Recientemente el país se despertó a la trágica noticia de la muerte de varios menores de edad (aún no hay certeza del número) en un bombardeo del Ejército contra las disidencias de las extintas FARC comandadas por Gentil Duarte en el Guaviare. La noticia ha conmocionado a la opinión pública, que por cuenta de los medios de comunicación ha podido ver el rostro humano de los jóvenes que, a la fuerza o voluntariamente, terminaron entre las filas de uno de los principales grupos criminales que ejerce un control ilegal y sanguinario en el sur de Colombia.

El problema con la situación, sin embargo, no ha sido tanto el reconocimiento de la tragedia que representa, sino la simpleza con la que ha sido asumida desde los fortines ideológicos de la izquierda y la derecha. Para la derecha, cuya postura podría verse reflejada en las palabras del Ministro de Defensa, Diego Molano, los jóvenes eran “máquinas de guerra”, que se convirtieron en criminales al momento en que entraron a formar parte de las filas de Gentil Duarte, y que, por lo tanto, deben ser perseguidos como tales. Para la izquierda, el Ejército, despiadado y brutal, no es más que una institución asesina carente de humanidad, que se disputa el control del territorio con grupos ‘narco-criminales’.

Es evidente que ninguna de las dos visiones puede convivir con la otra, es el problema de las visiones extremas, son excluyentes. Entonces, ¿quién tiene la razón?, el asunto es que ninguna de las dos posturas es correcta. Incluso teniendo yo mismo una inclinación política que considero de centro izquierda, y con una alergia bastante fuerte a la derecha colombiana, no puedo ignorar el hecho de que, efectivamente la decisión de bombardear –o no- un campamento criminal lleno de menores de edad no es sencilla, la respuesta no es tan simple como quiere hacerla ver la izquierda.

Si como regla general me impongo no atacar lugares en los que pueda haber un adolescente reclutado para la guerra por un grupo al margen de la ley, estaría creando incentivos demasiado fuertes para reclutar más adolescentes. Los grupos criminales no van a actuar bondadosamente y dejarán de reclutar a los menores por ‘responsabilidad social’, si antes ya tenían razones para hacerlo, el saber que les pueden servir de escudos humanos solo abonará más a su interés de conseguirlos. Esto por sí solo es argumento suficiente para mostrar lo compleja que es la situación, sin embargo, también está el punto evidente de que estos jóvenes suponen un riesgo para la sociedad –así sea culpa de la misma sociedad que lo sean-.

Entonces, ¿todo resuelto?, ¿atacamos campamentos con menores a diestra y siniestra?, por supuesto que no. Normativamente e instrumentalmente, el Estado tiene un deber con estos jóvenes que, en la mayoría de los casos, terminan en estos grupos en contra de su voluntad, porque incluso cuando nadie los recluta, la absoluta falta de oportunidades de cualquier tipo es una forma de coerción estatal.

No hay una decisión que sea claramente mejor, este es el asunto con los problemas de política y sociedad, no son sencillos de resolver, y francamente no quisiera estar en los zapatos de quien tiene que tomar estas decisiones –aunque si para estas personas es fácil tomarlas, entonces probablemente no son los adecuados para hacerlo-. Entre más pronto aceptemos esta realidad, más pronto estaremos equipados para apoyar las mejores decisiones posibles en los distintos ámbitos de política púbica que se nos presenten. La realidad es que puede que haya situaciones en las que, por más doloroso que resulte, sea necesario bombardear campamentos en los que haya menores, así como haya situaciones en las que los beneficios no justifiquen tales acciones.

Juzgar desde una posición estática e inflexible, sea esta de izquierda o de derecha, solo dificulta más que los líderes políticos que escojamos puedan moverse entre diferentes posibilidades de política pública, y eso no está en el interés de nadie. Me recuerda el asunto las recientes declaraciones de la alcaldesa Claudia López en las que afirmaba que había venezolanos que estaban cometiendo crímenes en Bogotá. La reacción de la izquierda progresista de indignación instantánea habla de las mismas carencias que tanto acusan en la derecha conservadora, aparentemente es un tabú señalar la nacionalidad de criminales.

No obstante, si existe un porcentaje significativo –así no sea mayoritario- de crímenes siendo cometidos por venezolanos, ¿no es necesario considerarlo? Lo primero, evidentemente, es recabar las cifras necesarias para respaldarlo, luego, si las cifras confirman que existe un fenómeno relacionado con la migración de personas del país vecino, es necesario pensar la mejor política pública para resolver el problema. Y es que la forma de resolver la delincuencia ‘orgánica’ de Colombia, no es la misma que la forma de resolver la delincuencia derivada de un fenómeno migratorio tan particular como el venezolano.

Si, para no herir susceptibilidades, tratamos los dos problemas como simples formas de delincuencia llevada a cabo por seres humanos, entonces no podremos tomar las medidas más eficientes. Por hacer una analogía sencilla, si usted tiene una infección bacteriana, no querría que el médico le recetara cualquier antibiótico y esperara que lo mejor sucediera. Lo ideal sería hacer un estudio para aplicar el antibiótico que más efectiva y rápidamente pueda lidiar con su problema.

Los extremos en la vida nunca tienen mucho sentido, casarse con una visión radical del mundo impide ver las sutilezas del camino que separan distintas perspectivas de la realidad. Es por esto que cuando analizamos temas sociales o políticos controversiales desde el lente de una sola postura terminamos con posiciones endebles y argumentos insuficientes. Como siempre, una posición agnóstica y centralizada, aunque no tenga los beneficios mentales de las posturas facilistas, es la mejor aproximación a largo plazo para los problemas públicos.