Aspecto de la audiencia de formulación de imputación de cargos contra Nicolás Petro.
Aspecto de la audiencia de formulación de imputación de cargos contra Nicolás Petro.
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Zona Cero.

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Desde apropiación de recursos públicos hasta emisión de certificados falsos, lo que señala la Fiscalía a Nicolás Petro

Relacionados con presuntas falsificaciones de certificados y dineros extraídos de las arcas de la Gobernación a través de una fundación.

Nicolás Petro Burgos enfrenta de manera formal otro proceso en su contra ante los estrados judiciales.

Después de varios meses en la que Fiscalía había anunciado que le imputaría cargos por seis nuevos delitos, la misma se materializó esta semana cuando la Fiscal Lucy Laborde lo presentó de manera virtual ante el Juzgado 14 Penal Municipal con control de garantías  para imputarle los delitos de interés indebida de celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencia, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

Este proceso se desprendió del otro que se le sigue en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que se encuentra en etapa preparatoria a juicio ante el Juzgado Primero Especializado de Barranquilla.

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La Fiscal explicó que en marzo de 2023, por entrega voluntaria, sustrajo información del celular de Daysuris Vásquez, entonces pareja de Nicolás Petro, y de allí sacó valiosos datos sobre posibles conductas de haber recibido dinero de dudosa procedencia para beneficio propio.

Durante las audiencias preliminares de ese entonces por ese caso, el juez compulsó copias para que se investigara otras posibles conductas punibles que se desprendían de ese proceso investigativo.

La Fiscalía informó que ya se encontraba en esas indagaciones teniendo en cuenta también que del celular de Daysuris se sustrajeron conversaciones con el propio Nicolás y con terceros en la que se menciona supuestos contratos de una fundación denominada Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico para prestar servicios de calidad en atención a personas de la tercera edad en los municipios del Atlántico.

Según la Fiscalía, Petro habría influido desde su curul como diputado del Atlántico para que en la Gobernación direccionaran los contratos a dicha fundación.

Una vez los contratos fueron entregados, hubo un anticipo de 200 millones de pesos y que según el ente acusador 120 millones quedaron en poder de Nicolás Petro y su entonces esposa Daysuris Vásquez. Adicionalmente, 40 millones presuntamente quedó en manos de Gustavo De la Ossa, representante legal de la mencionada fundación, y otros 40 supuestamente se lo quedó un funcionario que habría ayudado a gestionar para  que los contratos quedaran con la fundación.

Adicionalmente, relató la Fiscalía en audiencia, que otros anticipos se dieron en forma de cheque y en efectivo, cuyo dinero fue a recoger un escolta de Nicolás Petro en un apartamento del norte de Barranquilla y en donde la plata estaba en varias maletas.

La Fiscalía también aseguró que presuntamente Nicolás Petro sugirió hojas de vida para la mencionada fundación para que los trabajadores recibieran un pago inferior en el contrato con el fin de presuntamente quedarse con la diferencia monetaria.  

Audiencia la semana anterior contra Nicolás Petro.

Falsas certificaciones 

La Fiscalía también reveló que Nicolás Petro habría presuntamente recibido un certificado falso el 1 de septiembre de 2021 a nombre suyo y de su entonces pareja Daysuris del Carmen Vásquez Castro, en el que se afirmaba que a 31 de diciembre de 2020 habían hecho abonos por $49.300.000 al proyecto inmobiliario Side Beach House Casa Kixi. Sin embargo, las investigaciones determinaron que para esa fecha, al parecer, los aportes reales ascendían únicamente a $19.300.000.

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2022, y presuntamente por instrucción del propio Nicolás Petro Burgos, según la Fiscalía, se expidió una segunda certificación falsa sobre el mismo proyecto, en la cual se afirmaba que él y su esposa habían realizado aportes por $100 millones de pesos, aunque los pagos reales eran de solo $ 50 millones, según relató la fiscal durante la audiencia. 

Según el ente acusador, estas certificaciones fueron utilizadas por Nicolás Petro y Daysuris Vásquez para justificar su patrimonio ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en sus declaraciones de renta correspondientes a los años 2020 y 2021.

La vista pública contra Nicolás Petro continuará el próximo 26 de noviembre para conocer si acepta o no acepta los nuevos cargos que le imputaron.