitar y está claro que la Constitución Política como norma, muy bien escrita y narrada, no ha logrado solucionar los problemas más importantes de la sociedad, pero en especial uno, el de la mayoría de la clase política. La gran mayoría de los políticos siguen igual y por tanto, es muy difícil que un texto escrito por el mejor escritor, abogado y regulador del mundo, pueda cambiar nuestra realidad.

La Constitución intentó frenar, contener y mejorar la sociedad y a su clase política, y tal vez mejoró lo primero, pero lo segundo siguió igual. Para decir unos cuantos ejemplos de cómo la mayoría de políticos se ha burlado de la Constitución son: La potestad tributaria y su constante modificación, su excesivo formalismo, alarmante incomprensión y por supuesto, su utilización politiquera, genera inseguridades. La ampliación alarmante e insegura de fallos judiciales promovidos por lobbies y manipulados por políticos, desdeñable; los alarmantes casos de corrupción en las altas cortes normalmente relacionados con políticos de turno, sea para lograr un fallo o para tumbarlo, vergonzoso; una Procuraduría, Contraloría y Fiscalía que deberían trabajar en pro de una sociedad y no de un sector político, preocupante; una renta mínima básica fundamental que se sigue negando a los ciudadanos de este país, teniendo los recursos, despreciable.

La eliminación a raja tabla de toda forma de violencia como legitimante de posiciones políticas, para extinguir de una sola vez toda esa lacra asesina; la salud y la educación como mínimos irrenunciables y la prohibición de que el sector médico, que mueve cientos y miles de millones, pueda financiar políticos; la profundización de libertades individuales, la separación del Estado de cualquier creencia, eliminarían contradicciones profundas entre la realidad social y el texto normativo. Todos estos problemas nos obligan a repensar si el problema es la Constitución del 91 o somos nosotros, si como país sufrimos por ser ilusos o debemos resignarnos a adaptarnos a una realidad nefasta.

La Constitución del 91 fue pensada para cambiar todo, pero la gran mayoría de nuestros líderes políticos no cambiaron en nada, y por lo tanto, esta disonancia entre forma y realidad generará por siempre la inaplicabilidad de todo aquello que perjudique a aquéllos, a la clase política, a los que mandan.

Por eso suena y suena el cascabel para modificar la Constitución, un texto que, si se aplicara, seríamos el país más importante de la región ¿Y si nos preocupamos por hacerla más vinculante, más real y accesible? ¿Y si le metemos dientes para que sea un timonel de difícil y casi imposible reforma y sirva de guía por generaciones? ¿Y si no le metemos mano para retroceder sino para avanzar en un mundo cada vez más incluyente, con estándares mínimos más altos y con ética judicial, predecibilidad institucional y administrativa?

La Constitución del 91 no está mal, eso está claro; lo que demuestran estas 3 décadas de la señora Constitución, es que somos nosotros los del problema, los que siempre votamos por los que no han querido aplicarla por ser contraria a sus intereses ¡Felices 30 años, señora Constitución!