La Fiscalía solicitó este miércoles  medida de aseguramiento contra Álvaro Felipe Rivera Ramírez, como presunto autor del delito de feminicidio agravado por el asesinato de la joven de 22 años, Valentina Cepeda Rodríguez, quien era su pareja sentimental.

El ente acusador consideró a Álvaro Felipe un "arma letal" por su capacidad para la aplicación de jiu-jitsu, un arte marcial que se basa en la lucha cuerpo a cuerpo usando llaves para el sometimiento, estrangulamiento, inmovilización y luxación.

Se expuso que el presunto feminicida actualmente trabaja para una academia de este deporte y también ofrece el servicio de enseñanza, enfocado en mujeres y niños. Consideró la Fiscalía que, por la seguridad de estas personas, la justicia debe privarlo de la libertad.

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Además, señaló que Rivera Ramírez ha tenido "contactos con empresas internacionales para una posible contratación, por lo que hay peligro de que no se presente en el proceso".

El fiscal a cargo recalcó que Valentina, al parecer, venía sufriendo un ciclo de violencia física, económica, psicológica durante los poco más de 3 meses que duró la relación.

"La medida adecuada no es otra que la detención en establecimiento carcelario, entre otras cosas, por prohibición expresa de que se le conceda domiciliaria", agregó. 

El Ministerio Público, por su parte, respaldó la solicitud de la Fiscalía, indicando que se argumentó con base a la ley y que hay elementos probatorios que acreditan la inferencia razonable.

"Se pudo establecer que el imputado era la pareja sentimental de Valentina Cepeda. Era la única persona presente en el lugar de los hechos cuando Valentina presentó las heridas que le costaron la vida y existe un contexto de violencia de género", indicó Eduardo Benavides González, representante del Ministerio Público.

"No se trató de un suicidio, como trató de ver groseramente Álvaro Felipe", apuntó.  

La representación de víctimas, en cabeza del abogado Deivis Flores, señaló que "con esta medida se trata de que el machismo no siga dejando más víctimas. Estamos ante una persona de actuaciones violentas que tiene una condición en la que cree que tiene superioridad sobre las mujeres, lo cual lo constituye en un real riesgo para las familiares de la víctima y para las mujeres en general". 

La defensa de Álvaro Felipe Rivera intervendrá el viernes a las 3 de la tarde, cuando continúe la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. 

Muerte de Valentina

El día de la muerte de Valentina, el 9 de abril de 2024, Rivera Ramírez indicó a las autoridades que la mujer se había ahorcado con una cabuya que tenían para practicar yoga en una habitación del apartamento que compartían en el barrio Villa Campestre.

Rivera, según dijo en ese momento, pensó que Valentina estaba "molestando", pero al acercarse se dio cuenta que no respiraba por lo que empezó hacerle respiración boca a boca, llamó a la Policía y de allí la llevaron al centro asistencial, donde fue reanimada, pero al día siguiente, 10 de abril, murió.

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No obstante, la Fiscalía, en la inspección realizada al cuerpo, encontró que había un "trauma cervical profundo comprometiendo tejidos blandos” no realizado por la cabuya, sino que había presión de dedos o huellas. Es decir, que presuntamente el hombre habría ahorcado a la mujer.  Además, "tenía hematomas en el brazo derecho". 

“Todo esto aleja toda posibilidad suicida y se enmarca en una muerte violenta a presión” producida con los dedos, dijo el fiscal a cargo en la audiencia de imputación, que tuvo lugar el pasado 5 de enero.

Además, el ente acusador alegó contar con material probatorio que señala que la joven era víctima de violencia intrafamiliar y que Álvaro realizaba un especie de técnica para controlar a la mujer cuando estaban alterados. Es decir, ejercía violencia contra ella para controlarla como “macho” o hombre dominador.  

“Practicaba el deporte jiu-jitsu para ejercer control contra ella”, detalló el fiscal. 

La captura de esta persona se dio el pasado domingo 4 de enero por agentes del CTI de la Fiscalía mediante orden judicial en el sector turístico de El Rodadero, en Santa Marta. El mismo día fue trasladado a Barranquilla, donde fue legalizada su captura.