Adriana Guillén, presidenta de Asocajas.
Adriana Guillén, presidenta de Asocajas.
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@aguillenarango.

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Gobierno de Petro “viene estatizando” cajas como Comfamiliar Atlántico: Asocajas

Reveló que ya son 10 las cajas intervenidas en este cuatrienio.

Adriana Guillén, presidenta de Asocajas (gremio que reúne a las cajas de compensación del país) aseguró este miércoles que el Gobierno de Gustavo Petro ya ha intervenido 11 cajas de compensación con la última que fue Comfamiliar Atlántico. 

“Estamos ante una medida muy intensa que hace que esta caja se sume a 10 cajas que ya están intervenidas y que se han mantenido intervenidas durante este cuatrienio. Nos preocupa como las superintendencias han sido un instrumento a través del cual se viene estatizando entidades privadas como estas”, aseguró Guillén en Atlántico en Noticias. 

Añadió que la Contraloría General de la Nación “ha demostrado grandes problemas de esas cajas" en medio de la intervención. 

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La presidenta de la agremiación llama la atención que la intervención a Comfamiliar Atlántico se realiza a tan solo un mes cuando terminará el periodo del Presidente Gustavo Petro. 

“Por qué faltando un mes se realiza una intervención total y definitiva de esta naturaleza que implica la remoción definitiva del director del consejo directivo, el nombramiento de un nuevo director ó directora, a la cual le están celebrando un contrato de trabajo término indefinido y en donde el agente interventor asume todas las facultades de operaciones y administración de los recursos de la caja. Eso genera una alerta”, expresó. 

La intervención fue realizada a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en donde se encuentra como superintendente (e) el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. 

“Lo más grave es que la Superintendencia se vuelve juez y parte”, señaló. 

En el caso de Comfamiliar Atlántico, Asocajas precisó que resulta indispensable que las autoridades expliquen de manera suficiente las razones por las cuales se acude a la intervención total y definitiva y no a medidas graduales y menos lesivas, conforme a los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad establecidos por la Corte Constitucional. 

“Una decisión de esta naturaleza exige que el derecho de defensa pueda ejercerse específicamente frente a la medida de intervención y no únicamente dentro de las actuaciones ordinarias de inspección o vigilancia”, añadió la agremiación.