Últimamente, se han publicado noticias de personas privadas de su libertad trabajando en obras comunitarias y de utilidad pública en diferentes ciudades del país. Esto merece ser conocido, discutido y replicado en nuestra región.

En una nota del pasado octubre en la página web del INPEC, se detalla cómo un grupo de presos adelantó en Pasto actividades de limpieza, embellecimiento y, en general, mantenimiento de algunos espacios públicos de la ciudad. Según lo registró la autoridad penitenciaria, “se realizaron trabajos de mantenimiento y embellecimiento en la Unidad Deportiva, Recreativa y ambiental –UDRA, compuesta por las pistas de patinaje, atletismo, canchas de fútbol y pistas de bicicrós, se realizó un trabajo excepcional en la Pista de atletismo ‘Luis Fernando López’”, entre otras actividades.

Hace unos días, también el Alcalde de Bucaramanga dio a conocer fotos y videos de reclusos y reclusas que trabajan en obras de utilidad pública como forma de redimir pena y, al mismo tiempo, contribuir a la comunidad. Según lo registró la revista Semana en la nota se ve cómo “presos están pintando las paredes y recogiendo la basura de un parque de la Ciudad Bonita” y adelantando otras actividades como parte de sus programas de resocialización penitenciaria.

Ambas iniciativas son ejemplos de la aplicación de una medida que está vigente desde 1997 en nuestro país, pero que por diversas razones ha sido muy poco aplicada. El artículo 99A de la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario) permite que algunos condenados puedan “desarrollar trabajos comunitarios de mantenimiento, aseo, obras públicas, ornato o reforestación” durante su tiempo de prisión para redimir pena. Esto, por supuesto, no comporta ningún pago económico ni remuneración más allá del cumplimiento de la pena y permite a la sociedad contar con talento humano disponible para ejecutar tantas labores que hacen falta en todas partes del país.

Uno de los avances más recientes en esta dirección lo introdujo la Ley 2292 de 2023, que permitió sustituir la prisión por trabajo comunitario a algunas mujeres cabeza de familia. Desde su entrada en vigencia, ha posibilitado que mujeres en distintas partes accedan a formas de cumplimiento penitenciario que no solo previenen su desintegración social, sino que benefician directamente a todos cuantos participamos del espacio público.

A diferencia de la ineficiente reclusión intramural, los trabajos al servicio de la comunidad son una alternativa con muchísimos aspectos favorables. Como bien lo reconoce el INPEC, “Este tipo de trabajo en los centros de reclusión no solo es terapéutico, sino que también tiene un objetivo resocializador y dignificante. Además, está orientado a lograr un cambio social y a mejorar las posibilidades de reinserción laboral, ya que mientras se transforman espacios, también se transforman vidas, ese es el rol del trabajo comunitario en las prisiones”.

Más allá del puro contenido punitivo, los trabajos de utilidad común hacen visible los fines que persigue el derecho penal en nuestro país: muestran públicamente que se impuso una condena, reafirman que en la sociedad hay que cumplir con las normas y contribuyen de una forma especialmente efectiva a que la persona, a través del castigo, pueda resocializarse. En vez de que el condenado desaparezca en un hueco del sistema penitenciario, el hecho de que la sociedad pueda ver cómo se cumple la pena envía un poderoso mensaje de realización de la justicia a toda la comunidad. Al mismo tiempo, a través de las varias obras y actividades de utilidad pública, las personas aprenden o desarrollan habilidades productivas que, con seguridad, les equiparán mejor para la vida postpenitenciaria que aquellas que adquieren en reclusión.

Harían muy bien nuestras autoridades locales en coordinar con el INPEC la aplicación de la Resolución 10383 de 2022, el artículo 99A de la Ley 65 de 1993, las disposiciones de la Ley 2292 de 2023 y el resto de las disposiciones actualmente vigentes en nuestro ordenamiento que permiten, desde ya, realizar todas estas actividades que podrían generar un impacto inmediato positivo en la vida de todas y todos. Legalmente, se cuenta con toda la arquitectura, quedará por ver si hay la voluntad política y capacidad de ejecución para replicar lo que en otras regiones ya está dando visibles resultados.