Lo que empezó como una "represalia electoral" terminó en un presunto entramado contractual en la caja de compensación de Comfamiliar Atlántico.

La Ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, aseguró que los hallazgos en Comfamiliar "son graves y lamentables" y hacen parte de la denominada 'Telaraña azul' en las cajas de compensación.

Ese es el panorama y el análisis de la intervención iniciada por el Gobierno de Gustavo Petro y por su exministro de Trabajo y exsuperintendente de Subsidio, Antonio Sanguino.

El 6 de julio de 2026, funcionarios de la Superintendencia de Subsidio, después de la elección presidencial, llegaron a la sede ubicada en la calle 48, número 43-104, en el Centro de Barranquilla, con resolución en mano y dieron inicio a la intervención.

Dentro de las decisiones de dicha medida cautelar, la Superintendencia removió del cargo al Director Administrativo, Herber Mantilla Gómez. También fueron removidos todos los integrantes del Consejo Directivo de la Caja.

Cómo directora encargada fue designada María Teresa Carvajal Aguirre.

La medida cautelar fue establecida por 12 meses y de acuerdo con los funcionarios de la Superintendencia, la directora iba a ser evaluada cada 6 meses. Curiosamente, Carvajal Aguirre, es la persona con más lupa puesta por parte de la actual Ministra de Trabajo.

"Represalia electoral"

Ese mismo 6 de julio, la Caja de Compensación Comfamiliar Atlántico cuestionó la intervención. Advirtió de fallas en el debido proceso y anunció que iniciará las acciones legales que correspondan en defensa de la caja de esa institución.

"Existen serios cuestionamientos jurídicos relacionados con el respeto al debido proceso, los cuales serán objeto de revisión y defensa por parte del equipo jurídico de la Caja”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

Añadió que “la resolución produce efectos desconociendo la suspensión ordenada por el Consejo de Estado respecto del artículo 97 del Decreto 341 de 1988, situación que, a juicio de la Caja, debe ser objeto de control judicial”.

Además, explicó que “el acto administrativo invoca disposiciones relacionadas con la intervención administrativa como medida sancionatoria, sin que previamente se hubiese adelantado un procedimiento administrativo sancionatorio que garantizara plenamente el derecho de defensa, contradicción y las demás garantías constitucionales del debido proceso".

Ante ellos, la Caja de Compensación consideró que era indispensable que estas actuaciones sean revisadas por las autoridades competentes.

Horas después, la Federación del Sistema de Seguridad Social denunció que el exministro de Trabajo y exsuperintendente de Subsidio, Antonio Sanguino, "actuó en represalia" contra el exdirector administrativo de Comfamiliar, Herber Mantilla Gómez.

Esa entidad dio a conocer una declaración juramentada ante una Notaría por parte de Mantilla Gómez.

En esa carta, conocida también por Zona Cero, el Director removido afirmó que, el día 12 de junio de 2026, 9 días antes de la segunda vuelta presidencial, en las instalaciones de la sede principal de Comfamiliar Atlántico en la ciudad de Barranquilla, fue abordado por el Ministro Sanguino, en una reunión a puerta cerrada.

"En el transcurso de dicha reunión, me manifestó su molestia por mi respaldo a la campaña política del señor ABELARDO DE LA ESPRIELLA; me atribuyó un supuesto parentesco con el señor MAURICIO GÓMEZ, a quien identificó como opositor del Gobierno Nacional; y me expresó que había recibido diversos comentarios negativos en mi contra, sin sustento ni fundamento alguno", indicó el abogado Herber Mantilla.

En la declaración, el Director removido también denunció que el 30 de junio de 2026, el doctor Miguel Salomón Fuentes, Superintendente Delegado para la Gestión, remitió a Comfamiliar Atlántico "el Informe Final de la Visita Ordinaria practicada en desarrollo de la Resolución No. 0328 de 2026, en el cual quedaron en firme cincuenta y cuatro (54) observaciones —veintidós (22) de ellas trasladadas a la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales— y veintitrés (23) recomendaciones, otorgándose a la Corporación el término de ocho (8) días hábiles para presentar el respectivo plan de mejoramiento".

"El referido informe versa sobre asuntos correspondientes a la vigencia 2025 y a hechos originados en administraciones anteriores, algunos de ellos con antigüedad superior a veinte (20) años, pese a que la actual administración de Comfamiliar Atlántico es reciente y ha manifestado, de manera expresa y reiterada, su disposición para adelantar los correctivos y las mejoras que resulten procedentes", expresó Mantilla.

"En mi criterio, el doctor Miguel Atalo Salomón Fuentes tenía un interés particular y directo respecto de Comfamiliar Atlántico, derivado de su previa aspiración a integrar el nivel directivo de la entidad, circunstancia que le imponía el deber de declararse impedido y que, por el contrario, no fue puesta de presente al coordinar y suscribir el informe final. Por tal razón, la Corporación formuló la correspondiente Recusación en su contra, con fundamento en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011", agregó.

Para Mantilla Gómez, Comfamiliar fue objeto "de una actuación reiterada y adversa por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, que ha dificultado el normal desarrollo de la gestión institucional y de los correctivos que la actual administración se encuentra dispuesta a implementar".

"Estatización" de las Cajas

El 8 de julio de 2026, Adriana Guillén, presidenta de Asocajas (gremio que reúne a las cajas de compensación del país) aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro intervino 11 cajas de compensación, incluida Comfamiliar Atlántico.

“Estamos ante una medida muy intensa que hace que esta caja se sume a 10 cajas que ya están intervenidas y que se han mantenido intervenidas durante este cuatrienio. Nos preocupa como las superintendencias han sido un instrumento a través del cual se viene estatizando entidades privadas como estas”, aseguró Guillén en Atlántico en Noticias.

Añadió que la Contraloría General de la Nación “ha demostrado grandes problemas de esas cajas" en medio de la intervención.

La presidenta de la agremiación llama la atención que la intervención a Comfamiliar Atlántico se realizó a tan solo un mes de que terminará el periodo del Presidente Gustavo Petro.

“Por qué faltando un mes se realiza una intervención total y definitiva de esta naturaleza que implica la remoción definitiva del director del consejo directivo, el nombramiento de un nuevo director ó directora, a la cual le están celebrando un contrato de trabajo término indefinido y en donde el agente interventor asume todas las facultades de operaciones y administración de los recursos de la caja. Eso genera una alerta”, expresó.

“Lo más grave es que la Superintendencia se vuelve juez y parte”, señaló.

Por otro lado, varios gremios en el Atlántico pidieron a la Superintendencia del Subsidio Familiar un manejo “transparente, técnico y con garantías” en el proceso de intervención administrativa de Comfamiliar Atlántico.

Aseguraron que esta institución es “fundamental” para el bienestar de decenas de familias y, en ese sentido, conminaron a los entes de control como la Contraloría y Procuraduría fiscalizar dicha medida de intervención.

Solicitaron aplicar un acompañamiento, vigilancia y seguimiento de las acciones que podría impartir SuperSubsidio en este caso, tanto en el manejo de los recursos como medidas administrativas y de gestión.

Entre los gremios firmantes de la petición se encontraban Acopi Atlántico; AmCham Atlántico y Magdalena; Analdex; Andi Seccional Atlántico-Magdalena; Asoportuaria; Camacol Atlántico; Consejo Empresarial de Organizaciones del Atlántico y Magdalena y Fasecolda.

La 'Telaraña azul'

El pasado 11 de septiembre, es decir, menos de tres meses después del inicio de la intervención, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Subsidio, del Gobierno de Abelardo De La Espriella, realizaron una visita de revisión en Comfamiliar Atlántico. El panorama que encontraron fue grave y oscuro.

Detectó contratos laborales, otrosíes, actos administrativos y conceptos jurídicos.

La documentación, de acuerdo con la auditoría, reflejó también nombramientos y modificaciones sustanciales de contratos y vinculaciones de altos directivos por periodos que superan ampliamente la duración inicialmente prevista para la intervención.

El caso de María Teresa Carvajal Aguirre es el que más le llama la atención al Ministerio y a la actual Superintendencia, pues su contrato original fue suscrito bajo la modalidad de obra o labor, con un salario integral mensual de $53,5 millones.

La duración de esa relación estaba expresamente condicionada a la permanencia de la medida de intervención ordenada por la Superintendencia del Subsidio Familiar, es decir, por 12 meses. Sin embargo, el 23 de julio de 2026, se firmó un otrosí que transformó el contrato de obra o labor en un contrato a término fijo por dos años, contados desde el 9 de julio.

El documento señala entre sus propósitos “consolidar el nombramiento en propiedad” de la directora administrativa y asegurar la continuidad en la dirección de la Caja, por un lapso más largo del anunciado inicialmente para la intervención.

La reforma contractual produjo, de acuerdo con los datos preliminares de la revisión que realiza el Ministerio, también una consecuencia económica: la terminación anticipada del nuevo contrato podría darle a Carvajal Aguirre derecho a reclamar una indemnización cercana a $1.500 millones, de acuerdo con los cálculos jurídicos.

Esa jugosa y cuantiosa suma, según el Gobierno actual, tendría que salir de los recursos de Comfamiliar Atlántico.

Lo peor del asunto es que María Teresa Carvajal Aguirre era pareja de Juan Guillermo Ortiz Juliao, quien durante la administración anterior ejercía como Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales de la Superintendencia del Subsidio Familiar, un cargo con bastante influencia en las intervenciones.

La relación personal, sumada a las actuaciones administrativas que rodearon sus nombramientos, es examinada dentro de la revisión del Ministerio por un posible conflicto de intereses.

El punto que deberá esclarecerse por parte del Gobierno actual es concreto: "qué participación tuvo Ortiz Juliao o la dependencia que dirigía en las decisiones relacionadas con Carvajal, quién promovió sus designaciones y si frente a esas actuaciones existía el deber de declararse impedido o apartarse de cualquier decisión".

Pero el asunto no termina ahí. De acuerdo con la auditoría o revisión, Carvajal Aguirre estuvo vinculada tanto a Comfanorte como a Comfamiliar Atlántico, dos cajas sometidas a medidas especiales durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La revisión jurídica de la cartera de Trabajo y la Supersubsidio busca determinar cómo se produjo su paso de una caja a otra, quién gestionó y autorizó los nombramientos y si podía aceptar una segunda designación mientras se encontraba vigente la primera relación.

Además de la relación personal con quien dirigía la Delegatura de Medidas Especiales, vinculaciones en dos cajas intervenidas y una modificación contractual que extendió su permanencia y creó una eventual indemnización cercana a $1.500 millones.

El supuesto entramado

La 'Telaraña azul', de la que habla el Ministerio de Trabajo a nivel nacional, es completada en Comfamiliar Atlántico, de acuerdo con la revisión, por varios integrantes del nivel directivo que fueron vinculados mediante contratos a término fijo por tres años, con fechas de terminación que llegan hasta 2029, pese a que la intervención administrativa total había sido ordenada mediante la Resolución 0527 del 6 de julio de 2026, inicialmente por 12 meses, y comenzó formalmente el 7 de julio.

En cuatro de esos casos tampoco fue establecido por escrito un periodo de prueba.

Uno de los contratos corresponde a Javier Mauricio García Quiroz, secretario general de Comfamiliar Atlántico. Fue vinculado el 10 de agosto de 2026 mediante contrato a término fijo por tres años, con terminación prevista para agosto de 2029 y un salario integral de $26,75 millones mensuales.

Ese mismo 10 de agosto fue vinculado Iván Augusto Alonso Antequera, jefe de la División de Planeación y Vivienda. También recibió un contrato a término fijo por tres años, con salario integral mensual de $26,75 millones, y tampoco quedó consignado por escrito un periodo de prueba.

El tercer caso corresponde a Gary Ernesto Martínez Gordon, jefe de la Oficina Jurídica. Su vinculación se produjo igualmente el 10 de agosto mediante un contrato por tres años, con remuneración mensual de $19,26 millones. El documento tampoco contiene una cláusula de periodo de prueba.

El cuarto contrato corresponde a José Luis Romero Medina, jefe de la División Financiera y Administrativa. Fue contratado el 24 de agosto de 2026, también por tres años, con salario integral de $26,75 millones mensuales y sin periodo de prueba estipulado por escrito.

Cuatro altos directivos que están en la lupa del Ministerio de Trabajo porque quedaron contratados hasta 2029 sin periodo de prueba escrito dentro de una Caja cuya intervención había sido decretada inicialmente solo hasta julio de 2027.

Los documentos incluyen también a Manuel Eduardo de los Ríos Gutiérrez, jefe de la División de Servicios Sociales. Su caso presenta una diferencia frente a los otros cuatro directivos: el contrato sí incorporó un periodo de prueba. El análisis jurídico establece que esa etapa vencería el próximo lunes 14 de septiembre de 2026 y que los cambios posteriores en las funciones o el cargo no generaron un nuevo periodo de prueba.

De acuerdo con la revisión, la ausencia de períodos de prueba y la duración de los contratos son relevantes porque restringen las posibilidades de terminación unilateral sin consecuencias económicas.

La revisión busca establecer cuánto tendría que pagar Comfamiliar Atlántico si decide terminar anticipadamente las vinculaciones y si quienes suscribieron esos contratos protegieron adecuadamente los intereses patrimoniales de la Caja.

Los contratos  permiten identificar un patrón que deberá ser explicado.

La revisión también deberá establecer si existía una justificación técnica y jurídica para comprometer a la Caja por periodos que excedían la duración de la intervención o si las condiciones contractuales terminaron funcionando como un mecanismo para asegurar la permanencia de determinados funcionarios y encarecer su posterior desvinculación.

Casos enviados a Fiscalía

La Ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, aseguró que los hallazgos en la caja de compensación Comfamiliar Atlántico "son graves y lamentables".

La alta funcionaria indicó que en este Gobierno no van "a tolerar que los recursos de los trabajadores sean utilizados para favorecer intereses particulares ni que las cajas de compensación se conviertan en fortines de nadie".

"Hemos conocido hechos ocurridos durante la administración anterior que deben ser esclarecidos: modificaciones de estructura y creación de cargos en los últimos días de ese gobierno; contratos de larga duración que exceden el horizonte inicial de la intervención, posibles incompatibilidades, personas vinculadas a la Caja que, al mismo tiempo, tendrían contratos con la entidad encargada de vigilarla, modificaciones contractuales con impactos millonarios, y posibles maniobras fraudulentas", aseguró.

Puntualizó que tienen los soportes documentales y que "esta información será compulsada a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General, para que investiguen y determinen las responsabilidades a que haya lugar".

"Junto con la Superintendente ya estamos adoptando las medidas administrativas necesarias para proteger la Caja, sus recursos y a los trabajadores y sus familias. Las cajas de compensación no son de ningún político, de ningún partido ni de ninguna ideología. Son de los trabajadores y de sus familias, y las vamos a defender con toda la firmeza institucional", añadió.

La revisión se extiende

Los hallazgos aparecen en momentos en que las autoridades adelantan una revisión más amplia sobre la administración de cajas de compensación sometidas a medidas especiales durante el Gobierno anterior.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, quien ejerció hasta el 7 de septiembre como superintendente del Subsidio Familiar encargada, había advertido sobre posibles estructuras de intereses alrededor de las cajas intervenidas.

La superintendente en propiedad, Edna Tafur, ha anunciado que la entidad utilizará sus facultades de inspección, vigilancia y control para esclarecer las actuaciones realizadas durante esas intervenciones.

Nuevo director

La Superintendencia del Subsidio Familiar designó a Ronald Velasco Tatekawa como el director de Comfamiliar Atlántico, después de la visita de revisión realizada por el Ministerio de Trabajo.

Llega en reemplazo de María Teresa Carvajal Aguirre, nombrada el 9 de julio de 2026, por el Gobierno de Gustavo Petro, dos días después de que inició la intervención.

De acuerdo con su hoja de vida, Velasco es especialista en Finanzas y Administrador de Empresas de la Universidad del Norte, con 18 años de trayectoria dentro de la entidad.

Tendrá como tarea, según dijo, promover el talento interno, cuidar la cultura de servicio y dirigir con transparencia su cargo.

“Cada vez que se abra una oportunidad, se buscará primero entre los propios colaboradores. Con el acompañamiento de Talento Humano, la Corporación lanzará su Banco de Talentos. En esta casa hay personas con un conocimiento y un sentido de pertenencia que no se consiguen contratando afuera”, afirmó Velasco Tatekawa.

Destacó que se trabajará en equipo y se fortalecerá la comunicación “directa, sin intermediarios ni versiones de pasillo”.