Hay una pregunta que demasiadas mujeres se han hecho en silencio: ¿volveré? No es una pregunta dramática ni literaria. Es cotidiana. Atraviesa decisiones simples —ir al trabajo, tomar un taxi, caminar unas cuadras, salir a estudiar, encontrarse con amigas— y se instala como una sombra que acompaña cada trayecto. Salir de casa, para muchas mujeres, no es únicamente ejercer la libertad de tránsito; es asumir un riesgo que no eligieron.

Desde una óptica de género, este miedo no es una percepción aislada ni una exageración cultural. Es el resultado de una estructura social que históricamente ha colocado los cuerpos femeninos en una posición de vulnerabilidad sistemática. No se trata solo de agresiones individuales; se trata de un entramado de desigualdades, tolerancias institucionales, omisiones estatales y narrativas sociales que naturalizan la violencia contra las mujeres como si fuera un fenómeno inevitable.

El espacio público no es neutro. Aunque jurídicamente se proclame que todas las personas gozan del derecho a circular libremente y en condiciones de seguridad, la experiencia demuestra que ese derecho no se ejerce en igualdad. Para los hombres, salir suele ser un acto ordinario. Para las mujeres, puede implicar estrategias de autoprotección: compartir ubicación en tiempo real, evitar ciertas calles, modificar la vestimenta, no regresar solas de noche, avisar cada movimiento. La libertad se vive con condiciones.

Este fenómeno no puede analizarse únicamente desde la criminalidad común. La violencia que enfrentan las mujeres al salir de casa está atravesada por relaciones de poder, por patrones culturales que cosifican, por discursos que justifican y por sistemas que muchas veces fallan en prevenir, investigar y sancionar con debida diligencia. La perspectiva de género exige precisamente eso: reconocer que la violencia no es azarosa, sino estructural.

Cuando una mujer no regresa, el debate público suele girar hacia su conducta: ¿por qué estaba allí?, ¿con quién salió?, ¿qué hacía a esa hora? Es una reacción casi automática que desplaza la atención del agresor y la traslada a la víctima. Ese desplazamiento no es inocente; reproduce la idea de que la seguridad femenina depende de su comportamiento y no del deber estatal de garantizar derechos. Se juzga la decisión de salir, no la violencia que la interrumpe.

El problema no es que las mujeres salgan. El problema es que el entorno sigue siendo hostil. La pregunta correcta no es por qué estaba fuera, sino por qué el espacio público continúa siendo un escenario de riesgo diferenciado. Y allí emerge una responsabilidad jurídica ineludible: el Estado no solo debe reaccionar ante la violencia consumada, sino adoptar medidas estructurales para prevenirla. La debida diligencia no es una fórmula retórica; es un estándar exigible.

Hablar de género en estos casos no es idealizar el dolor. Es contextualizarlo. Es comprender que la violencia contra las mujeres no se explica por hechos aislados, sino por patrones que se repiten con inquietante similitud. Es reconocer que el miedo femenino no es irracional: es aprendido, heredado y confirmado por estadísticas, noticias y experiencias compartidas.

Salir de casa no debería implicar calcular probabilidades de supervivencia. Sin embargo, muchas mujeres han internalizado esa lógica. Cambian rutas, aceleran el paso, sostienen las llaves entre los dedos, fingen llamadas telefónicas. Estas conductas, normalizadas como prudencia, son en realidad síntomas de una desigualdad profunda. Cuando la autoprotección se convierte en regla, la libertad se reduce.

La reflexión jurídica debe ir más allá del caso concreto y preguntarse por las condiciones que permiten que estas historias se repiten. ¿Existen políticas públicas eficaces de prevención? ¿Se investiga con enfoque de género? ¿Se combate la impunidad? ¿Se transforman los imaginarios que trivializan la violencia? El derecho no puede limitarse a intervenir después del daño. Debe asumir un rol transformador.

También es necesario cuestionar la narrativa de inevitabilidad. No es cierto que “siempre ha sido así” y que nada puede hacerse. La violencia de género no es una fatalidad biológica ni cultural; es una construcción social que puede y debe desmantelarse. Ello implica educación, políticas de igualdad, fortalecimiento institucional y, sobre todo, una comprensión clara de que la seguridad de las mujeres no es un privilegio, sino un derecho fundamental.

Cuando una mujer sale de casa, debería hacerlo con la misma expectativa con la que cualquier ciudadano ejerce su libertad: regresar. El simple hecho de que esa expectativa no sea universal revela una falla estructural. La igualdad formal proclamada en las normas pierde sentido si en la práctica existen riesgos diferenciados por razón de género.

No se trata de promover miedo, sino de visibilizar una realidad que durante mucho tiempo se minimizó. La perspectiva de género no amplifica la violencia; la nombra. Y nombrarla es el primer paso para transformarla. Cada vez que se cuestiona la necesidad de este enfoque, se ignora que las cifras, las experiencias y las sentencias han demostrado que la violencia contra las mujeres tiene características específicas que exigen respuestas específicas.

Salir de casa no debería ser un acto de valentía. No debería implicar despedidas implícitas ni mensajes preventivos. No debería ser un cálculo. Debería ser simplemente eso: salir. Mientras ese acto cotidiano continúe atravesado por el temor, la agenda jurídica y política tendrá una tarea pendiente.

Porque la libertad no es completa cuando depende del género. Y la igualdad no es real cuando regresar se convierte en un privilegio incierto.