La casa por cárcel que dictaminó la Corte Suprema contra el expresidente Uribe se articula a su drama personal y familiar, y es, también, una arista importante de la violencia que azota la política contemporánea en Colombia.

Cabe recordar que este político sistematizó, desde el poder, toda una metodología defensiva y contraofensiva que algunos calificaron como “el todo vale”. Ese conjunto de formas de lucha tuvo una expresión concreta en la toma de las instituciones por él y sus aliados para enfrentar a sus enemigos, la guerrilla y la izquierda, y a los supuestos o reales “aliados del terrorismo”.

Con “el todo vale” uribista se desencuadernó aún más la institucionalidad y la legalidad, bajo el grito de guerra y los cantos de victoria contra los oponentes. Las chuzadas desde los organismos estatales contra los adversarios ideológicos, el periodismo independiente y los jueces, se inscribieron en ese contexto.

Los globos mediáticos, la desinformación y los montajes periódicos (al mejor estilo fascista) contra los jueces o los políticos que hicieran resistencia, se combinaron con una estrategia militar dura contra las guerrillas, y contra las poblaciones que estaban bajo su influencia.

El número de masacres y de desplazados, fruto de la guerra, se incrementó dramáticamente, y superó al de las personas victimizadas en varias de las dictaduras del cono sur, sin la proclamación de una dictadura militar abierta, sino bajo el imperio de la “seguridad democrática”, es decir, bajo el antifaz del respeto de las normas legales y de la democracia.

La “seguridad democrática” fue la reacción de una parte de la sociedad colombiana contra las exageraciones y la violencia de las guerrillas. Por eso contó con el apoyo de sectores muy variopintos, algunos conectados sólidamente con el conflicto armado, y otros que secundaron el proyecto por el odio y el temor a la guerrilla y a la ultraizquierda, dadas las secuelas destructivas de las acciones de los alzados en armas.

Pero la “seguridad democrática” no solo representó una respuesta violenta a la violencia guerrillera, sino que introdujo al país en la vorágine de una mayor desinstitucionalización, o de la conversión de varias instituciones del Estado en apéndices de la política de tierra arrasada, inspirada en el “todo vale”.

La desaparición del DAS es un efecto de esa combinación de todas las formas de lucha, pues ese organismo se convirtió en una de las puntas de lanza de la guerra contraguerrillera, y por eso se vio implicado en alianzas oscuras con los paramilitares, con la delincuencia común y con otros sectores radicalizados, todo con el visto bueno de Uribe, pues la institución estaba bajo su influencia inmediata.

Los aliados, amigos y simpatizantes de Álvaro Uribe suelen resaltar sus logros al reducir, mediante la vía militar, a las FARC; pero soslayan los defectos de la “seguridad democrática”, y se niegan a reconocer que con su “todo vale” este presidente trabajó en contra de las instituciones, aumentando los niveles de corrupción, de irrespeto a las normas, y actuando de manera muy parecida a como lo hicieron los peores dictadores latinoamericanos, pero sin quitarse la máscara de la democracia.

Tal parece que los métodos ilegales y violentos de Álvaro Uribe no desaparecieron con su salida del poder. Una prueba de esto es el tremendo drama en que está metido por disparar una bala que se le convirtió en bumerang. Los procedimientos del “todo vale”, que en el pasado le ayudaron a ganar otras batallas, ahora le juegan una mala pasada.

Los testigos falsos y los trucos ilegales lo tienen enredado en la Corte Suprema, y de acusador de un político de izquierda, Iván Cepeda, pasó a estar sentado en el banquillo de los acusados como violador de la ley, y como creador de montajes perversos, de la mano de abogados tan perversos y oscuros como él.

La táctica mediática de Uribe (y sus seguidores) es la misma que siempre ha empleado: él es inocente, y todo lo que dicen en su contra es la consecuencia de una confabulación de sus enemigos, y de los magistrados que no actúan conforme a derecho, sino motivados por la opinión de los opositores. Es decir, otra vez se trata de una persecución política.

Pero el truco de presentarse de nuevo como víctima de una confabulación política, como perseguido de la guerrilla y de la izquierda, quizás no le sirva de mucho esta vez, pues las pruebas aportadas al proceso son terriblemente contundentes, y pueden ser revisadas por cualquiera, ya que se volvieron de dominio público, al publicarse en los medios de comunicación más importantes, y en las redes sociales.

Uribe sabe que legalmente no tiene salida, que va a terminar condenado. Ya la casa por cárcel representa un tremendo logro de la justicia (y un duro golpe para él), pues se atrevió a tocar a un político a quien todos temen, y a llegar hasta donde nadie ha llegado hasta ahora, contra todo pronóstico.

El drama personal y familiar de Álvaro Uribe en este punto se convierte en el drama general de un país que no ha podido dejar atrás la violencia. Una nación enredada por las ideas enfermizas de una ultraderecha irracional, y por las concepciones milenaristas, y también muy enfermizas, de una guerrilla y de una ultraizquierda irracionales y violentas, que quieren seguir cambiando el mundo con supuestos teóricos que han fracasado en todas partes, y que suelen traer males peores que los que se pretende curar.

La única forma viable de resolver el enredo en que se metió el expresidente es la vía legal, dejando que la justicia actúe conforme a las leyes establecidas, y apoyada en las pruebas. Pero esta manera de resolver un asunto legal por la vía de los jueces es la que menos le conviene a Uribe y al uribismo, si se tiene en cuenta el mamotreto de la Corte para justificar la casa por cárcel, y lo que se infiere de los indicios.

Podría decirse que Uribe construyó la trampa y se metió en ella, secundado por sus abogados inescrupulosos. Salir de esa jaula de amenazas y del complique de las normas que él viola sistemáticamente, para salvarse, es muy difícil, y la única opción que le queda es continuar en la tarea de desprestigio de los jueces.

Pero ese es un camino incierto y plagado de imponderables. No es fácil hacer que los magistrados cambien una decisión apoyada en pruebas tan contundentes. Tampoco es posible salvar a Uribe por la vía política, mediante una constituyente. Una reforma a la justicia, para acabar con las cortes que le enredan la vida, resulta, en este momento, una utopía irrealizable.

Este fenómeno político y legal inesperado tiene varias alternativas, hacia donde podría avanzar. Pero nada está claro aún, si excluimos la casa por cárcel y la evidencia que la respalda.

Está por verse con qué discurso saldrá Duque en el futuro inmediato, cuando le toque defender con más ahínco las instituciones nacionales, o aceptar su demolición, por parte de los alfiles de Uribe, para salvar al jefe.

En la corta duración es muy improbable una reforma que destroce a las Cortes, y al órgano máximo de la justicia transicional (la JEP), aunque ese sea el deseo profundo del uribismo, pues allí reside su problema principal, a raíz de la participación directa del jefe, y de muchos de sus aliados, en los crímenes del conflicto armado.

El Congreso no es dominado por los uribistas, y es muy posible que, ante la política de tierra arrasada institucional para salvar al líder, las fuerzas partidistas que ahora acompañan a Duque decidan no caminarle a ese salto al abismo. Este sería un contrapeso político dentro del establecimiento contra la desesperación y la desmesura de los alfiles de Uribe, que no saben cómo responder ante el martillazo sorpresivo e increíble de la Corte Suprema contra el jefe máximo.

Los apoyos de los dirigentes internacionales ayudan muy poco en este escenario, ya que no se está ante un asunto exclusivamente político, sino, sobre todo, legal. La Corte está sometida a la lógica de la ley vigente, y es casi imposible que se salga de ese curso. No tiene más opción que esa.

Y si eso es así, la consecuencia inmediata de todo el proceso será el encarcelamiento definitivo del líder supremo, de acuerdo con las pruebas que reposan en el mamotreto que conoce el público. Por este camino, Uribe y los suyos tienen poco que hacer, y aquí reside el más importante riesgo que se corre por parte de la sociedad.

La última carta para no dejarse vencer en un juicio es el “todo vale”, y ese engendro de Uribe y sus amigos es tan tenebroso como los métodos de la guerrilla para tomarse el poder. No importa la ley, no importa la vida, nada importa, con tal de ganar. “Todo vale”.

Aquí estamos de nuevo varados en las secuelas del conflicto armado, y no se sabe a ciencia cierta cómo saldremos del hoyo negro de la guerra, que ha revivido, en el terreno de las leyes, la valiente e inesperada decisión de la Corte.

Al lado de la feroz pandemia, este es el problema político y legal más importante de la nación. Tiene tanto poder desestabilizador y tantos imponderables, que predecir cualquier salida, mediante los recursos de la lógica, es una actividad muy difícil, más propia de Nostradamus que de la ciencia social.

Ojalá que la defensa de un solo hombre y de su movimiento no termine de destrozar a este maltrecho país, aún preso del conflicto armado. Porque Uribe y los suyos son capaces de todo, hasta de hundir a la república para salvar su cabeza.

Esta es la espada de Damocles que se cierne sobre todos, y que definirá nuestro futuro inmediato. Ni más ni menos.