De acuerdo a como se perfilan los acontecimientos, tal parece que nos dirigimos a un callejón sin salida en el cual, probablemente, nadie gane y todos pierdan. Con el gobierno reprimiendo y los manifestantes radicalizándose lo que acecha en el horizonte es más sangre y más deterioro de la sociedad.

¿Es esta la única opción posible? Para ciertos sectores parece que esa fuera la única alternativa presente y futura. Pero esta es la peor de todas las probabilidades, ya que en vez de ayudar a resolver los problemas los ahondará. Algunos piensan que se debe destrozar al otro para conseguir una victoria rotunda, como si esta fuera la II Guerra Mundial y no hubiera nada que negociar.

La alternativa de la tierra arrasada y del todo o nada es muy tentadora para los seres impacientes que desean escalar el conflicto hasta exprimirle toda su potencialidad. Pero esa aparente solución puede traer consigo el desgaste de la protesta social y hasta su desprestigio, por el impacto negativo de los actos de violencia.

Como lo están pidiendo varias instituciones, líderes políticos y partidos lo que exige el momento no es seguir alimentando el espontaneísmo violento o la exclusiva movilización pacífica en las calles, sino el inicio de la canalización de la fuerza de la protesta hacia un diálogo con el gobierno, que desemboque en compromisos y soluciones,

Ya en ese campo hay algo avanzado, en cuanto a las propuestas y a la organización del proceso. Es lógico que el Comité Nacional del Paro debería cumplir un papel principalísimo, centralizando las diversas iniciativas de los sectores sociales y liderando los diálogos con el gobierno a nivel nacional.

El congreso será decisivo, pues mucho de lo concertado entre las partes mediante el diálogo tendrá que procesarse y legalizarse en esa instancia legislativa. Habría que analizar la posibilidad de diálogos regionales y locales, integrando a los partidos, a los gremios estudiantiles, a los concejos y a las asambleas, así como a los alcaldes y gobernadores.

Es posible aprovechar, además, la oportunidad de catástrofe creada por la pandemia y por la protesta social para revitalizar la democracia, construyendo espacios que le permitan a los jóvenes expresarse, pero, sobre todo, que sean medios para obtener logros tangibles de beneficio común.

Algo consiguió ya la movilización popular en esta última materia. La reforma tributaria de Carrasquilla-Duque pasó a mejor vida, junto con la cabeza del ministro de hacienda. El gobierno manifestó que va la matrícula cero en las universidades públicas para los estratos 1, 2 y 3.

El diálogo que se avecina, si se concreta, tiene muchos frentes para trabajar. Un tema de fondo es el relacionado con la necesidad de recoger recursos frescos para enfrentar el déficit fiscal que ahondó la pandemia, y para financiar las ayudas para los más pobres.

El país debe seguir esforzándose para superar la covid-19 mediante la vacunación, y para paliar los efectos negativos de esta en el plano económico y en otros niveles. Uno de los logros de la protesta estaría en presionar al ejecutivo y al legislativo para adoptar medidas que favorezcan, sobre todo, a los sectores bajos de la estructura social, con instrumentos urgentes, como la renta básica.

Otro de los pasivos que debería estar en la agenda es el de los acuerdos de La Habana. Este gobierno, por la instigación de Uribe y de la ultraderecha, se ha dedicado a sabotear su aplicación, cerrando con esto la vía del diálogo y la reforma para resolver los problemas nacionales.

Se requiere un compromiso serio y respetuoso con una política de Estado que ha sido boicoteada por el uribismo con mentiras, tergiversaciones e incumplimientos. El movimiento popular debería retomar esta línea de discusión en los diálogos, para obligar a Duque a cumplir cabalmente con lo pactado en La Habana.

La explosión de los últimos días es una campanada de alerta sobre los graves problemas que afectan a la juventud y a los grupos más vulnerables. Es, además, un fuerte cimbronazo contra el gobierno y contra algunas de sus peores políticas y prácticas.

Si las partes quieren, de esta experiencia traumática no tiene por qué salir solo sangre, violencia y destrucción. Por el contrario, del caos que acecha es posible entresacar un proceso relativamente ordenado que conduzca a mejorar la calidad de vida de los más vulnerables, y a elevar el estatus de la democracia.