Cada cierto tiempo, Colombia presencia el mismo ritual político-criminal. Ocurre un hecho violento que estremece a la opinión pública, se encienden las alarmas mediáticas y, casi como una fórmula automática, surge la propuesta: “hay que aumentar las penas”. Lo hemos visto frente al feminicidio, los delitos sexuales contra menores, la corrupción, la violencia contra líderes sociales e incluso los delitos ambientales. El legislador, urgido de mostrar eficacia, recurre a la herramienta más visible y simbólica: endurecer el Código Penal. El mensaje parece claro y reconfortante: si se castiga con mayor severidad, la sociedad estará más segura. Sin embargo, detrás de ese aparente sentido común se esconde una paradoja inquietante: mientras las penas crecen en el papel, la inseguridad y el miedo ciudadano también lo hacen. ¿Qué está fallando? ¿Realmente más cárcel equivale a más seguridad, o estamos frente a un placebo político, una ilusión que calma momentáneamente el malestar social, pero que no ataca las causas del problema?

La criminología crítica ha dado nombre a este fenómeno: populismo punitivo. Se trata de la utilización del derecho penal como escenario simbólico donde el legislador responde al clamor ciudadano con reformas que, aunque mediáticamente rentables, rara vez se traducen en mayor seguridad. El guion es casi siempre el mismo: un caso conmociona a la opinión pública, los noticieros abren con imágenes de dolor y rabia, y en el Congreso se presentan proyectos de ley que prometen “mano dura”. Poco importa si las estadísticas demuestran que las penas ya eran altas, si el sistema penitenciario está colapsado o si los problemas de impunidad tienen otras causas. Lo relevante, en el plano político, es dar una respuesta rápida que genere aplausos.

La Corte Constitucional ha advertido sobre este riesgo en múltiples ocasiones, recordando que el derecho penal debe ser la última ratio del ordenamiento jurídico, y que cualquier aumento de penas debe superar un juicio estricto de proporcionalidad. En palabras más simples: no se trata de legislar al calor de la indignación, sino de justificar racionalmente por qué una pena más severa es necesaria y adecuada. A pesar de este llamado, la dinámica legislativa sigue privilegiando el efecto simbólico sobre la eficacia real.

Uno de los argumentos más frecuentes para justificar el aumento de penas es la supuesta capacidad disuasoria del castigo. Se asume que, si un delincuente potencial sabe que la sanción será más alta, pensará dos veces antes de cometer el delito. La realidad, sin embargo, contradice este mito. Diversos estudios internacionales, como los del Banco Mundial y del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, coinciden en que el aumento de penas no tiene un impacto significativo en la tasa de criminalidad. En cambio, lo que sí influye es la certeza de la sanción: es decir, la probabilidad real de que el delito sea investigado, probado y castigado. En Colombia, la impunidad sigue siendo el gran obstáculo. Según datos de la Fiscalía y la Procuraduría, ocho de cada diez delitos quedan sin una condena efectiva. ¿Qué efecto puede tener aumentar una pena de veinte a cuarenta años si la mayoría de los casos ni siquiera llegan a juicio? La ecuación se vuelve clara: no es la severidad, sino la certeza de la sanción lo que disuade.

La consecuencia más inmediata del populismo punitivo es el hacinamiento carcelario. Colombia supera, según cifras del INPEC, un ciento veinte por ciento de sobrepoblación penitenciaria en varios Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. Las celdas diseñadas para dos personas albergan cuatro o cinco. En algunos patios, las colchonetas deben turnarse entre internos que duermen por horas. En este contexto, el endurecimiento punitivo no genera más seguridad, sino más caos. Las prisiones, lejos de resocializar, se convierten en verdaderas escuelas del crimen, donde el hacinamiento y la falta de programas de reintegración aumentan la probabilidad de reincidencia. No es casualidad que, según informes oficiales, más del treinta por ciento de las personas privadas de la libertad reincidan una vez recuperan la libertad. La Corte Suprema de Justicia ha advertido que la proporcionalidad de la pena no puede medirse por el clamor popular, sino por criterios de necesidad y adecuación frente al caso concreto. Más años de cárcel en condiciones inhumanas no reducen la criminalidad: la potencian.

Persistir en la idea de que más penas equivalen a más seguridad tiene un doble costo. Por un lado, erosiona la confianza ciudadana: cada reforma genera expectativas que pronto se frustran, porque la realidad no cambia. Por otro, distorsiona las prioridades del Estado, que invierte en cárceles y custodios lo que debería invertir en educación, salud, empleo y programas de prevención del delito. El derecho penal se convierte, entonces, en un escenario de espectáculo político. Cada nueva ley punitiva es presentada como la solución definitiva, pero en el fondo responde más a la lógica de la inmediatez electoral que a un diagnóstico serio de política criminal. En términos de eficacia, son medidas aspirina: calman el dolor social momentáneo, pero no curan la enfermedad.

La verdadera discusión no es si debemos castigar más, sino cómo castigamos y para qué. El derecho penal no puede reducirse a un catálogo de penas crecientes; debe ser un sistema racional, garantista y orientado a resultados. Eso implica varias cosas: fortalecer la investigación criminal, porque sin capacidad técnica, científica y humana para investigar, ninguna pena tendrá efecto disuasivo; priorizar la certeza sobre la severidad, porque más importante que una pena alta es que exista una alta probabilidad de que el responsable sea juzgado y condenado; apostar por la prevención, porque atacar las causas estructurales del delito —desigualdad, falta de oportunidades, exclusión social— es mucho más efectivo que llenar las cárceles; y desarrollar alternativas a la prisión, porque no todos los delitos requieren el encierro como respuesta.

El discurso de “más penas, más seguridad” es seductor. Da la sensación de control, genera titulares rimbombantes y ofrece a la ciudadanía la idea de que el Estado actúa con firmeza. Pero como todo placebo, su efecto es pasajero y superficial. La seguridad ciudadana no se construye con reformas simbólicas ni con penas desproporcionadas, sino con instituciones sólidas, políticas integrales y un compromiso real con la prevención del delito. El reto del legislador y de la política criminal contemporánea es resistir la tentación del aplauso fácil y asumir la tarea más difícil, pero también más honesta: diseñar un sistema penal que funcione, que respete garantías y que, de verdad, contribuya a la seguridad y la justicia.

En últimas, la ecuación no es “más penas, más seguridad”, sino “mejores políticas, más seguridad”. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, marca el paso entre un derecho penal de espectáculo y un derecho penal verdaderamente eficaz.