Los asesinatos y secuestros en Colombia relacionados con grupos armados irregulares llevan un largo rato al alza. El breve interludio durante el proceso de paz en el que la violencia experimentó un descenso significativo, derivado de la disminución de acciones relacionadas con el conflicto, hace tiempo llegó a su fin. Los asesinatos de líderes sociales -y civiles en general- en zonas de alto riesgo dan cuenta de ello. En suma, está pasando lo que se sabía que iba a pasar, con la salida de las FARC de los territorios que ocupaban anteriormente, ha quedado un vacío de poder que el Estado colombiano no ha sabido llenar y que los grupos armados están intentando aprovechar.

Este fin de semana siete personas fueron asesinadas en el departamento del Cauca en circunstancias típicas de los asesinatos sicariales contra líderes sociales que ya se están haciendo costumbre en el país. Se trata de un lento desangre a las organizaciones de sociedad civil contra el que el Estado no ha hecho nada, o no parece. Lo peor es que, con franqueza, es difícil que pueda hacer algo ahora, los procesos de construcción estatal en zonas de posconflicto deben ser bien planificados, pero la alergia del actual Gobierno al proceso de paz le ha llevado a descuidar la implementación de políticas sociales y desarrollo de infraestructura que debían ser acompañadas de presencia militar, ahora para hacer lo primero tendrá que centrarse plenamente en lo segundo.

La primera pregunta que debemos hacernos ante este panorama es ¿por qué los grupos armados asesinan a lo que popularmente hemos decidido denominar líderes sociales? Más allá de las razones particulares de cada caso, en el gran esquema de las cosas este tipo de violencia está asociada con fines de dominación o conquista. Cuando un grupo armado irregular ataca a la sociedad civil de un municipio intenta debilitar sus instituciones civiles para poder imponer un dominio irregular, por fuera de la esfera estatal. Al destruir la capacidad de organización de una comunidad se mata la resistencia, las desviaciones de comportamiento, las colaboraciones con el enemigo. Los grupos armados están arrebatando territorio al Estado colombiano.

Esto no es nuevo en la historia de nuestro país, es, más bien, lo típico. No obstante, duele, más allá de lo mucho que duelen las vidas que se apagan, la oportunidad perdida. El Gobierno se ha pegado un tiro en el pie, al basar parte de su apoyo electoral en el desprecio al proceso de paz, ha dejado de seguir de forma cuidadosa los procesos que era necesario seguir con los guerrilleros que se desmovilizaban y las comunidades donde estos estaban. Donde no hay Estado y hay armas se crean estas pequeñas repúblicas de violencia, ahora ni siquiera con la excusa de la guerra ideológica.

¿Le conviene esto a Duque y el Centro Democrático?, uno pensaría que no. Una sensación de inestabilidad y violencia generalizada en el país, que claramente ha coincidido con su mandato, debería de tener un costo electoral, la gente, en teoría, no va a votar por el partido que los ha hecho volver a constatar en el día a día la realidad de la debilidad estatal. Sin embargo, también es cierto que la masacre de todos los fines de semana fortalece su plataforma política, decían que el proceso de paz era un engaño y parece verdad, la violencia parece estar al alza. El problema desde luego es que se trata de una profecía autorrealizada.

Sin embargo, es difícil saber qué esperar. Es probable que el votante promedio no vea la cadena causal con facilidad, sobre todo el votante urbano que no vive la violencia sino a través de las noticias. Irónicamente, el efecto contrario al fortalecimiento estatal que inició Uribe podría ser lo que le valiera una reelección a su partido en 2022. La plataforma sin embargo, no se podrá sostener por mucho tiempo, al enfrentarse ahora a organizaciones plenamente narcotraficantes, es muy complicado que puedan reproducir los logros del periodo 2002-2010 usando las mismas estrategias. Es decir que el Centro Democrático no podrá seguir culpando indefinidamente al Gobierno anterior de sus fallos.

Por otra parte, es necesario analizar las consecuencias de la omisión gubernamental. La destrucción de la capacidad de la sociedad civil es un daño que puede ser permanente e incuantificable. Cada vez que un grupo armado asesina a una persona capaz de movilizar a los demás miembros de una comunidad, se destruye esa capacidad y además se disminuyen las probabilidades de que nuevas personas con esas cualidades vuelvan a surgir. Una comunidad incapaz de movilizarse es presa fácil para los grupos armados que quieran ejercer dominio territorial. Es como un cuerpo con el sistema inmune debilitado, con el tiempo las enfermedades se harán recurrentes.

Entre todas estas cosas, además, el sábado 5 de diciembre un ciudadano español miembro de una ONG internacional fue secuestrado en Toribío, Cauca. Aunque el Gobierno ha pedido que se respete la vida de Jesús Quintana, todavía resta ver de qué forma procederán las organizaciones ilegales, con suerte el estatus de extranjero de Quintana sea suficiente para asegurarle una pronta liberación, aunque probablemente le imposibilite seguir desarrollando su labor en el país. Es triste constatar cómo, después de alcanzar a ilusionarnos, volvemos a ser el país de los secuestros y las masacres que es mejor pasar de largo en el mapa.