Cambios en la estructura y creación de cargos durante los últimos días del Gobierno Petro; contratos de larga duración que excederían el horizonte inicial de la intervención; posibles incompatibilidades, eventuales vínculos contractuales y modificaciones con impactos millonarios, son algunos de los hechos que deberán ser esclarecidos en el proceso de intervención de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar Atlántico.

Se advierte también entre los hallazgos de casos de personas vinculadas a la Caja que, al mismo tiempo, tendrían contratos con la Superintendencia y posibles maniobras fraudulentas.

“Aquí no vamos a mirar para otro lado. Cada peso de las cajas de compensación pertenece al sistema y debe cumplir su finalidad social en beneficio de los trabajadores y sus familias. Tenemos soportes documentales y los entregaremos a las autoridades competentes para que investiguen y establezcan las responsabilidades a que haya lugar. Las cajas son para servir a la gente, no para favorecer intereses particulares”, afirmó la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes. 

La ministra anunció que el Ministerio y la Superintendencia del Subsidio Familiar remitirán a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría los soportes sobre presuntas irregularidades identificadas durante la revisión a la intervenida Caja de Compensación.

“Para que sean investigadas y se protejan los recursos destinados al bienestar de los trabajadores y sus familias”, señaló.

El Ministerio del Trabajo y la Superintendencia del Subsidio Familiar anunciaron que mantendrán las acciones de inspección, vigilancia y control para proteger estos recursos y garantizar su finalidad social. 

El Gobierno se comprometió a fortalecer instituciones transparentes, responsables y al servicio de los trabajadores y sus familias.

La revisión al proceso de interventoría de Comfamiliar la adelantaron la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes y la Superintendente del Subsidio Familiar, Edna María Tafur.