Durante la nueva formulación de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, realizado por la Fiscalía este lunes ante el Juzgado 14 Penal Municipal de control de garantías de Barranquilla, la representante del ente acusador, Lucy Laborde, reiteró el presunto tráfico de influencia del exdiputado del Atlántico para la obtención de puestos de trabajo en ministerios y entidades del Estado, actualmente administrados por el Gobierno de su papá, Gustavo Petro. 

Recordó que Nicolás Petro se habría reunido con el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, para la entrega de diez puestos de trabajo para el hijo del Presidente.

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Según la Fiscalía, hubo tres puestos o cupos para los aliados políticos de Nicolás Petro en el municipio de Ciénaga; uno para su entonces esposa Daysuris Vásquez; otro para su mamá Katia Burgos y cinco más en Barranquilla para él. 

Asimismo, reiteró la Fiscalía que Nicolás Petro le solicitó a Daysuris la hoja de vida Laura Ojeda Estupiñán, en ese entonces amiga de Daysuris y ahora actual pareja de Petro Burgos, para poderla ubicar en un puesto en el Ministerio del Interior o en la Defensoría del Pueblo. 

También, según la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos se habría reunido con el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en el 2022, para también buscar puestos en ese ministerio. 

Precisó que hubo supuesta influencia tras reunirse con Luis Carlos Reyes, quien era en ese momento director de la DIAN, para presuntamente solicitarle las direcciones seccionales de la entidad en Barranquilla y Cartagena para tener algún tipo de poder en las mencionadas direcciones a través de terceros.

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Esto lo mencionó la Fiscalía en la mañana de este lunes en la audiencia donde también señaló que Petro Burgos presuntamente cometió los delitos interés indebido de celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencia, falsedad en documento público y privado y falso testimonio.

Petro Burgos, a través de la Fundación Conciencia Social, se habría apropiado de recursos de la Gobernación del Atlántico que entregó para la atención de personas de la tercera edad en los municipios a través de la mencionada fundación.

Según el ente acusador, se habría apropiado presuntamente de al menos 511 millones de pesos. 

Detalló la Fiscalía que, al parecer, hubo un anticipo de los contratos de 200 millones de pesos, de los cuales 120 quedaron presuntamente para Nicolás Petro y su entonces esposa Daysuris Vásquez, otros 40 millones supuestamente quedaron en manos del representante legal de la fundación, Gustavo de la Ossa; y otros 40 a otro funcionario que, al parecer, participó en el direccionamiento de los contratos hacia esa fundación.

Igualmente, dijo la Fiscalía que Nicolás Petro presuntamente sugería a personas para que trabajaran en la mencionada fundación y, al parecer, presentaban documentación en donde se le pagaba un sueldo con un determinado valor, pero de los recursos que le entregaba la Gobernación les cancelaban menos de lo pactado para quedarse con la diferencia monetaria.

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Durante la audiencia de formulación de nuevos cargos a Nicolás Petro, la defensa del exdiputado pidió a la Fiscalía una serie de aclaraciones sobre los delitos imputados y tras haber, al parecer, una confusión en el tecnicismo en los mismos.

Ante esto, el juez decidió suspender la audiencia y reprogramarla para el próximo 12 de noviembre, a las 2 de la tarde, con el objetivo que la Fiscalía aclare las dudas y haya una mayor comprensión de los delitos imputados para el exdiputado.

Una vez aclaradas las dudas, el juez procederá a preguntarle a Petro Burgos si acepta o no cargos.