En Colombia los Planes de Desarrollo (desde su gestación hasta su implementación), tanto a nivel nacional como territorial los rige la ley 152 del 94. Las administraciones de Barranquilla y el Atlántico ya han presentado a sus respectivos cuerpos colegiados los proyectos, de acuerdo y ordenanza respectivamente. Pero esos planes fueron construidos en otra coyuntura, con una ciudadanía y unos gobiernos, que no atravesaban por la crisis sanitaria global actual.

La buena noticia es que tanto Distrito como Departamento, son administraciones territoriales dotadas de gran capacidad institucional. En este texto no entraremos a explicar las causas de ello; pero lo importante es que tienen cómo reaccionar a la crisis y a la vez adaptar prioridades, fuentes de financiación, equipo y metas. Sin embargo, esa no es la realidad de todos los municipios. Es por ello, que distintas voces desde la política, la academia, o la sociedad civil, nos hemos sumado a solicitar al DNP que se extiendan los plazos de entrega y aprobación.

¿Las razones? (1) La Presidencia de la República ha decretado estado de Emergencia en el territorio nacional; (2) Colombia es esencialmente municipalista, y estas unidades territoriales son heterogéneas no todas cuentan con las mismas herramientas ni capacidades institucionales; (3) En muchas zonas rurales no se cuenta siquiera con la cobertura de internet para trasladar los procesos de co-creación o participativos a la virtualidad.

En condiciones “normales”, las administraciones según lo estipulado en la Ley cuentan con 4 meses para presentar el documento a la asamblea y al concejo según corresponda. Posteriormente se da un debate abierto en el que la ciudadanía aún tiene el espacio de incidir. Pero como están las cosas, se corre el riesgo de que este proceso se tenga que extender en el tiempo para algunos territorios que están volcados completamente en atender la crisis no solo de salud pública sino también económica.

Necesitamos como sociedad, aunque resulte complicado, evitar caer en un fetichismo normativo en el que creemos que el problema y la solución están contemplados en una ley.  Además, la incertidumbre que reina hace que hasta los gobiernos más robustos como el de Bogotá, Barranquilla, o Medellín, se vean en la necesidad de adaptar los parámetros para la definición de metas anuales y plurianuales. ¿Cómo podemos exigirles a todos los territorios lo mismo? Tal vez debimos hacernos esta pregunta antes, y el COVID nos ha obligado a hacérnosla ahora.