La Procuraduría General de la Nación alertó a la Ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, sobre situaciones relacionadas con el funcionamiento de distintas Cajas de Compensación Familiar, las medidas de intervención, sus procesos de levantamiento, la efectividad de los planes de mejoramiento, la conformación de los órganos de dirección y control y las garantías de transparencia, imparcialidad, participación y debido proceso. 

Entre las situaciones objeto de especial seguimiento por parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se encuentran las cajas Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira.

Frente a Comfamiliar Atlántico, la Procuraduría ha efectuado seguimiento a la intervención ordenada en julio de 2026 y realizó dos visitas administrativas a las instalaciones de la Caja con posterioridad a la adopción de la medida, con el fin de conocer su desarrollo y las condiciones institucionales existentes durante la intervención.

En Comfenalco Antioquia, el Ministerio Público ha realizado seguimiento al procedimiento de levantamiento de la intervención administrativa total. 

En desarrollo de esta actuación, realizó una visita administrativa a la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la que solicitó información y soportes relacionados con los fundamentos del procedimiento, las decisiones adoptadas y la convocatoria de la Asamblea General de Afiliados.

Asimismo, la Procuraduría intervino en dos acciones de tutela relacionadas con la Caja. En una de ellas, tramitada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia, solicitó el levantamiento de una medida provisional que había ordenado mantener la realización de la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados. 

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El despacho acogió la solicitud, dejó sin efectos dicha medida y destacó expresamente la intervención del Ministerio Público entre los elementos considerados para adoptar su decisión.

Respecto a Comfaguajira, el ente de control ha realizado seguimiento al procedimiento de levantamiento de la intervención y participó, además, en una acción de tutela relacionada con la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados y la elección de sus órganos de dirección y control. El juez ordenó adoptar un nuevo cronograma electoral que garantizara el debido proceso y la participación de los interesados.